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Movimiento 15 M: De la indignación a la acción colectiva

Antonio Antón |

Antonio Antón | 16 de mayo de 2016

El movimiento 15-M representa una significativa respuesta colectiva a dos de los problemas más importantes que tiene actualmente la sociedad.

El movimiento 15-M representa una significativa respuesta colectiva a dos de los problemas más importantes que tiene actualmente la sociedad: las consecuencias sociales de la crisis económica con la precariedad laboral y el paro masivo, particularmente juvenil, y el distanciamiento del sistema político e institucional de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía.  La persistencia, profundidad e interrelación, de esos dos elementos ha generado una profunda indignación popular que se ha transformado en acción colectiva. La crítica se dirige contra los responsables de la crisis económica y de empleo y los gestores de una política liberal-conservadora que no ofrecen una salida justa a esta situación, ponen el acento en el recorte de los derechos sociales y laborales y se subordinan al dictado de los grandes poderes económicos y financieros.

Esta acción colectiva está incrustada en la indignación ante la grave situación actual y la exigencia de responsabilidades a los poderosos, rechaza los discursos legitimadores dominantes y se rebela contra el fatalismo y la impotencia. Refleja la amplitud y profundidad de una conciencia popular crítica contra esa dinámica y refuerza la esperanza de cambio.  Sus objetivos apuntan a cambios profundos en esos dos ámbitos entrelazados: una gestión social y progresista de la crisis socioeconómica y mayor democracia. Esta fase de movilizaciones ya ha tenido unos resultados positivos y ha alcanzado unos objetivos básicos. De su consolidación y desarrollo dependerá la dimensión de sus efectos de fondo y a largo plazo. Veamos algunas de sus características.

Un movimiento social democratizador, pacífico y sociopolítico

Primero, es una movilización de carácter social y progresista que defiende los intereses de capas desfavorecidas y con mayores incertidumbres laborales, la gente precaria y parada, y plantea unas propuestas sociales y económicas basadas en el refuerzo del acceso a un empleo decente, los derechos sociales y laborales y una mejor distribución de la riqueza. La masividad y la persistencia del paro y la precariedad laboral, particularmente juvenil, la presión y autoritarismo empresarial y la falta de credibilidad de las políticas públicas para superarlos configuran un punto central de su indignación y del apoyo social recibido.

Segundo, es un movimiento democratizador, en un doble sentido. Por un lado, denuncia ese déficit democrático de la gestión dominante de la política socioeconómica que, salvo matices, comparten las instituciones políticas españolas y europeas. Así, exige al sistema político una mayor vinculación a los deseos y opiniones de la sociedad, la no subordinación de la política a los mercados financieros y el fortalecimiento de la democracia. Por otro lado, señala las insuficiencias democráticas del sistema de representación electoral y los privilegios y corruptelas de parte de la clase política, reclama una regeneración democrática con mayor adecuación representativa, honestidad de los políticos y transparencia de las instituciones y promueve la participación activa de la ciudadanía.

 En tercer lugar, es un movimiento pacífico, profundamente democrático y solidario y de composición fundamentalmente juvenil. La mayoría de jóvenes, incluido los ilustrados y con mayor nivel educativo, sufren un bloqueo cuando no un retroceso en sus expectativas laborales y profesionales y, por tanto, en sus proyectos de vida. Se ha producido una acumulación de tres dinámicas: frustración social; representación de opiniones y aspiraciones de amplios sectores populares alternativas a las del poder establecido, y voluntad de cambio con mecanismos adecuados para facilitar su expresión democrática. Sus adversarios –los poderosos- son muy fuertes institucionalmente y la forma de enfrentamiento debía evitar –o disminuir- la tergiversación mediática y el aislamiento popular y reflejar la fortaleza propia: la difusión de sus mensajes para conseguir unos apoyos masivos, una gran legitimidad democrática. Era esencial evitar la violencia o la represión del movimiento, reafirmar sus mecanismos pacíficos y democráticos y consolidar la simpatía de la mayoría social, frente a la ilegitimidad de muchas medidas adoptadas por el sistema político –Gobierno, Parlamento y UE- que es su principal debilidad. Su instrumento, tras la gran manifestación del 15-M, han sido las acampadas como demostración de firmeza y compromiso de miles de activistas, foco de participación, debate, decisión y comunicación de la ciudadanía más activa (varias decenas de miles) y, además, canal de simpatía y solidaridad de gran parte de la sociedad (según encuestas de opinión más del 70% de la población están de acuerdo con algunas de sus medidas y aprueban sus actividades, porcentaje que aumenta entre la gente joven y los votantes de izquierda).

En cuarto lugar, este movimiento tiene un carácter transversal y sociopolítico, sin ser partidario. Se ha constituido y puede ampliar su función como plataforma ciudadana sociopolítica. Su inserción en ciudades, pueblos y barrios favorece esa articulación desde abajo y descentralizada y su conexión con el resto del tejido asociativo. Supone un cuestionamiento de la clase política dominante y sus principales políticas regresivas y expresa la exigencia de un importante cambio social: la orientación liberal de las políticas económico-sociales y las deficiencias de legitimidad del sistema político. Por tanto, tiene una dimensión política, estimula y encauza la participación ciudadana en asuntos públicos fundamentales; pero no tiene una definición partidaria ni electoral concreta ni está subordinada a ello. No es una movilización sectorial o una suma de demandas particulares. Expresa una aspiración de reforma profunda de la dinámica socioeconómica y laboral y de fortalecimiento democrático con mayor papel de la ciudadanía en la configuración del sistema político, sus instituciones y sus políticas. En ese sentido, se puede asociar a las posiciones más progresistas de la izquierda social y otros grupos sociales frente a las políticas de ajuste y austeridad, por un aparato productivo y económico más avanzado, sostenible y justo, así como la defensa de un  modelo social y un Estado de bienestar más democrático e igualitario.

Final de una fase del movimiento y comienzo de otra

Este proceso ha tenido, hasta ahora, dos fases: primera, la conformación de la indignación popular hasta la cristalización del movimiento con la gran manifestación del 15-M; segunda, una expresión pública colectiva en numerosas ciudades como foco de denuncia, capacidad de propuestas alternativas y polo simbólico y convergente de voluntad de cambio; se ha producido, fundamentalmente, con una presencia física masiva en el espacio público –acampadas, asambleas y concentraciones-, acompañada por la utilización generalizada de nuevas redes sociales y de comunicación. Esta segunda etapa, de casi un mes, se está agotando y se abre paso la necesidad de comenzar una tercera fase que permita la continuidad de la acción colectiva tras esos objetivos globales. Veamos brevemente las características de este proceso y los logros conseguidos para definir mejor lo que falta por hacer y las perspectivas.

La dinámica de maduración y expresión de este movimiento está incardinada en dos elementos fundamentales antedichos: la persistencia del estancamiento económico y del empleo con graves consecuencias sociales y la desconfianza popular en unas políticas y unas instituciones que no ofrecen una respuesta social sino que se doblegan ante los mercados financieros. Esa conciencia ciudadana se va consolidando a lo largo del año 2010. Por un lado, se produce mayor indignación por el bloqueo de las trayectorias laborales y sociales, la aparición de nuevas brechas sociales y las tendencias de retroceso del bienestar y la seguridad socioeconómica. Por otro lado, se genera una profunda decepción con la gestión del gobierno socialista –particularmente tras su giro antisocial de mayo de ese año, amparado en las medidas conservadoras europeas- que rompe sus compromisos sociales y se vuelca en una gestión impopular de la política socioeconómica que, según encuestas de opinión, rechaza la mayoría de la ciudadanía. Incluso tras la huelga general del 29 de septiembre –con unos cinco millones de huelguistas y más de dos tercios de la ciudadanía que rechazaban la reforma laboral y las medidas gubernamentales- el Gobierno no rectifica y reafirma su política. El siguiente recorte relevante de derechos sociales es el de las pensiones públicas que también es rechazado por la mayoría de la sociedad; esto a pesar del aval de los dirigentes sindicales mayoritarios que con su firma disminuyen su prestigio y liderazgo ciudadano, debilitan su capacidad alternativa a esa política impopular y abren una brecha de desconfianza con parte de la izquierda social y sus propias bases.

El Gobierno socialista, particularmente, desde mayo de ese año, con los planes de ajuste fiscal y la reforma laboral se coloca en una vía de recortes antisociales, sin legitimidad ciudadana, y sin que haya signos relevantes de reactivación económica y del empleo. La Unión Europea aprueba políticas de ajuste y recorte de derechos, con una gestión institucional (UE-Gobiernos) liberal-conservadora de la crisis y con un reparto desequilibrado e injusto de sus costes, particularmente en España (y otros países periféricos). Hay un descrédito de los intentos de justificación de esa política (inevitabilidad, lo menos malo, culpabilidad a la sociedad, neutralidad técnica) y se resquebraja la legitimidad del poder establecido. Frente a la buscada resignación popular los poderosos reciben el rechazo social a esa política regresiva, junto con la llamada desafección y desconfianza en el partido socialista por su gestión gubernamental. El poder financiero y económico, amparado por la desregulación y la pasividad de los gestores institucionales, aparece como causante de la crisis y ganador, junto con la hegemonía de la derecha europea. Las capas populares son los perdedores injustificados con imposición de nuevos sacrificios, mientras la socialdemocracia se pone del lado del poder establecido con pequeñas diferencias con la derecha política.

Por otro lado, esa mayoría social crítica con las políticas de austeridad había contado con una importante representación y encauzamiento de su malestar a través de la acción de los sindicatos, particularmente con la huelga general del 29-S que suscitó apoyos de la mayoría popular a sus objetivos. No obstante, el giro de los dirigentes sindicales al renunciar a exigir de forma firme y prolongada una rectificación profunda de esa política regresiva y avalar en febrero los recortes de los derechos de las pensiones futuras, además de constituir un error estratégico, es visto como un mayor desamparo por gran parte de la ciudadanía descontenta e indignada. Esa actuación de los aparatos sindicales mayoritarios tiene dificultades de legitimación social y el vacío representativo producido, lejos de afianzar el pesimismo y la fragmentación del descontento social, da pie a la oportunidad de que el fuerte malestar existente se exprese por otra vía autónoma.

La persistencia de la crisis, la falta de credibilidad institucional sobre su salida inmediata, el rechazo a su gestión antisocial, la desafección hacia la clase política, junto con la ausencia de otros grandes movimientos o grupos sociales que encaucen esa profunda indignación, confluyen en mayo con ocasión de la campaña electoral. Una iniciativa adecuada y en el momento oportuno de varios grupos de jóvenes, con poca estructura organizada, se conecta con la conformación de esa profunda indignación popular, y cristaliza el movimiento. Así, se introducen en el debate público los auténticos problemas de fondo de la ciudadanía, y se genera un polo representativo del descontento y las aspiraciones populares de cambio que condiciona la agenda mediática y política.

Ese largo proceso de maduración se transforma en acción colectiva permanente durante casi un mes; se desarrolla su componente expresivo, se divulgan sus objetivos generales, se fortalece una conciencia popular crítica y se amplía la simpatía ciudadana hacia ellos. Se completa el movimiento con una mayor descentralización e implicación en barrios y ciudades y un desarrollo programático y de propuestas sectoriales. La clase política, dentro de su perplejidad, intenta contenerlo, desprestigiarlo o ningunearlo. No puede atacarlo frontalmente sin riesgo de perder todavía más parte de su credibilidad social.

El paso de la frustración (pérdida de esperanza) al descontento (desagrado) y hasta la indignación supone una valoración ética del carácter injusto de esa dinámica y su gestión política. Refleja un avance en la conciencia social y democrática como antesala a la exigencia de cambio. El paso a la acción colectiva democrática y solidaria se produce al considerar una parte de la ciudadanía que los motivos de la indignación son graves, profundos y duraderos y los mecanismos institucionales son insuficientes o están bloqueados. La prolongación de esa doble dinámica económica y de gestión política, el agravamiento de sus consecuencias sociales y el agotamiento de las expectativas de una salida institucional justa es un motivo de fondo para dar continuidad a la indignación, la protesta colectiva y la exigencia de cambio social.

Por tanto, el paso a la acción colectiva progresista se produce cuando se consolida esa indignación, aumenta la desconfianza en las respuestas del sistema político y se legitima la necesidad de la movilización social para exigir cambios. En esa situación se acumula una coyuntura de especial relevancia política –las elecciones municipales y autonómicas-, junto con la conformación de una élite decidida, con una orientación acertada de las dos grandes cambios o reformas: democratización del sistema político -democracia real ya-, como adecuación de las decisiones institucionales a la voluntad de la mayoría de la sociedad, imponiéndose a los ‘mercados’; y otra política y gestión más justa ante la crisis económica. Además, aciertan con un sistema de expresión popular (manifestación del 15-M, acampadas con concentraciones masivas y simpatía popular) y la comunicación generalizada y en red.

Este distanciamiento crítico tanto de los partidos de derecha como del partido socialista, constituye una brecha de desconfianza de parte de la ciudadanía hacia el sistema político que marca profundamente la identidad de este movimiento. Supone intentar la superación de la orfandad popular respecto de la representación institucional. Así, el déficit democrático del sistema político sólo se puede resolver mediante la rectificación de esas medidas y el respeto de la clase política a esas demandas populares mayoritarias –según las encuestas de opinión, si hubieran sido objeto de consulta mediante referéndum no habrían contado con la aprobación popular-. Sólo así se incrementará la legitimidad de las instituciones políticas y se fortalecerá la democracia. Pero lejos de escuchar y tomar nota, las derechas y particularmente el partido socialista con un evidente retroceso de apoyo electoral, siguen reafirmándose en la continuidad de su política de recortes sociales con el riesgo de mayor desafección ciudadana, aunque esperando el debilitamiento de la presión democrática por el cambio.

En definitiva, esta fase del movimiento ha cubierto con éxito algunos objetivos básicos: fortalecer una conciencia popular sobre esos dos objetivos de fondo –giro a la política socioeconómica y democratización del sistema político-; introducir las propuestas de cambio en la agenda mediática y política; organizar un movimiento social potente, democrático y pacífico, y generar un proceso de articulación del tejido asociativo y de participación ciudadana. Son una base fundamental que hay que tratar de no debilitar para encarar la tercera fase que comienza. A mi modo de ver, tres retos aparecen para garantizar la continuidad y consolidación del movimiento.

Primero, la reafirmación de sus objetivos centrales o señas de identidad, complementados con propuestas más concretas y particulares. A corto plazo son difíciles de conseguir, incluido algunas reivindicaciones parciales –como la reforma de la Ley Electoral-, por la determinación contraria de la mayoría de la clase política. Sin embargo, apuntan a cuestiones fundamentales para la sociedad y cuentan con gran aceptación popular.

Segundo, la prolongación, con otras formas y ritmos, de la masividad y persistencia de las actividades expresivas, de movilización y comunicación. Ello supone, por una parte, innovar dinámicas de acción colectiva, integrar actividades descentralizadas y focos de polarización ciudadana, y, por otra parte, reflexionar sobre los sistemas organizativos internos de debate y toma de decisiones, la conformación de liderazgos, representantes o coordinadores, abordando un proceso organizativo más amplio, complejo, plural y diverso, que exige revisar la experiencia y mejorar los mecanismos que tienen más limitaciones.

Tercero, apostar por la ampliación y fortalecimiento del movimiento, la vinculación con más redes sociales y la convergencia con diferentes grupos sociales y sociopolíticos que puedan compartir objetivos sustantivos o parciales. Las posibilidades de avanzar en los objetivos dependen del grado de apoyo popular. La influencia y el condicionamiento a los poderosos y al sistema político deben estar asentados en una gran legitimidad popular; se trata de una prolongada pugna democrática y pacífica contra el poder establecido para promover un cambio sustancial. En el horizonte se dibuja la aspiración por una salida social y progresista a la crisis socioeconómica, una política europea más justa, cooperativa y solidaria y una democracia más avanzada. En resumen, una apuesta por la sociedad -la ciudadanía y las personas- y no por el poder establecido y los mercados.

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