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Alternativas económicas frente a la pandemia

Vicenç Navarro |

Vicenç Navarro | 30 de abril de 2020

No hay duda de que el mundo cambiará notablemente tras la aparición de la pandemia, el fenómeno que está teniendo y continuará teniendo mayor impacto en la vida económica y política del mundo occidental desde la II Guerra Mundial. En los países a los dos lados del Atlántico Norte habrá un gran cambio que ya se estaba configurando antes de la aparición de la pandemia, pero que alcanzará su pleno desarrollo durante y después de ella. Sin duda alguna, la COVID-19 ya está afectando muy negativamente la vida económica de los países de esta parte del mundo, creando una crisis sin precedentes.

El trumpismo como defensa del estabishment económico actual

El reto para las fuerzas democráticas es el de estar a la altura de las demandas populares que exigen un nuevo orden económico favorable al bien común

Frente a esta crisis, se perfilan varias alternativas que surgieron ya antes de la pandemia. Una es la defensa a ultranza de los grandes grupos económicos y financieros que dominan la economía de cada país y que, a través de medidas antidemocráticas y autoritarias, quieren mantener su dominio sobre el orden económico actual. Su máximo valedor son las ultraderechas xenófobas, profundamente antidemocráticas y autoritarias, con tintes caudillistas, muy teológicas y poco (en realidad, anti) científicas, que, a través de un nacionalismo chauvinista, racista y machista, intentan movilizar apoyos populares, interpretando “patriotismo” como el compromiso con el mantenimiento del orden económico actual. Esta versión, en EEUU está representada por el trumpismo, que incluso llegó a cuestionar la existencia de la pandemia y que, en respuesta a la crisis económica, ha dado, como señaló un editorial reciente del New York Times (27.04.20) un “apoyo masivo (2 billones de dólares) a la banca, a las grandes empresas del país y a los superricos del país, negando a la vez ayuda financiera a los Estados, forzándolos a imponer políticas de austeridad que harán aumentar el desempleo, como ocurrió hace diez años al principio de la Gran Recesión. El objetivo de la austeridad promovida por el Partido Republicano es, según el New York Times, (en el mismo editorial), “aprovechar la crisis para reducir los salarios de los trabajadores, como también hicieron durante la Gran Recesión. Estas declaraciones son especialmente importantes, pues este rotativo es el principal diario liberal de EEUU (es un síntoma de la enorme derechización de los medios de comunicación españoles que sea impensable que un rotativo liberal español escribiera un editorial semejante al realizado por el New York Times). El trumpismo intenta movilizar a sectores de la población mediante un discurso nacionalista extremista, racista, xenófobo, antiinmigrante y “superpatriótico”.

El trumpismo en España

En España, esta alternativa la representa predominantemente, pero no exclusivamente, Vox. Léanse su programa económico y lo verán. Es el ultraneoliberalismo extremo reaccionario. La dimensión ideológica y cultural del trumpismo está ampliamente extendida entre las derechas españolas, como pudimos ver en el programa televisivo “La Sexta Noche” cuando el director de La Razón, Francisco Marhuenda, acusó al gobierno español nada menos que de ser anticatólico al haber prohibido que la gente vaya a misa los domingos, ignorando que tal medida había sido propuesta por la comunidad científica a fin de evitar la agrupación de personas, con el objetivo de prevenir la expansión de la enfermedad. Ni siquiera Trump ha llegado tan lejos como Marhuenda, pues este ha aconsejado a los Estados prohibir todas las reuniones presenciales, incluyendo las religiosas.

La necesaria alternativa del bien común

Frente a esta alternativa, no creo que la continuidad del sistema económico y político actual (que ha quedado muy desacreditado -ya antes de la pandemia-, perdiendo legitimidad en la mayoría de los países, hecho que ha originado precisamente la aparición del trumpismo, apoyado por los intereses económicos y financieros dominantes que se sienten amenazados con la pérdida de legitimidad del sistema político) sea posible. La alternativa al trumpismo tampoco creo que vaya a ser, en España, un Frente Popular de izquierdas (que no tiene una mayoría amplia en el país), sino que probablemente será una amplia coalición de formaciones políticas y movimientos sociales que combinen su agitación social de protesta con la exigencia de la transformación de las instituciones democráticas (incluidas las representativas) dentro de un marco político (incluso con una reforma constitucional) que exija la materialización de la promesa incumplida del discurso democrático, es decir, que antepongan el bien común por encima de todo lo demás. Esta focalización en el bien común exigirá un cambio de prioridades e instrumentos, de manera que el bienestar y la calidad de vida de la mayoría de la población sean el objetivo principal de cualquier intervención pública, entendiéndose “patriotismo” como el compromiso para alcanzar dicho objetivo. Ello requerirá la participación y colaboración de fuerzas progresistas que no necesariamente sean de izquierdas. Esto será necesario no solo porque hace falta una gran mayoría para llevar a cabo el cambio requerido, sino también porque es importante poder movilizar personas a favor del cambio que estén de acuerdo con las propuestas, siempre y cuando no se las presente como parte de un proyecto de izquierdas, ya que han sido aleccionados para estar en contra. Es importante recordar que, según encuestas fiables, la mayoría de la población europea (países de la UE) está de acuerdo con el principio de que “los recursos deberían asignarse según la necesidad de cada ciudadano, y financiarse según la capacidad y habilidad de cada uno. Y están de acuerdo también que cada política pública debería evaluarse según este principio, definido políticamente por la ciudadanía a través de sus instituciones de democracia representativa y participativa (ver el libro Towards a social investment welfare state?: Ideas, policies and challenges, de Morel, Palier y Palme).  Agrupar y monopolizar tales políticas bajo la etiqueta de “socialistas” les hace perder su capacidad de atracción, al convertirse en un término ideológico que diluye su impacto. Y no hay que olvidar tampoco que la experiencia reciente de partidos políticos que se definían como socialistas (independientemente de su nombre), aplicando a la vez políticas públicas que afectaron negativamente el bien común de las clases populares, ha contribuido a quitar credibilidad y desacreditar este término.

Ni que decir tiene que los partidos y movimientos sociales de izquierda serán (ya lo son en España) de una gran importancia en la configuración de tales propuestas. Pero sería un error querer monopolizarlas, pues hay que crear una alianza mayor para priorizar el bien común; ello significa mejorar la calidad de vida y el bienestar de la mayoría de la población (repito, fin último de cualquier política pública), así como parar el enorme retroceso que representa el trumpismo. Hoy, la necesidad de desarrollar tales políticas para el bien común es enorme. Y en ellas, los servicios y transferencias del Estado del Bienestar (olvidados en la etapa pre-pandemia), deberán adquirir un papel central. La pandemia ha mostrado claramente que la dimensión social del Estado es una inversión enormemente importante en una sociedad, pues la parálisis económica de la pandemia se debe, en gran parte, a las insuficiencias del sector social (resultado de los recortes y subfinanciación) heredadas de la época pre-pandemia. El sufrimiento de la población durante la pandemia ha determinado una sana intolerancia a que ciertos intereses particulares (como aumentar los beneficios económicos de un sector minoritario de la población) determinen u obstaculicen las políticas públicas encaminadas a promover el bien común. La solidaridad deberá ser el eje principal de este período post-pandemia, solidaridad que ha sido, por cierto, esencial para poder resolver la gran crisis humanitaria creada por la pandemia.

La demanda de un nuevo orden económico

Las políticas neoliberales han debilitado el bienestar de las clases populares, que constituyen la mayoría de la población, mediante reformas laborales que provocaron una disminución de los salarios y de la protección social, así como un aumento de la precariedad (que ha afectado, sobre todo, a las mujeres trabajadoras, que son la mayoría de trabajadores en los servicios esenciales, incluyendo sanidad, servicios sociales, restaurantes y comercios). Estas trabajadoras y trabajadores de los servicios esenciales, mal pagados y con escasa protección social, representan casi un 35% de la población laboral (los cuales han hecho un enorme sacrificio, arriesgando su vida para salvar la de miles de ciudadanos), e incluyen, además de servicios sanitarios y sociales, personal de comercio, restaurantes, productores y distribuidores de alimentos y transportes. Añádase a ello la cifra de desempleados, que puede alcanzar a más del 20% de la población laboral, cuya protección social es muy limitada, debiéndose añadir a ello un número indeterminado de personas que están en campos de inmigrantes ilegales, en prisiones, en campos agrícolas, gente sin hogar, etc. El déficit social es enorme y se exige una enorme inversión con mejoramiento del empleo y de las condiciones de trabajo, proveyéndoles de los instrumentos necesarios para poder realizar sus funciones.

Por otro lado, la globalización que el neoliberalismo promulgó aumentó la dependencia nacional de la producción internacional de bienes y servicios esenciales para tal protección, creando una gran dependencia que imposibilitó la accesibilidad a tales bienes y servicios esenciales al interrumpirse la cadena de suministros (desde productos químicos a materiales como ventiladores para evitar la muerte de los pacientes, o mascarillas, batas y guantes para proteger a los profesionales y ciudadanos de ser contagiados). El hecho de que China fuera casi el único fabricante de tales materiales muestra el gran déficit de seguridad y la falta de previsión que existía en la mayoría de los países. De ahí la necesidad de redefinir el sector productivo de la economía para dar prioridad al bien común, en lugar del poder particular que pone como su primer objetivo el aumento de sus beneficios.

Frente a estos déficits, nos encontraremos (en realidad, nos encontramos ya) con un incremento exponencial de las desigualdades económicas, hecho que representa una amenaza para la necesaria solidaridad. De ahí que haya una demanda de inversión social, centrándose en los ciudadanos, más que en las empresas, tal y como ha ocurrido en Dinamarca, que ha apoyado a los trabajadores, manteniendo su capacidad adquisitiva, políticas públicas también llevadas a cabo en Alemania, Australia y el Reino Unido.

Es irresponsable dejar en manos de las empresas privadas con afán de lucro la seguridad del país

 En artículos anteriores ya mostré la evidencia de que las políticas públicas neoliberales impuestas a la población por los establishments políticos de la eurozona y del Estado español, con sus reformas laborales regresivas y sus recortes del gasto público social, debilitaron los servicios sanitarios y sociales (como fue el caso en España y en Italia), contribuyendo a que la mortalidad por coronavirus fuera tan elevada. Y ahora, estamos viendo la falta de recursos, como las vacunas anticoronavirus y medicamentos para hacer frente a la pandemia, debido al excesivo poder de la industria farmacéutica, que antepone sus intereses particulares (aumentando astronómicamente sus beneficios) a costa de la falta de estos recursos que favorecerían el bien común.

Hoy nos enfrentamos a un grave problema: no tenemos una vacuna que permita protegernos frente al coronavirus ni tampoco disponemos de medicinas que puedan curar la enfermedad causada por el virus. Ello podría significar que la única manera de protegernos durante varios años sea a través de medidas preventivas de distanciamiento social (lo cual no siempre es posible en amplios sectores de la economía), así como la utilización, en la vida cotidiana, de material protector como mascarillas y guantes. Pero podría haber sido diferente. Y ello se debe a cómo está organizada la producción de vacunas y medicamentos en nuestras sociedades. Tal producción es llevada a cabo por empresas privadas con afán de lucro, cuyo principal objetivo es optimizar sus beneficios. Es un gran error permitir la existencia de tal sistema de producción en este sector tan importante para la sociedad, pues su vida, salud y existencia están supeditadas al comportamiento de tales industrias, como ha quedado mostrado durante esta pandemia. Veamos los datos.

La industria farmacéutica, por ejemplo, no puede continuar tal y como está

Tal industria farmacéutica es la que obtiene mayores beneficios entre todas las empresas en el mundo occidental. En EEUU, sus beneficios son mucho más elevados que los conseguidos por el resto de las empresas más rentables en aquel país (500 empresas de la lista FORTUNE). Se centran exclusivamente en los productos farmacéuticos que les reportan mayores beneficios, como lo son los medicamentos para enfermedades crónicas, por ejemplo. Pero no han dado importancia al desarrollo de vacunas y medicamentos para infecciones víricas o bacterianas, que son minoritarias y tienen una demanda menor en tiempos normales. Solo un 1% (en 2018) del presupuesto destinado a investigación farmacéutica va a este tipo de enfermedades, según datos de Access to Medicine Foundation.

Se sabía, sin embargo, en círculos de salud pública que tendría lugar una pandemia. Aprovecho para aclarar que la gran promoción que se está dando a Bill Gates como profeta de la pandemia es debido al sesgo pro-personalidades millonarias filantrópicas y a la ignorancia de que gran número de expertos en salud pública habían alertado de la elevada probabilidad de tal suceso, siendo todas ellas desoídas por tal industria. En realidad, la OMS había denunciado el comportamiento de tal industria (siendo Trump uno de sus máximos defensores) por su falta de interés en priorizar la investigación para el descubrimiento de nuevas vacunas y medicinas antivirales (The New York Times, 29.04.20). El conocimiento por parte de la población en EEUU de tal tipo de comportamiento, así como el elevado coste de las medicinas, explica la baja popularidad de dicha industria (ver Annual gallups ranking puts pharmaceutical industry last in consumers confidence last year, 2019).

Las alertas de los expertos de salud pública propiciaron ya en el año 2002 que se gastaran 700 millones de dólares en investigación sobre coronavirus en el mayor centro de estudios sanitarios del gobierno federal de EEUU, el NIH, fondos que fueron recortados por la administración Trump. La aparición de la epidemia ha motivado un incremento de fondos para tal investigación (de 1.800 millones de dólares) en el NIH, propuesto y aprobado por el Congreso de EEUU (cuya mayoría pertenece al Partido Demócrata). Y el gobierno federal había subsidiado también a la propia industria farmacéutica para estudios sobre coronavirus, habiéndose esta comprometido a tener, en dos o tres años, una vacuna disponible. En ninguna parte tal subsidio se vio condicionado a que el precio de la vacuna anticoronavirus fuera accesible para la mayoría de la población. En realidad, el ministro de sanidad de la administración Trump, el Sr. Alex Azar (próximo a la industria farmacéutica), ha expresado su percepción de que el elevado precio de tal vacuna (que presumiblemente la industria exigirá) la hará inaccesible para amplios sectores de la población. Tales comportamientos deberían ser inaceptables, pues afectan directamente al bien común. De ahí que se esté creando un clima en defensa de tal bien común que exige una intervención pública que anteponga el interés general al resto, de manera que esta industria esté al servicio de toda la sociedad, y estimulando alternativas financieras de propiedad y gestión que sirvan a una mayoría.

¿Es ello posible?

Soy consciente de que la alternativa que creo necesaria pueda no verse factible en España, desmereciéndola y tildándola de utópica. Aconsejo a los que así opinen que miren lo que ha pasado a los dos lados del Atlántico Norte en momentos de gran crisis. La II Guerra Mundial significó para las poblaciones de los países democráticos que participaron en aquel conflicto un sacrificio que se justificó como necesario para un mundo mejor. Y el establecimiento y posterior expansión del Estado del Bienestar fue el resultado. En España, el fascismo no fue derrotado. Y ese es el origen de nuestro gran retraso social. La estructura oligárquica venció.

Pero fue la presión popular la que forzó una transición, que se hizo en términos muy favorables para los herederos de aquella dictadura. Ahora bien, las fuerzas democráticas, lideradas por las izquierdas, consiguieron forzar la instauración de un sistema democrático que, a pesar de sus enormes insuficiencias, permitió el desarrollo de un Estado del Bienestar cuya escasa financiación se explica por el dominio de los herederos de la dictadura durante el periodo democrático. Pero fue también la presión de las izquierdas la que obligó a que la Constitución (que era una síntesis de la correlación de fuerzas en aquel momento) incluyera una dimensión social muy ignorada por el establishment político-mediático español.

Es muy improbable que la ciudadanía acepte volver al pasado –período pre-pandemia–, pues tal orden económico ha impuesto, e impondrá, un gran sacrificio. En realidad, las derechas de siempre son conscientes de ello y de ahí su enorme hostilidad hacia el gobierno actual. Por eso el reto para las fuerzas democráticas es el de estar a la altura de las demandas populares que exigen un nuevo orden económico favorable al bien común. No hay que ignorar que los aplausos a los trabajadores del sector sanitario y social son también una profunda crítica al sistema económico y político que no los dotó de los instrumentos necesarios para protegerse a sí mismos, así como para curar a la población. Las fuerzas progresistas deberían ser conscientes de ello.


Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra y Director del JHU-UPF Public Policy Center

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