El nivel de corrupción se encuentra estancado en todo el mundo desde hace más de una década. Esta alarmante afirmación surge del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) publicado recientemente por Transparencia Internacional (TI) que mide el nivel de percepción de corrupción en el sector público. Lamentablemente, los avances se han estancado a lo largo de la Unión Europea, con ciertos países que retroceden considerablemente y otros que no avanzan lo suficiente. Los peores casos son los de Polonia y Hungría, donde se evidencia un peligroso deterioro del Estado de Derecho. Sin embargo, incluso algunos países que han experimentado una mejora en el último IPC, como Eslovaquia, están muy por detrás de la media europea, mientras que el Gobierno solo ha cumplido una parte de sus promesas anticorrupción. Sin ir más lejos, en España también se pueden ver las consecuencias de la corrupción en el funcionamiento de las instituciones democráticas y en la integridad política.
Asimismo y tal como ha quedado reflejado en el índice, el contexto actual de la crisis de la Covid-19 y la nueva normalidad, tampoco han ayudado a la reactivación de las medidas de transparencia. De hecho, esta descomunal situación ha sido la excusa perfecta para que muchos gobiernos suspendan todo tipo de esfuerzos anticorrupción. A su vez, esto ha hecho que la confianza pública caiga tras los diferentes escándalos de contratación pública que se han registrado a lo largo de la UE. Esto, sumado a los crecientes interrogantes que surgen en torno a la cuestionable transparencia en la repartición de los fondos europeos Next Generation EU, destinados a paliar las consecuencias de la pandemia e impulsar la recuperación. El manejo de este instrumento, dotado con nada más que 800.000 millones de euros, ha hecho saltar las alarmas en distintos países europeos.
España fue el primer país de la UE en recibir los fondos de recuperación comunitarios. Desde entonces, las críticas no han cesado. La Comunidad de Madrid ha decidido judicializar el asunto de la canalización de los fondos a las diferentes comunidades autónomas al considerar que éste ha sido condicionado por “criterios ideológicos”. Por su parte, el Partido Popular también ha instalado dudas sobre la transparencia en la gestión del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, y ha hecho llegar sus inquietudes a la Comisión Europea.
La Unión Europea no puede permitirse que la lucha contra la corrupción en Eslovaquia se utilice indebidamente como una herramienta política, sobre todo, porque no puede permitirse otra situación como la de Hungría y Polonia
Desde Bruselas han intentado enviar tranquilidad a todos aquellos que insisten en que una mala distribución de los fondos causará una distorsión a la competencia. En ese sentido, la Comisión ha asegurado que está supervisando de cerca la gestión de los fondos y anunció que exigirá reembolsos en caso de detectar irregularidades en el manejo de los mismos. De hecho, la Comisión viene amenazando con imponer importantes sanciones y cortar los fondos de ayudas a aquellos países que no cumplan con los estándares democráticos y atenten contra el Estado de derecho.
Se trata de un claro mensaje destinado a Hungría y Polonia, a quienes la Comisión ya les ha exigido por escrito explicaciones sobre las consecuencias acarreadas por un deteriorado Estado de derecho en la gestión de los fondos europeos. Ambos países han sido acusados de llevar a cabo reformas judiciales que van en contra de la primacía de la ley del bloque.
En el caso de Polonia, lo que inquieta a la Comisión son las reformas judiciales impulsadas por el Gobierno de Mateusz Morawiecki, que contribuyen a la falta de independencia del sistema judicial y a una cuestionada neutralidad de los jueces. Preocupaciones que fueron escalando cuando el Tribunal Constitucional estableció que la justicia europea no prima sobre la Carta Magna polaca.
En lo que respecta a Hungría, las inquietudes tienen que ver con el desvío de fondos por parte del primer ministro, Viktor Orbán, destinados a un círculo de empresarios cercanos a su entorno. Pero eso no es todo. Al igual que sucede con Polonia, la UE ha puesto en tela de juicio las reformas judiciales llevadas a cabo por Orbán y la falta de medidas ante la corrupción arraigada especialmente a las licitaciones públicas.
Si bien la Comisión ha dejado en claro que está controlando de cerca la corrupción en Polonia y Hungría, no puede decirse lo mismo de lo que está sucediendo en otros territorios. Parece que ciertas situaciones se le han pasado por alto. Como por ejemplo, lo que ocurre en Eslovaquia. Detrás de una orquestada campaña “anticorrupción”, crece la preocupación de que el partido electo, Gente Corriente y Personalidades Independientes (OLaNO), liderado por Igor Matovic, haya montado una injustificada caza de brujas contra la oposición eslovaca.
OLaNO llegó al poder gracias a su popular bandera anticorrupción, pero lo cierto es que las medidas que ha adoptado lo ubican cada vez más lejos de sus promesas de campaña. En el lapso de un año, su carismático líder se vio obligado a dar un paso al costado luego de que se desatara una crisis política derivada de una pésima gestión de la pandemia que puso fin a toda esperanza de una verdadera ola de reformas. De hecho, las fricciones entre los miembros de la coalición y la caída en picada de la confianza en el Gobierno, le costaron al partido la pérdida de todo tipo de credibilidad.
Con la coalición OLaNO obteniendo cada vez peores resultados en las encuestas y, por ende, evitando unas elecciones anticipadas, Bratislava parece haberse convertido en el escenario de una campaña de persecución contra las figuras y representantes de los partidos de la oposición Smer-SD y HLAS, que lideran las encuestas. En particular, la campaña anticorrupción de la OLaNO se ha centrado en políticos y empresarios relacionados con el líder del Smer-SD, Robert Fico, y el fundador del HLAS, Peter Pellegrini, lo que hace temer que, con el pretexto de luchar contra la corrupción, OLaNO esté en realidad utilizando su influencia para acorralar a la oposición.
La Unión Europea no puede permitirse que la lucha contra la corrupción en Eslovaquia se utilice indebidamente como una herramienta política, sobre todo, porque no puede permitirse otra situación como la de Hungría y Polonia. De hecho, como ha quedado claro, la corrupción está haciendo estragos a lo largo de la UE, como resultado de décadas de inacción. Esto sumado a que el mundo entero tiene los ojos puestos en la pandemia, lo que facilita el juego de opacidad por parte de quienes no tienen ningún interés en poner fin a la impostergable lucha contra la corrupción. Una lucha que, como ha quedado claro, muchas veces es utilizada como un simple discurso para llegar al poder y luego es instrumentalizada para seguir arraigando prácticas que conducen a la desigualdad. Ahora más que nunca, con la polémica en torno a la distribución de los fondos europeos, la UE debe asumir sus compromisos y reforzar los mecanismos de control, actuando en concordancia con sus valores y demostrando que el Estado de Derecho debe prevalecer.
