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Las extradiciones etarras: nuevo problema para un viejo debate

nuevatribuna.es | Sergio Molina García | 02 de julio de 2019

La detención de Josu Ternera en Francia el pasado mes de mayo ha abierto un nuevo episodio de las relaciones franco-españolas. Un breve repaso de las primeras demandas de extradición servirá, al menos, para intentar no repetir los errores del pasado.

En un momento en el que se están intentando reconstruir las instituciones comunitarias y potenciar la unión política, sería una acción irresponsable abrir debates que ya estaban superados

Durante la transición española, ETA aumentó su actividad violenta, sobre todo, a partir de 1979. Desde el inicio de la transición, la lucha contra la dictadura ya no podía ser una de las justificaciones de sus atentados. El nuevo contexto español, pese a todas sus dificultades, estaba enfocándose hacia un sistema democrático. Muchos miembros de la banda terrorista, para evitar su detención en territorio español, se asentaron en Francia. Ante esa situación, el Gobierno de Adolfo Suárez pidió a su homólogo francés la extradición de todos aquellos miembros de ETA que residían al norte de los Pirineos. En 1977, se demandó la extradición de Miguel Ángel Apalategui, en 1979, la de otros catorce etarras y, en 1981, la de quince más. Entre otras, la de Tomás Linaza, uno de los etarras más conocidos en aquellos momentos por su presunta participación en el asesinato de seis guardias civiles. Todas estas peticiones fueron desestimadas. Los diferentes gobiernos franceses consideraban que se trataba de un problema político nacional. Así lo afirmó Gaston Deferre, primer ministro, en una entrevista en 1981: “porque he vivido en la clandestinidad, tengo la convicción de que conceder extradiciones es contrario a todas las tradiciones de Francia, más en un caso en que se trata de un combate político”. La incomprensión por parte de la sociedad española aumentó tras observar que Francia sí aceptó la extradición pedida por otros países europeos. En 1977, el Elíseo facilitó el envío de Klaus Croissant a la RFA, acusado por pertenecer a la banda Baader-Meinhof. Y en 1979, repitió esa acción con Francesco Poperno. Esta vez a Italia. Todo ello provocó que, desde España, tanto desde el ejecutivo central como desde parte de la sociedad civil, se considerara que Francia actuaba como “santuario de ETA”. Tampoco hay que olvidar que en esos años las relaciones francoespañolas estaban rodeadas de continuos debates. La demanda de España de integración a la Comunidad Económica Europea generó recelos entre los agricultores franceses del Midi y los pescadores vascos.

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Con la confluencia socialista en los gobiernos de ambos países acabó llegando el entendimiento, aunque hubo que esperar hasta finales de 1983. Las visitas de Juan Carlos I y de Felipe González a Francia, entre otros factores, posibilitaron que en junio de 1984 se llevaran a cabo las primeras extradiciones. Se acercaron posturas políticas y los únicos escollos aparecieron por las diferencias en los procesos judiciales de cada uno de los Estados. A partir de ese momento, se estableció una cooperación bilateral que ha durado hasta la actualidad. Una de las últimas muestras de ese buen entendimiento apareció hace solo unos meses. En febrero de 2018, Emmanuel Macron entregó a España documentación policial y más de medio millar de armas de ETA.

La comprensión de los últimos años no puede romperse en la actualidad. No solo por la importancia que puede tener todavía ETA en la sociedad española, sino por la debilidad que acusa la Unión Europea. En un momento en el que se están intentando reconstruir las instituciones comunitarias y potenciar la unión política, sería una acción irresponsable abrir debates que ya estaban superados.

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