Millones de metros cúbicos siguen almacenados en la central nuclear y pretenden ser vertidos al mar a pesar de la oposición de países vecinos y de la ciudadanía.
El gobierno continúa levantando las órdenes de restricción, aunque los niveles de radiactividad de esas áreas pueden superar veinte veces los estándares internacionales.
El pasado mes de febrero, la Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, se ha acercado a la central de Fukushima para examinar de cerca el plan japones para verter agua radiactiva al mar. Para el Movimiento Ibérico Antinuclear, del que forma parte Ecologistas en Acción, “esta visita parece un gesto dirigido a crear confianza pública en la gestión de Japón ante la oposición de parte de su población y de países vecinos. Mientras tanto, las víctimas del accidente son atropelladas por el afán de “normalizar” la situación”.
Cuando el Gobierno de Japón anunció en abril de 2021 su intención de descargar gradualmente más de 1,4 millones de metros cúbicos de agua radiactiva al mar, encontró el inmediato apoyo de la Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA. El mes pasado, del 14 al 18 de febrero, un grupo de expertos de la OIEA han acudido a solicitud del gobierno nipón para examinar el plan de vertido y verificar los niveles de radiactividad en el agua tratada almacenada en los tanques. Han recibido unos 50 litros de agua para que sean analizados por los laboratorios de la agencia en Austria y Mónaco. Hasta ahora solo Japón había realizado esas mediciones. Confían en que la participación de la OIEA genere confianza pública en Japón y la región. El vertido se enfrenta a la oposición del sector de la pesca y de los países vecinos, en especial Corea del Sur y China.
El resultado de los trabajos no se conocerá antes de dos meses aproximadamente, y se publicará un informe con conclusiones antes de que comience la liberación de agua, en principio prevista para el próximo año. El agua radiactiva procede del enfriamiento del combustible nuclear fundido de tres de los reactores. Para reducir su radiactividad se somete a un proceso de eliminación de materiales radiactivos, de manera que solo quede tritio y carbono-14. Pero en 2018 la prensa japonesa descubrió que la empresa propietaria TEPCO ocultaba que aproximadamente el 84 % de los 890.000 m³ de agua tratada a partir de septiembre de 2018 contenían concentraciones más altas de sustancias radiactivas que los niveles permitidos para su liberación al océano. Con niveles de estroncio-90 más de cien veces por encima de los estándares de seguridad en unos 65.000 m³ del agua tratada. También con cesio-137 y yodo-129, con niveles que superan los límites en un factor de 20.000, en algunos tanques. Según los datos de TEPCO, en agosto de 2021, el 69% del agua, 832.900 m³, se someterá a un procesamiento secundario. Se espera que esto lleve varios años.
TEPCO declaró que se quedaría sin espacio para almacenar agua radiactiva este año 2022. Como solución, tanto la empresa como el gobierno japonés, quieren verterla al océano a lo largo de treinta años, de modo que los contaminantes se diluyan. Sin duda, es la opción de menor coste. No quieren examinar otras posibilidades. En una reunión de la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas en Octubre de 2021, el gobierno japonés ha bloqueado la iniciativa de establecer un grupo de trabajo científico para evaluar alternativas a la descarga esas aguas en el Océano Pacífico. Esta propuesta de Greenpeace tuvo el apoyo de Corea de Sur, China, Chile, Vanuatu y Palau. Pero la delegación japonesa obtuvo los de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. A pesar de todo, no ha podido evitar que sea discutido este mismo año en posteriores reuniones de las convenciones internacionales para promover el control efectivo de todas las fuentes de contaminación marina, la Convención de Londres y el Protocolo de Londres (LC-LP). La OIEA tendrá que explicar también si ha considerado otras soluciones antes de ofrecer su pleno apoyo a Japón.
Por otra parte, no se da una respuesta adecuada al problema de los desplazados. Aunque el gobierno continúa levantando las órdenes de restricción para algunos municipios, la ciudadanía no se atreve a volver porque los niveles de radiactividad de esas áreas pueden superar veinte veces los estándares internacionales. Relatores especiales de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU han declarado su preocupación por las políticas japonesas sobre el plan de descontaminación y los planes de retorno de los evacuados.
Según la Sra. Ruiko Muto, víctima de Fukushima y activista por un mundo sin nucleares, todo el interés de las autoridades está en la “recuperación”, y se invisibilizan las consecuencias del accidente. Ahora la presión se dirige a los jóvenes. El año pasado, el gobierno asignó 13,5 millones de € (unos 15 mil € por familia) para promover que se trasladasen a las doce ciudades, pueblos y aldeas designadas una vez como zonas de evacuación en Fukushima.
Pero la gente resiste. El 27 de enero de este año, un grupo de jóvenes que padecen cáncer de tiroides, y tenían de 6 a 16 años en el momento del accidente nuclear, presentó una demanda contra TEPCO. Piden que se investigue la relación causal entre el accidente nuclear y el cáncer de tiroides, y esperan conseguir la creación de un sistema de ayuda para quienes padecen esta misma enfermedad, porque el Comité de revisión de la encuesta sanitaria de la prefectura de Fukushima ha declarado que no hay ninguna relación posible con el accidente nuclear.
Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear exigen que la industria nuclear y los gobiernos que la sostienen, tienen que afrontar las responsabilidades que se deriven de un accidente. No se puede aceptar que impongan sus condiciones a la población que ha sufrido más en el desastre, ni que nieguen amparo ante las enfermedades provocadas. Hay que exigirles además los mejores métodos para recuperar el territorio y evitar ulteriores daños. Y no lo tiene que pagar la ciudadanía.
La electricidad que producen las nucleares no compensa el riesgo que corremos. Una realidad demasiado presente hoy donde la amenaza del armamento nuclear o el riesgo de la energía nuclear en un contexto de guerra. Hoy más que nunca hay que acelerar la desnuclearización civil y militar.
El desastre nuclear de Fukushima en 2011 demostró que la energía nuclear es demasiado peligrosa, demasiado sucia y demasiado cara para que se continúe usando. Como protesta y para recordar a las víctimas de Fukushima Ecologistas en Acción pide boicotear a la energía nuclear realizando diversas acciones personales: desde reducir el consumo un día hasta producir su propia energía. Por eso ¡Desenchufa la energía nuclear!
En España todos los años se realiza un acto de recuerdo de este accidente nuclear en Córdoba.La Asamblea Antinuclear de Córdoba recuerda el accidente acaecido el 11 de marzo de 2011 en la central nuclear. A pesar de presumir de ser una de las centrales mayores y más seguras del mundo, todos los sistemas fallaron y las elevadísimas temperaturas alcanzadas por los reactores hicieron estallar la central expandiendo material radiactivo por la atmósfera, el suelo y las aguas.
Todavía casi 50.000 personas se mantienen evacuadas lejos de sus poblaciones, en alojamientos temporales. Una amplia extensión de territorio circundante continúa completamente devastada y se calcula que los trabajos de recuperación de la zona se extenderán más allá del año 2050. Los efectos de la radiactividad se han manifestado en un significativo incremento de cánceres entre la población y una elevada contaminación ambiental de las aguas y alimentos.
Once años después, el núcleo de los reactores mantiene temperaturas tan elevadas que requieren inmensas cantidades de agua para enfriarlos. Esta agua tiene una elevada contaminación radiactiva y se ha acumulado ya tal cantidad que el gobierno japonés ha decidido comenzar a verterla al Océano Pacífico a partir del próximo año, con los gravísimos efectos que ello tendrá sobre la vida y la salud de todas las poblaciones circundantes y, en general, sobre todas las formas de vida en el océano.
Este accidente nuclear, el mayor de la historia tras el de Chernóbil en 1986, vino a demostrar una vez más que la energía nuclear no es limpia, ni segura ni barata, ni sostenible, como quieren hacernos creer las grandes corporaciones eléctricas que tantos beneficios obtienen de ella. Precisamente ahora estamos viviendo una nueva oleada de información tendenciosa a favor de la energía nuclear con motivo de la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania, argumentando que potenciar el mantenimiento y construcción de nuevas centrales nucleares nos haría más independientes del gas y el petróleo rusos. Los defensores de la energía nuclear saben, pero no lo cuentan, que actualmente nuestro país importa de Rusia más de la mitad del uranio que necesitan las centrales nucleares para su funcionamiento. Tampoco cuentan que la construcción de una central nuclear requiere una enorme inversión y tarda entre 10 y 20 años.
Por eso, nos reafirmamos en que las centrales nucleares no son, en absoluto, una alternativa para la soberanía energética de nuestro país ni del continente europeo. Comportan graves riesgos para la salud humana y el medio ambiente, que se mantienen durante siglos. Suponen un riesgo para la seguridad de las poblaciones, como nos han demostrado Fukushima, Chernóbil y tantos otros accidentes de centrales nucleares. Y, por si fuera poco, como estamos viendo en directo día a día, esta guerra ha mostrado que las centrales nucleares son un objetivo militar de primer orden, agravando la probabilidad y gravedad de un accidente con escape de material radiactivo.
Rechazamos la reciente decisión de la Comisión Europea cediendo a la presión del lobby nuclear y catalogando a este tipo de energía dentro de las energías sostenibles para la transición ecológica, en contra de los informes de los grupos técnicos asesores, distintos gobiernos europeos, numerosas organizaciones científicas y sociales y hasta el propio Acuerdo de Paris contra el Cambio Climático. Por eso, seguimos exigiendo el cierre de todas las centrales nucleares en el estado español, pues cuantos más años sigan abiertas, más prolongaremos el riesgo y aumentaremos la producción de residuos nucleares.
Igualmente pedimos que el gobierno español cancele los planes de ampliación del cementerio nuclear de El Cabril y fije un plazo para su cierre definitivo, abordando seriamente un plan de almacenamiento seguro de los residuos nucleares de media y alta actividad.
Por todo ello, desde la Asamblea Antinuclear de Córdoba hacemos un llamamiento a la ciudadanía cordobesa para concentrarnos el próximo viernes 11 de marzo a las 18 horas en la zona conocida como Jardines del Rocío, frente al Centro de Arte Contemporáneo, en el Parque de Miraflores de Córdoba. Plantaremos un nuevo ginkgo -árbol de los cuarenta escudos o nogal del Japón- para continuar formando “El Bosque de Fukushima”, que cuenta ya con diez árboles, uno por cada año transcurrido desde el accidente.
Un año más alzaremos nuestra voz para exigir LA NO AMPLIACIÓN DEL CABRIL Y SU CIERRE y que accidentes nucleares como el de Fukushima NUNCA VUELVAN A OCURRIR EN NINGÚN LUGAR DEL MUNDO.
La Asamblea Antinuclear agradece la colaboración del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, facilitando la logística necesaria para la plantación del árbol.
FORMAN PARTE DE LA ASAMBLEA ANTINUCLEAR DE CÓRDOBA:
ANIDA.Córdoba en Común.Ecologistas en Acción de Córdoba.HORNASOL, Asociación Ecologista de Hornachuelos.Ingeniería sin Fronteras, ISF.Izquierda Unida (IU-LV-CA).Partido Comunista de Andalucía, PCA Córdoba.Podemos.USTEA.Verdes EQUO.
