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Democratizar la economía para consolidar la democracia

nuevatribuna.es | 28 de octubre de 2019

15M. Imagen de archivo.
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Democratizar la economía es una tarea imprescindible para consolidar la democracia.

En España, como en toda Europa, el desgaste de los sistemas democráticos se manifiesta de múltiples formas. Una de ellas, la más evidente, es el avance electoral de los partidos de extrema derecha xenófobos, neosoberanistas y euroescépticos poco o nada proclives a aceptar los valores democráticos y más inclinados a plantear fórmulas autoritarias que propugnan un repliegue nacional identitario, la protección de sus mercados frente a las importaciones y el rechazo de las personas migrantes, aun a costa de sacrificar derechos humanos y libertades.

El que esos signos de alarma se materialicen en una mayor fragilidad de los sistemas democráticos dependerá de la capacidad para organizar una respuesta democrática de la mayoría social que esté a la altura de los desafíos que plantea la consolidación de un modelo capitalista neoliberal que se ha demostrado incapaz de dar respuesta a las aspiraciones de empleos y salarios decentes de la ciudadanía. Y que, en lugar de ampliar derechos y oportunidades, promueve un crecimiento económico no inclusivo que daña los ecosistemas naturales, deja en los márgenes a los sectores sociales que sufren con mayor intensidad la desigualdad e impone las prioridades del capital financiero y los grandes grupos empresariales, evitando todo límite o regulación democráticos.  

Los peligros para la democracia están en la incapacidad de sanear la política y embridar las fuerzas económicas de nuestro tiempo, poniéndolas al servicio del conjunto de la sociedad y de su futuro

En España, como en todos los países del mundo capitalista desarrollado, existe también un importante y creciente sector social que ha ido perdiendo la fe en los sistemas democráticos. Al mismo ritmo que aumentaba el desempleo, se sustituían empleos decentes por empleos precarios de baja remuneración o se ampliaban los riesgos de pobreza y exclusión social, crecía la desafección de parte de la sociedad hacia los partidos políticos, las instituciones representativas o los derechos de las minorías. Un sector de la sociedad ha respondido a la corrupción política dejando de apreciar los valores democráticos, porque no percibe su utilidad para recuperar lo que han perdido en los últimos años o porque el bienestar se ha convertido en un concepto abstracto que sitúan muy lejos de su alcance, ahora y en un futuro previsible. Los peligros para la democracia están ahí, en la extensión de esa desafección o, lo que es lo mismo, en la incapacidad de sanear la política y embridar las fuerzas económicas de nuestro tiempo, poniéndolas al servicio del conjunto de la sociedad y de su futuro.

Acontecimientos y tendencias globales en juego  

Muchas tendencias y fuerzas económicas globales favorecen, algunas de ellas desde hace varias décadas, los procesos de desconexión entre economía y democracia y promueven el distanciamiento con los valores democráticos de una parte significativa de la población. Señalemos sólo cuatro entre las más importantes:

Uno. El desplome de las economías de tipo soviético y su incorporación como nuevas economías capitalistas al mercado mundial a principios de los años 90 del siglo pasado, junto a los diferentes caminos que siguieron China e India en sus particulares procesos de incorporación al mundo capitalista duplicaron la fuerza de trabajo que producía para el mercado mundial (pasó, en pocos años, de 1.500 millones de trabajadores a casi 3.000) y redujeron drásticamente la relación entre capital y trabajo (aproximadamente en un 40%, dada la baja dotación de capital de las economías que se conectaban con la economía global). Las consecuencias fueron inmediatas, el capital se rarificó mientras la fuerza de trabajo se hizo muy abundante, y se concretaron en presión a la baja sobre las rentas salariales, tendencia al alza de las rentas del capital y una distribución de la renta perjudicial para los salarios.   

Dos. La desregulación y mayores facilidades para la deslocalización de las actividades manufactureras y los empleos asociados impactaron, de entrada, en las tareas y cualificaciones más rutinarias; posteriormente, a medida que las economías emergentes aumentaban y escalaban la gama de su oferta productiva, la deslocalización afectó también a empleos y actividades más cualificados. El paro de larga duración entre los mayores de 50 años, cuyos empleos se deslocalizaron, y las mayores dificultades de las nuevas generaciones para acceder al mercado de trabajo son dos de las principales consecuencias de esa deslocalización productiva. 

Tres. Las políticas de austeridad y devaluación salarial impuestas a los países del sur de la eurozona a partir de 2010 llevaban asociadas nuevas reformas estructurales del mercado laboral encaminadas a disciplinar y debilitar la posición negociadora de sindicatos y trabajadores, profundizando las tareas de desregulación de los mercados laborales iniciadas en décadas anteriores. Sus impactos no se hicieron esperar, mayor debilidad sindical, pérdida del poder de presión y negociación de los sindicatos y mayor descentralización de la negociación colectiva que consolidaron la posición dominante de las empresas en el mercado de trabajo. La debilidad obrera en las negociaciones con la patronal es claramente perceptible en las subidas de los salarios por debajo del crecimiento de la productividad, aún en las condiciones cercanas al pleno empleo que existen en la mayoría de los países de la OCDE, y en la ausencia de una presión al alza de los costes laborales sobre los precios.

Cuatro. La lucha del movimiento feminista por la igualdad ha tenido notables éxitos, por mucho que todavía sean evidentes diferencias de género en todos los ámbitos. Pero esos éxitos han generado también trastornos. Así, por ejemplo, la tasa de actividad de las mujeres en España aumentó en dos décadas, entre 1997 y 2017, en más de 20 puntos (pasó del 35 al 56% del total de la población femenina en edad de trabajar). Un cambio muy intenso que incrementó la oferta de trabajo y, como consecuencia, presionó a la baja a los salarios, especialmente en los sectores en los que predominan las trabajadoras, que tienen que conciliar sus empleos con sus responsabilidades familiares porque siguen soportando la mayor parte de los cuidados a sus familias.  

Las consecuencias del despliegue de esas nuevas fuerzas y tendencias globales, en ausencia de contrapesos políticos e institucionales capaces de dominarlas, no podían ser otras que las que han sido: aumento de la desigualdad, nuevas bolsas de pobreza y exclusión social, fragmentación y polarización del mercado laboral, impulso de las fuerzas políticas neosoberanistas o crisis del modelo de globalización neoliberal. Consecuencias agravadas por unas élites económicas globales que utilizan su poder para favorecer la deformación de la distribución de la renta en detrimento de los salarios, intensificar las políticas fiscales amigables con las empresas, despreocuparse de las consecuencias sociales y medioambientales del modelo de acumulación de capital que promueven y ampliar sus negocios a costa de los bienes públicos y de los principios de cohesión y solidaridad que permitieron estructurar en el pasado sociedades abiertas, plurales y democráticas.

Rasgos emergentes de las nuevas relaciones económicas

A causa de la polarización del mercado de trabajo y de las políticas que promueven la competencia de costes entre países y regiones, las tasas de rentabilidad empresarial se elevaron y se mantiene en niveles muy altos. A pesar de la Gran Recesión, del bajo crecimiento posterior y de la actual desaceleración económica, la presión a la baja sobre los costes laborales y fiscales de las empresas propiciaron el aumento de los beneficios empresariales.

De este modo, las tasas de rentabilidad de las empresas han logrado independizarse de las fases descendentes del ciclo económico y de las recesiones, porque han conseguido trasladar los impactos negativos que provocan las crisis económicas sobre sus asalariados, que son los que soportan casi en exclusiva sus efectos, en forma de ajustes de empleos, recortes salariales, peores condiciones laborales y pérdida de derechos.

Y en las fases de reactivación económica, los salarios siguen desvinculados del crecimiento económico, no siguen el curso de la productividad o la rentabilidad empresarial y la mayoría de los empleos que se generan son precarios. Algo similar ocurre con los bienes públicos y con las transferencias que se realizan a sectores sociales vulnerables o en situación de dependencia, que en las fases de crisis son drásticamente recortados, sin que en las fases de reactivación sean restituidos a los niveles de antes de la crisis. Por otro lado, las reactivaciones no impiden la continuidad de los procesos de desindustrialización, porque la debilidad de la inversión pública y privada no permite la modernización de estructuras y especializaciones productivas ni el desarrollo de las industrias de futuro que están llamadas a tener un papel clave en la transición energética o la transformación digital en curso.

Hay que añadir que la polarización del mercado laboral, junto a los progresos en la aplicación de la inteligencia artificial a los procesos de producción y distribución, o la expansión de las empresas que dominan el mundo digital, con rendimientos crecientes y rentas de monopolio que hasta ahora han conseguido escapar de la regulación del poder político, intensifican la dispersión de las ganancias de productividad y rentabilidad, tanto entre sectores como entre empresas. Con el consiguiente aumento de la fragmentación social y la concentración de rentas y patrimonios en una exigua minoría.  

Un debate por hacer. Un proyecto de país y de Europa por construir

Democratizar la economía es una tarea imprescindible para consolidar la democracia. ¿Se puede avanzar en la democratización de la economía, tanto en el interior de las empresas como en la definición de las grandes líneas y objetivos de la política económica gubernamental? No podemos responder a este interrogante, porque las fuerzas que se oponen a la democracia económica son poderosas y llevan años actuando en sentido contrario para blindar la economía frente a la deliberación democrática de la ciudadanía. No sabemos si las democracias, las grandes mayorías sociales y las fuerzas progresistas acertarán a levantar un proyecto popular y democrático capaz de hacer frente a los planes de los grandes poderes económicos y someter a las grandes tendencias económicas globales que suponen amenazas reales para la democracia, el bienestar de la mayoría y el futuro del planeta. Pero sí sabemos que sin colocar en la agenda política las reivindicaciones de las clases trabajadoras y sin el concurso de gobiernos progresistas comprometidos con los intereses y la voluntad de la mayoría social, no serán posibles esos avances.

Poco o nada de todo esto se escucha en la campaña electoral permanente a la que líderes políticos irresponsables nos han condenado. En cada nueva cita electoral, el debate político se infantiliza un poco más y se llena de ruidos que impiden emitir y escuchar voces o reflexiones que intenten pergeñar un proyecto de país acogedor, capaz de proteger a la mayoría y que aspire a influir en la construcción de la unidad europea, en la superación de sus vacíos y deficiencias institucionales y en el cambio de la estrategia conservadora de salida de la crisis que impusieron las instituciones comunitarias a los Estados miembros más frágiles.

Poco se puede hacer a estas alturas para superar la ausencia de análisis y reflexiones en esta campaña electoral, como ya pasó en la anterior y en la anterior. Pero algo se puede hacer. Por ejemplo, la iniciativa del nuevo debate abierto en Espacio Público a propósito de la democracia económica que ha comenzado hace unos días y se prolongará a lo largo de todo el mes de noviembre. Una propuesta de reflexión pública vinculada al III Congreso de la Fundación 1º de Mayo que se celebrará en Madrid los días 14 y 15 de noviembre y que lleva por título “Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores”.  

Son pequeños pasos, iniciativas modestas que abren espacios para la reflexión y el diálogo sobre algunos de los grandes problemas que debe afrontar España y que apenas encuentran un hueco en el debate político o una mención en la campaña electoral. Pero de que se encuentren soluciones compartidas a estos problemas dependerá el bienestar futuro de la mayoría social y las posibilidades de consolidar sociedades en las que la convivencia y la democracia sean sostenibles. 

No será posible lograr estabilidad social y desarrollo económico subordinando el bienestar de la mayoría social o la sostenibilidad de los equilibrios ecológicos básicos a la acumulación de capital y el aumento de la rentabilidad empresarial

No será posible lograr estabilidad social y desarrollo económico subordinando el bienestar de la mayoría social o la sostenibilidad de los equilibrios ecológicos básicos a la acumulación de capital y el aumento de la rentabilidad empresarial. No es aceptable ni sostenible que en aras de los beneficios empresariales se sacrifiquen cohesión social, bienes públicos o derechos laborales, se acepten el aumento de la desigualdad y la pobreza o se admitan los desastres medioambientales que provoca una actividad económica que intenta mantenerse al margen de toda regulación y control democráticos.  

A la vista de los impactos negativos de todo tipo que causan los actuales modelos de acumulación de capital y dirección de las empresas, existe ya una amplia preocupación social por la necesaria democratización de la economía. La democracia económica y el amplio arco de propuestas y reivindicaciones que abarca forman parte del núcleo duro de un proyecto de país que garantice el bienestar de la mayoría social y consolide, extienda y haga efectivos el empleo decente, los salarios dignos y los derechos y libertades. Sólo así se podrán desarrollar las convicciones democráticas y pluralistas que facilitan la convivencia en las sociedades abiertas y mestizas de nuestro tiempo.

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