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Y para cuándo una ansiada corrección de la reforma laboral

Ramón Górriz |

Nuevatribuna | 20 de febrero de 2019

La facilidad para despedir va de la mano de la vía libre empresarial para modificar de manera unilateral las condiciones de trabajo, en concreto los salarios; el fin de la ultraactividad; la prioridad del convenio de empresa; la no aplicación de convenios…

Ya va para siete años desde que el Gobierno del PP aprobara la reforma laboral, allá por el 10 de febrero de 2012, cuando el Consejo de Ministros de los populares dio luz verde al Real Decreto Ley 3/3012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

Sus consecuencias, por desgracia, aun hoy continúan presentes, si bien algunos de sus pésimos efectos se han reducido mínimamente: sigue cayendo el empleo y sube el paro, aunque con una intensidad algo mayor, en línea con un crecimiento económico moderado.

Como viene siendo habitual, los índices de crecimiento del desempleo se ceban especialmente con las mujeres, mientras que la protección contra el desempleo se sigue manteniendo en niveles muy bajos. Si unimos estas dos realidades, se puede concluir que el rostro de la pobreza, parejo al del desempleo, tiene nombre de mujer y sus primeros apellidos son las contrataciones de carácter temporal, con una máxima rotación. Esto viene a ser un claro indicador, entre otros, de que los graves efectos de la reforma laboral de 2012 siguen acuciando a los distintos sectores del mundo laboral de nuestro país.

Este deterioro se traduce en nuestro día a día en una clara devaluación salarial; una mayor facilidad para el despido; una apuesta por la jornada parcial; un incremento del poder empresarial, que tiene como fiel compañero la degradación de la negociación colectiva con una correlación de fuerzas que favorece a los empresarios e impide una efectiva intervención sindical, un ataque directo al Derecho del Trabajo… Esta situación viene a representar una parte de un todo que cierra el círculo de otra serie de políticas hoy en vigor, como es el caso de las presupuestarias, que han conducido a privatizaciones o a unos servicios públicos de peor calidad, a reducciones de plantillas, etc. Y a todo ello, es imprescindible añadir la losa permanente de la política de déficit que dicta la Comisión Europea; los intereses nacionales de Alemania y de las naciones acreedoras y del artículo 135 de la Constitución Española, que modificaron en su momento y de común acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista.

Si esto fuera poco, por último, y no por ello menos importante sino todo lo contrario, esa losa pesa aún más con la reducción de la indemnización por despido improcedente y la supresión del requerimiento de la autoridad laboral para realizar despidos colectivos, así como la patente inaplicación de convenios y el cada vez más manido recurso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) por diferentes vías. Desgraciadamente, de esto último algo saben los trabajadores que están sufriendo los últimos Eres impuestos por las multinacionales.

Las graves heridas que sufren los trabajadores y trabajadoras por las políticas de austeridad, así como la gran desigualdad y pobreza que padece la mayoría de la sociedad española, es obvio que no se han restañado. Este panorama no puede conducir más que a una conclusión simple y obvio, que no por ello de fácil ejecución: resulta más que fundamental alinear el crecimiento económico con las necesidades de las personas.

Las últimas reformas laborales, abanderadas por la más agresiva contra el marco de las relaciones laborales, no pueden entenderse sin el contexto de las políticas económicas derivadas de la Comisión Europea, ni sin el apoyo del pensamiento económico neoclásico y neoliberal.

Las reformas laborales impulsaron la devaluación salarial, incrementaron el poder empresarial para regular unilateralmente las condiciones de trabajo y profundizaron en la descentralización de la negociación colectiva, al tiempo que apostaron por un modelo laboral de lo más precario, confluyendo toda esta receta en un enorme menú presidido por un grave incremento de la desigualdad y la pobreza.

La crisis económica de los últimos años, de la mano de una elevada destrucción de empleo y un ascenso de los niveles de paro, ha supuesto un deterioro de la capacidad de negociación de los sindicatos, los cuales no han dejado de situar en todo momento la defensa del empleo como elemento principal de su acción sindical.

La facilidad para despedir va de la mano de la vía libre empresarial para modificar de manera unilateral las condiciones de trabajo, en concreto los salarios; el fin de la ultraactividad; la prioridad del convenio de empresa; la no aplicación de convenios… Estas prácticas, que bien podríamos denominar “antilaborales” en oposición directa a la razón de ser de una reforma laboral, tienen efectos en término económicos sí, pero también en materia de poder empresarial, al tiempo que deterioro y restricción de la acción sindical.

El fin de la ultraactividad es una espada amenazante siempre presente sobre las cabezas de los asalariados y asalariadas, a la vez que es la herramienta perfecta y efectiva para el empresario a la hora de forzar a los operarios a firmar acuerdos ya no baratos, sino verdaderos acuerdos de saldo que al trabajador no le queda más remedio que suscribir si quiere seguir bajo convenio. Estas amenazas veladas, y  a veces totalmente al descubierto, son verdadera artillería pesada contra la negociación colectiva y contra un sistema de relaciones laborales equilibrado y garantista.

El país es más rico sí. Las empresas tienen más beneficios, también. Hay un mayor reparto de dividendos que antes de la crisis, por supuesto… Sin embargo,  muchísimas personas están en desempleo, no se han recuperado los niveles salariales y, especialmente, de los colectivos más desprotegidos en esta materia: las mujeres, los jóvenes, los trabajadores y trabajadoras con contratos temporales y precarios. El resultado es claro e innegable: el crecimiento económico del país de los últimos años no ha repercutido en las rentas de la mayoría social. Tras la crisis de 2008, la participación de las rentas salariales en la nacional se ha reducido considerablemente, lo que se traduce en una pérdida del poder social de los trabajadores y trabajadoras. Según datos de la Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE), han caído tres puntos las rentas salariales, mientras los beneficios empresariales han crecido tres.

Y no se puede entender que no se hayan suprimido ni expurgado todos los trámites penales a varios centenares de sindicalistas imputados y condenados por ejercer su derecho constitucional de huelga, al aplicarles el artículo 315.3 del Código Penal. Una sociedad democrática debe impedir que el ejercicio del derecho de huelga sea castigado. En este sentido, es urgente la derogación de la Ley Mordaza y del artículo 315.3 del Código Penal.

Bien está que los sindicalistas gallegos condenados en 2008 por ejercer este derecho constitucional no entren en prisión, pero no es de recibo que se sustituya la pena de prisión por un indulto como ha hecho el Ministerio de Justicia esta semana.

Ya no es necesario convencer a nadie de que la reforma laboral ha generado la devaluación salaria; ha fomentado la instauración de un modelo laboral basado en una extrema moderación salarial, con una precariedad como rasgo estructural y un gran poder discrecional de los empresarios; ha supuesto el recorte de las prestaciones sociales, con un incremento de la pobreza, la exclusión social y la desigualdad en la sociedad. Ya no es necesario porque los hechos hablan por sí mismos y no hay otra salida posible más que la reversión y cambio de dirección en las políticas públicas.

El retroceso que ha sufrido el mercado de trabajo y la creciente desigualdad que ello ha generado será también una losa que pese sobre el Gobierno socialista, al tiempo que una muestra de irresponsabilidad si no hace uso de su posición para derogar los elementos más lesivos de la reforma laboral, en beneficio de la clase trabajadora y pactando con los sindicatos.

Las organizaciones sindicales acordaron, en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, garantizar de forma gradual y hasta 2020 el establecimiento de un salario mínimo en todos los convenios colectivos de 14.000 euros. En ese momento, se sellaba un fuerte compromiso a la hora de reducir la desigualdad a través de la negociación colectiva. Pero, además en este IV Acuerdo, se acordaba una obligación por parte de las organizaciones empresariales y sindicatos para abordar la regulación de las relaciones laborales, en concreto, la restauración de la ultraactividad de los convenios, la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa, la implantación obligatoria del control horario de la jornada, así como recuperar la revalorización de las pensiones con el Índice de Precios al Consumo (IPC).

Las reuniones realizadas en torno al diálogo social entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios tiene que dar sus frutos en contenidos que se plasmen en el Boletín oficial del Estado (BOE), a sabiendas de que estos acuerdos representan los elementos más lesivos de la Reforma, pero que no agotan las propuestas de cambio del marco de relaciones laborales que proponen los sindicatos.

Desde la caída del Gobierno de Rajoy, se sabía de antemano la presencia de un equilibrio inestable de las fuerzas políticas que hicieron posible la ascensión del gobierno de Pedro Sánchez. Aun así, se abría una ventana de aire fresco, de una ansiada esperanza por parte de las gentes progresistas a la hora de ver revertidas las reformas más agresivas impuestas por el Gobierno de la derecha conservadora y reaccionaria. Estas esperanzas no solo miraban hacia esa reversión, sino que buscaban dar un paso más y poder recuperar derechos arrebatados en su mayoría a los trabajadores y trabajadoras.

Ahora, los intereses partidistas espurios de las derechas (PP, Cs desde dentro del Parlamento, y VOX, apoyando desde fuera) han unido sus votos con las fuerzas independentistas (ver para creer) para echar abajo los presupuestos presentados por el Gobierno. Son unos presupuestos, si bien tímidos y escasos de audacia en materia de ingresos, positivos. Entre otras cosas, porque rompían la política presupuestaria austera del gobierno del PP de años anteriores. Con esta actitud de las derechas reaccionarias, conservadoras y de extrema derecha, de la mano de las fuerzas independentistas, el rostro ganador son las élites económicas financieras y políticas que han impulsado por detrás las reformas, duras, implacables, despiadadas de explotación y negligencia contra la mayoría social.

Que los presupuestos generales de 2019 no se hayan aprobado no tiene un significado neutro. Se mantienen todos los recortes que había propuesto el PP y pueden representar un serio freno al crecimiento económico, a la creación de empleo y a la recuperación de la protección social.

La reforma laboral aprobada por el PP en 2012 es, en palabras de los catedráticos de Derecho del Trabajo, Miguel Rodríguez-Piñero, María Emilia Casas (ambos ex presidentes del Tribunal Constitucional) y Fernando Valdés, un intento de “reinstalar en nuestro sistema jurídico la concepción de la empresa como un territorio de exclusiva gestión de los empresarios, rescatando el baúl de la memoria (…) la figura del empresario como el Señor de su casa, figura esta ligada a concepciones autoritarias de los sistemas de relaciones laborales”

El presidente del Gobierno ha convocado las elecciones generales para el 28 de abril. Si quiere que la puerta a la esperanza que abrió la moción de censura que destituyó a Mariano Rajoy y mando al PP a la oposición se consolide y aumente, debe aprobar el decreto acordado con los sindicatos, de manera que elimina los aspectos más lesivos de la reforma laboral y la de las pensiones.

Como expresaron los y las diez mil delegados y delegadas de CCOO y UGT en el acto sindical que llenaron recientemente la Caja Mágica, y que tan escasa visibilidad mereció en los medios de comunicación dicho sea de paso: “Es el momento de Más Hechos, Menos Palabras“. El gobierno debe plasmar en el BOE y en el Estatuto de los Trabajadores las medidas acordadas en el diálogo social, con el fin de mejorar los derechos laborales y sociales, así como derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral y de la de las pensiones de 2013.

No hay duda de que la política está para resolver los problemas de las gentes, tampoco hay duda de que, en ocasiones, el que no avanza acaba retrocediendo, ya que esa quietud solo hace que alimentar a demonios: “Más hechos”.

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