Lunes 17.06.2019

Solicitan al Ministerio para la Transición Ecológica que evite la desprotección de la Sierra de Guadarrama

Madrid y Castilla y León utilizan el Plan Rector para legalizar construcciones y usos hasta ahora no autorizables en La Pedriza y en el puerto de Navafría.

Transforma en actividad habitual la organización de macroeventos deportivos, algo prohibido expresamente por la normativa de parques nacionales y sujeto sólo a autorizaciones excepcionales

Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid y de Segovia y GRAMA han solicitado a la ministra para la Transición Ecológica y al director del Organismo Autónomo Parques Nacionales que no acepten el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Las organizaciones ecologistas han dirigido sendas cartas a la ministra Teresa Ribera y a Juan José Areces, director del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) exponiendo las deficiencias del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, redactado por las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León y pendiente de aprobación definitiva por los Gobiernos regionales.

Muestran su preocupación por la reducción del nivel de protección del documento, si se compara con el PRUG del actual Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares o del ya derogado Parque Natural de la Cumbre, el Circo y las Lagunas de Peñalara (hoy incluido en el ámbito del Parque Nacional). Esos documentos son más restrictivos que el PRUG del Parque Nacional en cuanto a usos deportivos como escalada, uso de bicicleta o macroeventos deportivos; así como la construcción de nuevas edificaciones y cambios de uso en las existentes.

Para las organizaciones ecologistas es alarmante que tanto la Comunidad de Madrid como Castilla y León pretendan utilizar el PRUG para legalizar actividades y construcciones, hasta ahora prohibidas. Por ejemplo, en Madrid, en el municipio de Manzanares El Real, en un paraje tan emblemático como La Pedriza, el PRUG permitirá la instalación de usos terciarios en las casas forestales de Canto Cochino, una actividad, hoy no autorizable. En Segovia, se pretende ampliar el refugio de montaña del puerto de Navafría e introducir uso terciario. Hasta la fecha no se ha podido autorizar por no permitirlo la normativa urbanística y Ambiental de Castilla y León.

Por otra parte, el PRUG incluye una serie de macroeventos deportivos que se autorizarán de forma automática, aunque el Plan Director de Parques Nacionales, considera este tipo de actividades incompatibles con la conservación y únicamente contempla su autorización de forma excepcional cuando tengan alguna vinculación con el espacio protegido.

El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional reduce el nivel de protección actual de la Sierra de Guadarrama

Es decir, estamos ante la paradoja de que el Parque Nacional ha llegado a la Sierra para desprotegerla y para anteponer usos particulares de carácter lucrativo sobre el objetivo prioritario que es la conservación del espacio. Esta circunstancia no fue negada por los representantes de las Comunidades de Madrid y Castilla y León, durante la reunión del Consejo de la Red de Parques Nacionales que se celebró el pasado martes 18 de diciembre, cuando el portavoz de las organizaciones ecologistas Theo Oberhuber, lo expuso.

No es la primera vez que las organizaciones ecologistas denuncian estas maniobras, en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de Guadarrama, aprobado en 2009, fue anulado parcialmente, tras ser recurrido por Ecologistas en Acción, mediante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, precisamente por reducir niveles de protección en relación con el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y por permitir la unión de las estaciones de esquí de Navacerrada y Valdesquí.

Todavía hay tiempo para subsanar el PRUG del Parque nacional de la Sierra de Guadarrama, antes de que sea aprobado definitivamente por los gobiernos regionales de Madrid y Castilla y León, por eso han pedido a la ministra y al director del OAPN que insten a las comunidades autónomas a modificar el texto. En caso contrario Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid y de Segovia y GRAMA, se verán obligadas, una vez más a recurrir ante los tribunales.

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