miércoles 27.05.2020

Las organizaciones ecologistas exigen que el dinero público no se use para apuntalar una movilidad insostenible

Las organizaciones ecologistas exigen que el dinero público no se use para apuntalar una movilidad insostenible

Las principales organizaciones ecologistas rechazan las ayudas que se prevé que conceda el Ministerio de Industria a la compra de coches y demandan que no se utilice el dinero público para planes de renovación de flota con vehículos contaminantes, ni para rescates de líneas aéreas.    

El Estado debe apoyar los servicios esenciales, como la sanidad, la educación o el transporte público, y medidas para la emergencia ecológica que necesitarán un importante refuerzo tras la crisis.

Mientras la terrible crisis sanitaria de la COVID–19 va entrando poco a poco en vías de solución se atisba una crisis económica sin precedentes, que afectará particularmente al Estado español, debido tanto a la severidad de la crisis sanitaria, como a la dependencia del turismo en España. De hecho, ya son numerosas las empresas que han solicitado o incluso se han asegurado ayudas del Estado.

En este sentido se sitúan los planes solicitados por el conjunto del sector de la industria del automóvil que, según distintas fuentes, parece que pueden tener comprometidos hasta 800 millones de euros en estímulos para la compra de vehículos, en un nuevo plan Renove que puede destinarse a la compra de cualquier tipo de vehículos, incluso diésel y gasolina.

En cualquier caso, las demandas ecologistas enfatizan que se debe priorizar el apoyo a los servicios públicos. En lo que respecta al transporte, el servicio esencial que se debe apoyar es el transporte público. Estos operadores están haciendo frente a pérdidas millonarias y no han podido acogerse a ninguna de las ayudas ofrecidas por el Gobierno

Ante esta situación, las principales organizaciones ecologistas, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, demandan al Gobierno que no dedique fondos públicos a rescates y planes de ayuda a las actividades que más contribuyen al cambio climático y la destrucción de la biodiversidad. Insisten en que cualquier medida de apoyo a empresas esté condicionada a criterios de sostenibilidad ambiental y social.

Las organizaciones ambientales solicitan que los fondos públicos sean utilizados ahora más que nunca para proteger a las personas, mejorar el sistema sanitario y el resto de los servicios públicos y para prepararnos para afrontar la emergencia climática y de biodiversidad a la que nos enfrentamos.

España debe priorizar sus apoyos económicos a los sectores esenciales más vulnerables y condicionarlos a criterios de sostenibilidad. Las ayudas siempre deben atender y formar parte de una estrategia de descarbonización y transición justa. En este sentido, las organizaciones ecologistas reclaman más transparencia y debate en el diseño de las ayudas, así como su presencia en las mesas de negociación donde se aborden.

No volver a un modelo altamente contaminante

El transporte supone un 27 % del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en España y el 60 % de las emisiones las producen los automóviles. Aunque la industria argumenta que la renovación de la flota ayudaría a reducir emisiones, lo cierto es que su propensión a vender vehículos cada vez más grandes y pesados (como los SUV) está provocando que aumenten las emisiones del parque automovilístico. Las ayudas han sido anunciadas por Industria tan solo un día después de que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se reuniese con la patronal Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), lo que ha indignado a las asociaciones ecologistas.

Mientras la crisis sanitaria sigue causando estragos, todo parece indicar que Industria cederá a la presión de los fabricantes, concediendo cientos de millones de dinero público para comprar más coches, incluidos diésel y gasolina. Por ello, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, exigen al Gobierno que reconsidere sus prioridades y piense en las personas antes que en las grandes empresas.

Por otro lado, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), de la que Anfac es parte, ha solicitado a la Comisión Europea que se relajen los objetivos de reducción de emisiones medias de CO2 en los coches nuevos vendidos este año, que deberían lograr una media de 95 gCO2/km. Una petición que, de cumplirse, pondría en serio peligro el objetivo de descarbonización del transporte en 2050. Lejos de proponer condicionantes ambientales a un rescate, la industria del automóvil demanda una rebaja de sus compromisos ambientales.

Algo similar ha sucedido con la industria de la aviación. Desde que el pasado mes de marzo la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) reclamara ayudas por valor de 200.000 millones de dólares para el sector, numerosas aerolíneas han recibido cuantiosos apoyos públicos valorados en unos 26.000 millones de euros solo en la UE.

En el Estado español Iberia y Vueling han recibido 1.010 millones de euros en préstamos avalados por el Estado, mientras que Aena ha obtenido casi 2.000 millones de euros (300 directamente del ICO -Instituto de Crédito Oficial-). Importantes cifras a las que se sumará otra inyección millonaria del Gobierno en el marco del instrumento de ayudas estatales que se está negociando en la Comisión Europea.

A día de hoy, la aviación es el único sector de la UE cuyas emisiones de CO2 siguen creciendo, con un aumento del 26 % desde 2013. Al mismo tiempo, las aerolíneas disfrutan de importantes exenciones fiscales que, por ejemplo, les permiten ahorrar 27.000 millones de euros anuales, solo en impuestos, al combustible en la UE. Además, al contrario que el resto de sectores, no tienen un compromiso de descarbonización.

A pesar de ello, la industria insiste en exigir ingentes rescates públicos sin ninguna obligación ambiental o de cualquier otro tipo para compañías cuyos beneficios se realizan a costa de aumentar sus impactos sobre el planeta y las personas. Las organizaciones ecologistas reclaman que, si se llegan a producir estos rescates, se haga con compromisos ambientales, entre los que tienen que estar la adopción de una senda de descarbonización antes de 2050 sin créditos de carbono, la aceptación de un impuesto al queroseno y de los billetes aéreos, y la introducción de un porcentaje obligatorio de combustibles derivados de energías renovables (power to liquid).

En cualquier caso, las demandas ecologistas enfatizan que se debe priorizar el apoyo a los servicios públicos. En lo que respecta al transporte, el servicio esencial que se debe apoyar es el transporte público. Estos operadores están haciendo frente a pérdidas millonarias y no han podido acogerse a ninguna de las ayudas ofrecidas por el Gobierno.

La ayuda estatal es absolutamente necesaria para mantener este servicio público, ya que el transporte público es la columna vertebral de la movilidad urbana y metropolitana, y pieza imprescindible para garantizar la movilidad de todas las personas. Ninguna ciudad puede dejar caer su transporte público y apoyarse únicamente en el automóvil, sería un error fatal que dispararía los niveles de congestión y contaminación que afectarían a millones de personas.

Para Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, ahora es el momento de atender, junto a la social, la emergencia ambiental a la que nos enfrentamos. La lucha contra la pérdida de biodiversidad y el cambio climático deberían ser los destinos prioritarios de los fondos públicos, a través de varias acciones, medidas y planes: fomentar e instalar energías renovables (con medidas especiales para impulsar la participación ciudadana), mejorar la eficiencia energética de los edificios, apostar por la agroecología, etc.

Estos sectores son fuente muy importante de empleo y nos ayudarán a afrontar la crisis ecológica. Seguir apoyando a las empresas más contaminantes (mayoritariamente de capital extranjero) nos hará aún más difícil afrontar la emergencia climática y ecológica, frenará la transición energética y contribuirá a agravar los riesgos de crisis sanitaria.

Las organizaciones ecologistas exigen que el dinero público no se use para apuntalar...