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De coronavirus, econovirus y la imprescindible intervención del Estado

Gabriel Flores | 19 de marzo de 2020

Pedro Sánchez. Consejo Europeo. (Foto de archivo)
Pedro Sánchez. Consejo Europeo. (Foto de archivo)
La necesidad de una muy fuerte intervención del Estado es evidente en las tareas de preservar la salud pública y vencer a la pandemia pero también para proteger a los sectores sociales vulnerables.

El Banco Central Europeo ha vuelto a actuar para proporcionar liquidez al sistema bancario europeo y aplastar las primas de riesgo de la deuda pública a largo plazo de los países periféricos que habían comenzado a dispararse. Una decisión imprescindible para que no sigan aumentando los tipos de interés de los países periféricos de la eurozona y, como consecuencia, los costes financieros que pagan Estado, empresas y familias por sus abultadas deudas.

Pero la eficacia de la política monetaria expansionista es muy limitada ante los problemas económicos y productivos esenciales. La UE y, más aún, el euro se han convertido en los últimos años en máquinas de generar divergencias en las estructuras y especializaciones productivas de los Estados miembros que acaban manifestándose en divergencias crecientes de renta per cápita y, por tanto, grandes diferencias en los niveles y condiciones de vida de la ciudadanía europea. Hacen falta también políticas presupuestarias expansionistas del conjunto de la UE e inversiones comunitarias que permitan sostener, durante esta crisis de salud pública, empleos y actividad económica y animar la inversión pública y privada orientada a modernizar sectores e infraestructuras de futuro que mejoren la productividad global de los factores productivos y el crecimiento potencial. La Comisión Europea no puede seguir escondida. Y el presidente Sánchez debe exigir abiertamente que las instituciones comunitarias salgan de su letargo y se pongan al servicio del proyecto de unidad europea y no de una parte de los Estados miembros, los del norte de la eurozona, que siguen emboscados en sus intereses y necesidades particulares.

La fuerza del Estado y su notable capacidad de acción política son indispensables para apuntar al futuro y establecer cimientos más sólidos de nuestras estructuras productivas una vez sea superada la crisis del coronavirus 

Algo similar cabe decir del reciente paquete de rescate social y medidas económicas aprobado por el Gobierno de coalición progresista en España. Va en la buena dirección, pero sigue siendo insuficiente en dos aspectos sustanciales: primero, porque no protege a millones de personas cuya falta de liquidez o situación de pobreza y exclusión son previas al coronavirus; y segundo, porque hay que completar ese paquete de medidas encaminadas a reducir los graves daños productivos (desaparición de empleos y cierre de empresas) que causará la epidemia del coronavirus con acciones y financiación orientadas a promover la imprescindible modernización de las estructuras y especializaciones productivas, cuya fragilidad se ha vuelto a poner en evidencia en nuestro país con la crisis del coronavirus.

La necesidad de una muy fuerte intervención del Estado es evidente en las tareas de preservar la salud pública y vencer a la pandemia, pero es también imprescindible, como ha comprendido el Gobierno Sánchez, para proteger a los sectores sociales vulnerables, limitar los daños económicos que la recesión va a ocasionar y minimizar el desplome inevitable de la economía. Hay que ir un poco más allá, la fuerza del Estado y su notable capacidad de acción política son indispensables para apuntar al futuro y establecer cimientos más sólidos de nuestras estructuras productivas una vez sea superada la crisis del coronavirus. 

La pandemia del coronavirus ha hecho evidente una lección sanitaria esencial: la salud del conjunto de la población, incluidas las élites económicas, depende de la salud de la población más pobre y en riesgo de exclusión. Ahora hay que hacer extensiva esa lección al terreno de la economía: no puede haber desarrollo duradero y estabilidad si no se disminuyen las grandes desigualdades de rentas y patrimonios, se siguen santificando la lógica de acumulación de capital y la maximización del beneficio de los capitales privados o se desatienden las necesidades de trabajo decente y salarios dignos de los sectores sociales más desfavorecidos. Y esas tareas y exigencias solo podrán llevarse a cabo canalizándolas a través del Gobierno de coalición progresista, aumentando la cooperación de todas las fuerzas progresistas y de izquierdas y activando a la mayoría social que sufre y clama desde sus balcones. No hay otra.      

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