Si algo no está explícitamente prohibido, entonces está tácitamente permitido. O lo que es lo mismo: lo no prohibido se puede hacer. Esa es la máxima del derecho que hace posible la existencia de los clubes sociales de cannabis (CSC) en España.
La realidad de los clubes de cannabis en España
Para mediados de 2020, se estima que en España existen alrededor de 1.000 clubes cannábicos diseminados por todas las regiones del país. Siendo Madrid y Cataluña las que aglomeran las cantidades más significativas; la primera por ser la capital y la segunda por leyes locales que les favorecen.
En estos clubes se puede encontrar de todo relacionado al cannabis. Desde la misma planta, hasta los papeles especiales para armar porros, grinders para moler los cogollos, pipas y productos artesanales con alta concentración de CBD. Especialmente los grinders son productos muy solicitados porque ayudan a cortar la hierba de manera correcta, que es clave para que sea fumada sin problemas, por lo que son tan relevantes como los papeles o la hierba misma.
La idea de estos clubes es aglomerar a los consumidores para acercarlos hacia el consumo sano, lo que implica proveer la hierba deseada para el consumo personal así como otro tipo de objetos necesarios para facilitar su consumo, ya se para molerle, fumarle o evaporarle.
El gran “problema” con estos clubes es que no existe regulación de ley que los contemple como lo que son, ni orgánicas u ordinarias, mucho menos de carácter constitucional.
Claro, las leyes nacionales condenan delitos de tráfico de sustancias ilegales, pero casi todo lo estrictamente relativo a este tipo de estructuras sociales se encuentra dentro de leyes y reglamentos de las comunidades autónomas.
El Tribunal Supremo español los considera como una asociación para delinquir, pero son pocos los que han sido cerrados y se estima que al mes se abren entre 1 y 3 nuevos en todo el territorio español gracias a las personas que exigen dos derechos base:
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Derecho a la intimidad
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Derecho a la asociación
Los CSC son la manera en las que las comunidades y los españoles se protegen del narcotráfico. Al asociar a los consumidores, se tiene un cierto control sobre su consumo, se minimizan los riesgos en poblaciones vulnerables y la exposición a otro tipo de drogas más fuertes que convierten al cannabis en una droga de entrada.
Además, son ampliamente aceptados por muchos representantes legales de las comunidades porque además permiten la recaudación de impuestos.
En algunas comunidades se usan como centro de consumo (como Andalucía) y en otras son solo lugares de expendio; no existe un consenso al respecto.
Los clubes podrían cambiar para mejor en el futuro cercano
España se considera como un país pionero dentro de la UE en cuanto a la permisividad del cannabis de uso recreativo.
Aquí es legal la siembra con fines personales y muchos de los productos hechos a base de CBD son aceptados para su comercialización.
Sin embargo, los avances científicos y legales de otros países como Francia, Suiza y Alemania evidencian una realidad innegable: España se está quedando atrás en el soporte legal de la marihuana medicinal.
Y es que la producción nacional de productos farmacológicos hechos a base de CBD es prácticamente nula. La mayoría se importan de Suiza o Alemania, pero esta es una realidad que podría cambiar si el gobierno hace esfuerzos en mejorar la calidad de la marihuana industrial que se siembra.
Una encuesta publicada en 2018 por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) arrojó las siguientes cifras referentes al cannabis.
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47,2% de los ciudadanos está a favor de que se legalice la venta de marihuana
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41,6% está en contra
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84% está a favor de su legalización con fines medicinales
Los clubes tienen la oportunidad de convertirse en una bandera del mejor uso posible que se le puede dar a la marihuana, y desde la defensa de la vida misma, comenzar a ganar los espacios que un sector de la sociedad niega tomando como referencia leyes y creencias arcaicas.
Tan importante como la despenalización y la adecuación de las leyes sanitarias es colaborar con la desaparición del estigma (cosa que ya hacen otros países) con el que alrededor de 4 de cada 10 españoles aun miran a los consumidores.
