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sábado. 01.10.2022
VICTORIA DE UN TRIBUNAL ARBITRAL

Petrolera gana el pulso al Estado italiano con una demanda millonaria

La demanda ha sido resuelta por un tribunal arbitral amparado por el Tratado de la Carta de la Energía.

plataforma petrolifera
Plataforma Petrolífera. (Foto: Ecologistas en Acción)

Un tribunal arbitral ha obligado al Estado italiano a compensar millonariamente a una compañía petrolera amparada por el Tratado de la Carta de la Energía (TCE).

Italia deberá pagar 190 millones más intereses (250 millones en total) a la británica de petróleo y gas Rockhopper Exploration por la denegación de un permiso para construir una plataforma petrolífera.

Según informa Ecologistas en Acción, en 2015, el Gobierno italiano decidió prohibir nuevos proyectos de petróleo y gas a menos de 12 millas náuticas de su costa, como respuesta a la gran oposición pública y la preocupación medioambiental de la ciudadanía.

Ante esta situación, un año después la compañía interpuso una demanda contra Italia bajo el TCE por la denegación de un permiso para la construcción de la plataforma petrolífera Ombrina Mare en las costas del Mar Adriático. 

La demanda se ha resuelto tras más de cuatro años de litigio tal y como lo establece el TCE: “Eludiendo los tribunales nacionales del país, ante un sistema paralelo de justicia en el que no hay jueces, sino tan solo tres árbitros privados que deciden a puerta cerrada”, denuncia la organización ecologista.

El TCE fue firmado por medio centenar de países de Europa y Asia en 1994. El Tratado permite a las multinacionales e inversores, principalmente del sector de la energía, condicionar las políticas de los Estados con medidas que, además, dificultan los modelos de transición ecológica y la lucha contra el cambio climático.

Pero lo más permisivo del TCE es que la resolución de estos conflictos entre los gigantes energéticos y los países suscritos es que se resuelven al margen de los tribunales de justicia de los países, a través de lo que se denomina Mecanismo de Resolución de Controversias entre Inversor y Estado (ISDS por sus siglas en inglés), que permite que empresas e inversores extranjeros puedan demandar a los países cuando consideran que han legislado en contra de sus beneficios, presentes o futuros.

Dado que el TCE permite demandar a los países por la pérdida de beneficios futuros, la condena a Italia es nueve veces superior a la inversión inicial, –que fue 29,2 millones de euros– y se asumirá con las arcas públicas del Estado.

Para Ecologistas en Acción, el caso italiano “sirve de recordatorio del enorme poder de la industria de los combustibles fósiles”.

Italia se convirtió en 2016 en uno de los pocos países que abandonaron el TCE. Sin embargo, la cláusula de supervivencia que contiene el tratado permite que un Estado pueda seguir siendo demandado durante 20 años después de su salida oficial, por aquellas medidas anteriores a la fecha de salida. 

España también ha sido víctima de estos arbitrajes cuando fue demandada por inversores extranjeros tras los cambios legislativos a favor de las renovables en 2010. En todos los casos resueltos, se falló a favor de dichos inversores.

Por todo ello, las organizaciones de la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión instan al Gobierno de España y al resto de países a “retirarse en grupo de forma coordinada, neutralizando previamente esta cláusula con la adopción de un acuerdo legal “inter-se”, tal y como sostienen personas expertas del campo jurídico”, señalan.

DECLARACIONES DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Marta García Pallaŕes

“Esta decisión favorable a Rockhopper es escandalosa, especialmente en la situación de emergencia climática y crisis energética que estamos viviendo”.

“Este caso tendrá un efecto escalofriante en las políticas climáticas de otros países productores de petróleo y gas, a menos que los gobiernos actúen ahora y desactiven el riesgo de futuras demandas saliendo del tratado”.

“Nos alegramos de los pasos dados por España a la hora de reconocer los peligros que entraña la modernización del TCE. Ahora, ante la negativa de la Comisión Europea a que la UE se salga del TCE, esperamos que Teresa Ribera tome cartas en el asunto e inicie la salida cuanto antes. El caso de Italia demuestra que este paso no puede hacerse esperar”.

Clàudia Custodio

“La Comisión Europea ha vendido la modernización del TCE como un avance hacia la transición energética, pero la realidad es que no ha conseguido limitar los amplios poderes que otorga a las empresas de combustibles fósiles, por lo que seguirán exigiendo indemnizaciones de dinero público cuando se cuestione su modelo de negocio”.

Petrolera gana el pulso al Estado italiano con una demanda millonaria