En los últimos días se ha impuesto la ruidosa táctica política de asesores y coaching, de efectos más que cuestionables, dejando sin embargo en el silencio mediático algunas medidas como las recientemente aprobadas para el apoyo a las pymes y autónomos, y deformando aún más la imagen de la política española en un momento decisivo de la pandemia, en que tampoco sale especialmente beneficiada la imagen de la Comisión Europea, de la política europea y de los estados miembros en la gestión de la vacunación. Podemos estar ante otra oportunidad perdida.
Por eso, nuestra intención con este artículo es trascender el ruido y la coyuntura, para aproximarnos a una de las materias que más tienen que ver con retos tan vitales para nuestro futuro, como la investigación, la formación y la recuperación de la economía.
El caso de la universidad, en donde se hace la mayor parte de la investigación en nuestro país, no es del todo fácil de descifrar. Oculta entre las imágenes que lanza la propia comunidad universitaria de sí misma y las críticas que recibe desde los diferentes ángulos, la realidad universitaria ha quedado lejos de los análisis equilibrados.
La desorientación actual de la universidad tiene, a nuestro modo de ver, varias causas. Alguna la conocemos bien porque tiene relación con la misión clásica de la universidad (la docencia). Otras sorprenden más porque no tenemos la costumbre de verlas. Entre ellas destaca el mayor énfasis que se ha puesto en los últimos años de la actividad investigadora sobre la docente, paradójicamente cuando ha habido menos compromiso y ayudas (y, por tanto, más concentradas) para la I+D. Esto ha marginado la docencia, que incluso se ha llegado a considerar un obstáculo para la promoción profesional abriendo aún más las puertas de su precarización. No sólo está más valorado ser "buen investigador" que "buen docente", sino que al primero se le premia con menos horas lectivas.
Por otro lado está el llamado plan Bolonia, que ha traído un adelgazamiento importante de los programas de las asignaturas y ha reducido la duración de los estudios, al tiempo que se ha acompañado de una gran proliferación de másteres.
Paralelamente, atraídas por la mercantilización de los másteres a la boloñesa, en los últimos años han proliferado las universidades privadas (38; la mayoría de reciente creación) que rompen el principio de igualdad y, como se ha demostrado en el reciente Observatorio del sistema universitario, incumplirían las exigencias del real decreto sobre reconocimiento, autorización y acreditación de centros universitarios que prepara el Ministerio de Universidades. Otra piedra más en el deterioro de la docencia y la investigación, así como en la privatización universitarias.
Si la universidad retrasa la puesta en marcha de las reformas que necesita, con verdaderas medidas de choque, y continúa por el camino de la inercia actual, se arriesga a seguir indefinidamente sin un proyecto estratégico
Y mientras el ministro de universidades sigue con la retórica complaciente de las bondades de la docencia telemática, haciendo de la necesidad virtud, anuncia (es un decir) la idea de una reforma de la ley sobre la financiación de la Universidad, en la que, la prioridad de una financiación mínima pasa casi desapercibida. Y es que si la universidad retrasa la puesta en marcha de las reformas que necesita, con verdaderas medidas de choque, y continúa por el camino de la inercia actual, se arriesga a seguir indefinidamente sin un proyecto estratégico.
La universidad se enfrenta a una situación complicada. El impacto de la crisis financiera de 2008 ha sido tremendo. El de la pandemia puede ser peor. Frente a ello, la conferencia de rectores carece hasta ahora de respuestas satisfactorias; no han sido capaces hasta hoy de enfrentar este desafío porque sus planteamientos son de pan para hoy y hambre para mañana y no están en disposición de plantear las reformas estructurales necesarias para salvar el sistema universitario. En concreto, si la investigación en la universidad es estructural y es, por tanto, una actividad esencial, tiene que haber mecanismos de financiación básicos, que no dependan de la financiación de un proyecto, y esta financiación estructural tendrá que atender el personal y las infraestructuras necesarias. Como tampoco puede lavarse las manos ante decisiones que haya tomado en el pasado y que no dieron los resultados que se buscaron, sino que debe hacer de la rendición de cuentas su modelo a seguir, ya sea en la investigación, en la gestión o en la docencia.
No queremos entrar ahora a valorar cuáles de estas cuestiones nos parecen más importantes o los matices que se puedan esconder en algunas de estas discusiones, que ya son viejas, sino llamar la atención sobre una realidad que no tiene duda: una universidad tiene que formar buenos médicos, abogados, psicólogos o filólogos, o no habrá progreso posible. Nuestra universidad ha resistido porque, pese a la falta de compromiso con ella, ha demostrado su consistencia en la formación de los profesionales. Está en juego, por lo tanto, el futuro del país cuya deriva de alejamiento del tren del conocimiento requiere de todos nuestros esfuerzos para revertir esa tendencia.
Por último, uno de los déficits crónicos de la universidad y las empresas está en la transferencia de conocimiento. ¿Pueden los fondos de reconstrucción europeos marcar un punto de inflexión? Con la pandemia han venido unos fondos europeos que deberían servir para realizar las grandes reformas que se necesitan en el ámbito universitario y económico. De hecho, la gestión de Next Generation EU es una gran oportunidad para impulsar la gran transformación estructural de nuestro frágil modelo productivo, con una excesiva dependencia de la industria de sol y playa. Sin embargo no somos capaces de ver ni las exigencias y compromisos de la comunidad universitaria ni las respuestas del gobierno.
Gaspar Llamazares y Miguel Souto Bayarri
