El vertido de ‘pellets’ en la costa gallega llega a los tribunales con una demanda de Ecologistas en Acción contra la naviera a la que reclama una primera indemnización de 10 millones de euros para acometer la restauración.
Caución judicial de 10 millones de euros
La organización ecologista presentó este martes en el juzgado de Noia (A Coruña) una demanda penal contra la empresa armadora propietaria del buque portacontenedores Toconao, con bandera de Liberia, así como contra su capitán. La acción judicial, realizada junto con Plademar Muros-Noia, atribuye a la empresa un presunto delito contra el medioambiente y los recursos naturales por la afectación a las costas gallegas con un vertido de millones de pellets de plástico.
La marea de pequeñas bolas de plástico blancas ya ha afectado a 10 espacios protegidos de la Red Natura 2000, así como al Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas, al Parque Natural de Corrubedo y a numerosas zonas de costa y arenales.
En la demanda se evidencian los daños sustanciales a la calidad del agua, a los suelos de las playas, animales y plantas de estos ecosistemas, además del riesgo de perjuicios a la salud.
Los pellets de plástico (o nurdles) son bolas de cinco milímetros de diámetro que, por sus características, atraen las toxinas próximas absorbiéndolas como una esponja, lo que hace que se conviertan en bombas tóxicas.
Su forma y tamaño atraen a numerosas especies de aves, peces y crustáceos que los confunden con ovas. Al ingerirse, los plásticos entran en la cadena trófica y, con frecuencia, provocan la muerte del animal, que deja de comer al tener el estómago lleno de plástico.
Cuando entran en la cadena trófica, las sustancias contaminantes que portan los microplásticos quedan en los tejidos de los animales. Además, la descomposición de los pellets genera micropartículas y nanopartículas imposibles de eliminar que son ingeridas por el plancton y organismos filtradores.
“Quien contamina paga”
Ecologistas en Acción quiere asegurar que se cumple la máxima de “quien contamina paga” y, por eso, en su demanda ha pedido al Juzgado que imponga una caución a la empresa demandada de no menos de 10 millones de euros que permita acometer los costes de restauración. Con esta acción, pretende agilizar una vía que evite la impunidad que acabaron teniendo otros vertidos marítimos en el pasado.
A su vez, la organización ecologista anima a las Administraciones afectadas y a otras organizaciones sociales a personarse como acusaciones en la causa que se abrirá en Noia.
"Los impactos sobre los ecosistemas normalmente no se contabilizan y, como en este caso, la limpieza y restauración parcial recae sobre la ciudadanía y los medios públicos", denuncia Ecologistas
A pesar de ello, los colectivos denunciantes lamentan la inacción de la Xunta a la hora de adoptar medidas y animan a la sociedad a participar en las numerosas acciones de limpieza que se han realizado de forma espontánea en las últimas semanas. En este sentido, Ecologistas en Acción está organizando una campaña de voluntariado ambiental en la que ya es posible inscribirse a través de este formulario.
La organización ecologista señala que, aunque este episodio causado por el Toconao tiene una dimensión sin precedentes en nuestras cosas, los pellets de plástico son uno de los elementos que se vienen recogiendo en las limpiezas de playas desde hace años. Por eso, demanda un cambio en el sistema de producción y en el modelo económico global, que además de ser profundamente injusto, asume riesgos de los que después no se hace cargo: “Los impactos sobre los ecosistemas normalmente no se contabilizan y, como en este caso, la limpieza y restauración parcial recae sobre la ciudadanía y los medios públicos”.
Investigar la gestión de la Xunta
Por otro lado, Izquierda Unida, a través de su eurodiputado, Manu Pineda, ha elevado el asunto a la Comisión Europea y reclama al comisario de Medioambiente europeo que “investigue y monitorice” la gestión que han realizado los máximos responsables de la Xunta.
En una iniciativa registrada este martes, Pineda denuncia que las autoridades gallegas no activaron el plan anticontaminación hasta el pasado 5 de enero, 23 días después de recibir los primeros informes. “Un retraso inadmisible que ha agravado la situación” asegura el parlamentario de IU, que califica de “daño medioambiental irreparable con un potencial riesgo para la salud humana" el escenario "por culpa de la gestión tardía y negligente de la Xunta”.
“Están fallado -expone Pineda- todos los eslabones de la cadena. El protocolo se activó tarde, una vez activado no se ha dotado de medios suficientes y ahora, en vez de elevar el grado de emergencia para contar con la ayuda del Gobierno central, el PP prefiere hacer cálculos políticos”.
“Precisamente por eso pedimos a la Comisión Europea que investigue la gestión y que actúe en caso de haberse cometido alguna irregularidad”, añade.
El texto inquiere también sobre la posible información que el Gobierno gallego haya podido enviar hasta ahora a la Comisión sobre esta cuestión y considera “irresponsable” que, a casi un mes del vertido, el Ejecutivo del presidente Alfonso Rueda no haya solicitado ayuda. “Sus tiras y aflojas preelectorales tienen un coste para el ecosistema gallego”, sentencia.
Manu Pineda advierte, además, de la posibilidad de que el vertido afecte a la Red Natura 2000 y pide a la Comisión que tome las medidas necesarias para “garantizar” que el daño medioambiental no sea mayor. La petición tiene obligación de ser respondida por escrito por la Comisión Europa en un plazo de hasta seis semanas.
El parlamentario de Izquierda Unida considera que esta situación vuelva a poner de manifiesto la “incapacidad del PP” y agradece el trabajo de todas las organizaciones ecologistas y vecinales que están colaborando en la recogida del vertido de pellets.
“Como vimos con el Prestige o con los incendios es la ciudadanía gallega la que siempre da un paso adelante y, ante la inoperancia de la Xunta, cuida sus costas y sus bosques”, sentencia Pineda.
