El espacio natural considerado la Amazonia Europea, es de nuevo el objetivo de un ataque que, esta vez, puede ser definitivo.
En sus más de 122.000 hectáreas alberga una riqueza de fauna extraordinaria y es vital para la migración de cientos de miles de aves.
La finca fue ya utilizada como coto de caza real por Alfonso X el Sabio y su nieto Fernando IV el Emplazado la donó en 1309 a Juan Alonso de Guzmán, origen de la familia aristocrática de Medina Sidonia. Pero no es hasta 1893, en que Chapman y Buck, dos ricos cazadores británicos, publican un primer libro “Wild Spain”, cuando se descubren sus valores naturales.
Desde el siglo XX, el acoso de quienes han visto en ella una fuente de ingresos monetarios ha sido constante. En los años cincuenta fue el franquismo el que promovió la plantación de eucaliptos y la desecación de zonas húmedas, como desgraciadamente se hizo en la laguna de Antela en la comarca de A Limia, en Ourense. Y aquel hubiera sido su destino de no ser por la actuación audaz de los naturalistas José Antonio Valverde y Francisco Bernís, que, con el bodeguero Mauricio González-Gordon, impulsaron desde 1952 una campaña internacional, de la que nació además la organización WWF (World Wildlife Fund), que culminó en 1969, con su declaración como primer Parque Nacional de España.
Aquí se han intentado ubicar infraestructuras, como un depósito subterráneo de gas (Naturgy y ENAGAS), una autovía entre Huelva y Cádiz y se acaba de aprobar en su entorno por la Junta de Andalucía un proyecto de urbanización de lujo.
La rotura de la balsa minera de Aznalcollar en 1998 produjo una contaminación masiva y Atalaya Mining, aspira a aumentar la capacidad de sus embalses de lodos tóxicos.
Sufre una presión enorme por los vertidos a los acuíferos de residuos de la agricultura, unida a la generada por el cambio climático y a la extracción de agua por los pozos ilegales. Todo lo cual está llevando al límite la capacidad de carga del conjunto de sus ecosistemas.
En este marco, se plantea por el PP y VOX en el parlamento andaluz una ley que vendría a amparar los cultivos ilegales que ocupan más de 1.900 hectáreas.
Desde medios de la derecha se acusa a los que se oponen a su plan de preferir la vida de los pájaros a la de las personas. Y argumentan que es antes el beneficio económico de unos empresarios agrícolas de Huelva que la preservación de Doñana, pese a que haya sido declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, a que se incumplan compromisos firmados por España, como el Convenio de RAMSAR, a la condena en 2021 de la Justicia Europea a España por no proteger el humedal y a la advertencia emitida contra la proposición de ley hace unos meses. Poco han aprendido de la experiencia de la laguna de Ourense, donde ya no prosperan, ni aves, ni personas.
El presidente de Andalucía, Sr. Moreno Bonilla, es quien tiene en sus manos parar este desatino y es una buena ocasión ahora que viene a España una expedición de diputados alemanes para comprobar in situ lo que está ocurriendo.
A mi juicio, las cinco organizaciones ecologistas con más implantación en España y en Europa (Amigos de la Tierra, WWF, Ecologistas en Acción, SEO Birdlife y Greenpeace) deben unir fuerzas y actuar decididamente en todas las instancias estatales e internacionales para salvar Doñana de esta nueva agresión.
En Alemania, la plataforma Campact ha pedido a las cadenas de supermercados que no contribuyan a su desecación vendiendo fresas con origen en el área afectada.
El importe total de las exportaciones de fresas fue el pasado año de más de 587,5 millones de euros y el 30,7 % tuvo su destino precisamente en Alemania.
Ante esto, la patronal Interfresa, llama a “responsabilidad de las autoridades políticas y de los ciudadanos”. Ese llamamiento lo tendría que hacer al presidente de Andalucía, para que clausure definitivamente su proyecto.
Sí, ya sé que hay muchos agricultores que cultivan sus productos de manera totalmente legal y sin esquilmar los acuíferos, pero deben ser conscientes de que pueden pagar justos por pecadores si el gobierno andaluz se empeña y se extiende el boicot a Francia y Reino Unido (16,2 y 12,3 % respectivamente de las exportaciones) y no digamos si además se incorpora a él nuestro país.
Pedro Diez Olazábal
