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Desmontando el mito sobre los centros de educación especial

Alejandro Varo | 16 de noviembre de 2020

La Ley Celaá trae polémica, especialmente en los centros concertados, donde ya se han colgado pancartas con enormes lazos naranjas para expresar su total oposición a la ley. Además, plataformas como Más Plurales, que engloba asociaciones de madres y padres, grupos como CICAE, Escuelas católicas de Madrid o Educación y familias, y sindicatos como FSIE o FEUSO han publicado comunicados en los que también manifiestan su rechazo (además de difundir documentos con un listado de tweets que pueden emplearse en la red), y distintos políticos como Edmundo Bal, de Ciudadanos, o la senadora del PP, Ana Camins la han atacado en sesiones parlamentarias.

Es cierto que son muchas las críticas que deben hacerse a un Ministerio que prácticamente abandonó a sus docentes durante los meses previos al presente curso escolar o que pretende tramitar la Ley de una manera cuestionable, pero deben aclararse ciertas declaraciones falsas que se difunden, en ocasiones por propios políticos como los citados anteriormente, con el único fin de buscar una oposición general. Por un lado, no se ha dejado de hablar sobre la supresión del castellano como lengua educativa vehicular, como si en los centros no se impartiesen ya en inglés las famosas Sciences o Physical Education para conseguir un falso bilingüismo en estudiantes que mal aprenden las partes de una célula en inglés, pero no saben construir una oración correctamente, sino que también se debate sobre un supuesto cierre de los centros de educación especial.

Medios como El Español [1] o el ABC [2] abren con titulares tremendistas que sugieren que habrá miles de niños privados de una educación acorde a sus necesidades o que incluso se producirá un aumento del acoso escolar [3] en cuanto se apruebe en el Parlamento.

Vivimos en la era de las fake news y no debería sorprendernos que se hagan libres interpretaciones, malintencionadas o no, sobre distintos temas, pero no debe tolerarse que se empleen a niños y niñas para esos fines

Se puede, y se debe, criticar, argumentando, todo aquello que pueda ser mejorable en una Ley, pero es inaceptable que se utilice a niños y niñas con necesidades como síndrome de Down para contribuir a que se difundan noticias falsas que acaban repitiéndose como mantras. En ningún momento la famosa Ley Celaá supondría un cierre de los colegios de educación especial.

En la disposición adicional cuarta se establece que “Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidad específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta ley”.

La LOMLOE apenas retoca el artículo 74, en el que se pueden apreciar en amarillo las modificaciones [4], y únicamente añade que se informará a los padres y madres sobre la identificación y valoración de las necesidades educativas del alumnado, añade en el punto 3 el femenino de alumnos, indica que se fomentará el acceso o la permanencia del alumnado en el régimen más inclusivo (ya existen programas como PMAR, por ejemplo), y decreta que se facilitará la disponibilidad de los recursos y apoyos complementarios necesarios y que se proporcionarán atenciones educativas necesarias durante el curso. El resto del artículo no varía.

De nuevo en la disposición adicional cuarta, se determina que en un plazo de diez años los centros ordinarios habrían de contar con “recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. Además, se subraya que las “Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”. Es esta parte la que ha sido totalmente retocada para hacer creer que en diez años no existirán centros de este tipo en nuestro país. Nada más lejos de la realidad.

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Es decir, en ninguna parte se decreta o se sugiere siquiera que se vayan a cerrar estos centros, sino que continuarán recibiendo recursos por parte de las Administraciones educativas para que sigan con su labor actual. Asimismo, para buscar una mayor inclusión del alumnado con necesidades especiales, algo muy necesario, se brindará a los centros ordinarios con mayor ayuda para que puedan atenderlos; hoy en día, apenas hay un o una PT por cada ciclo.

Vivimos en la era de las fake news y no debería sorprendernos que se hagan libres interpretaciones, malintencionadas o no, sobre distintos temas, pero no debe tolerarse que se empleen a niños y niñas para esos fines. Son muchísimos los vídeos sensacionalistas, que nos llegan por whatsapp, email o que se comparten en redes [5], en los que niños y niñas con estas características se dirigen directamente a la ministra para pedirle, por favor, que no los deje sin sus centros. El último, un vídeo parodiando la canción Despacito.

Es muy fácil empatizar con las declaraciones de niños y niñas que piden que no los dejen sin sus colegios, pero nadie debería aceptar que se busque un sentimentalismo barato utilizando a seres humanos, menores de edad a los que se les dice qué tienen exponer, para apelar a la conciencia social mediante engaños, sino que, antes de hacerles repetir mantras dogmáticos sin sentido, debería investigarse sobre aquella información que se nos lanza diariamente por los medios o las redes sociales y evitar que se obligue a que estos niños protagonicen vídeos de este tipo. Tal vez sean los padres, madres o algunos centros de educación especial quienes supongan un verdadero obstáculo para ellos.


[1] El Español
[2] El ABC
[3] EuropaPress 
[4] Lomloe (página 74).
[5] Twitter

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