nuevatribuna.es
18 de enero de 2010, 10:50
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. 18.01.2010
“No me apunto de ninguna de las maneras” a la propuesta del equipo del Gobierno municipal. La frase es de José Montilla, una semana después de que el consistorio de Vic, donde el PSC gobierna en coalición con CiU y ERC, aprobara la polémica normativa que impide el empadronamiento a los inmigrantes irregulares.
El presidente de la Generalitat de Cataluña había pretendido hasta el momento mantenerse al margen pero las manifestaciones hechas desde La Moncloa y Ferraz le han obligado a tomar las riendas de la situación y ordenar a sus cuatro concejales que den marcha atrás.
Así lo ha hecho saber el viceprimer secretario y portavoz del PSC, Miquel Iceta, quien este lunes anunció que "ha instruido" a sus concejales en Vic para que impidan que la iniciativa sea votada en el pleno municipal expresando su confianza en que será así.
La rectificación llega después de que el propio Iceta asegurase la semana pasada que “en ningún caso” el PSC “pretende desautorizar al Ayuntamiento”, si bien aseguró que no veía “amparo legal” para poner en marcha una normativa que fue apoyada por los ediles de su partido. Tampoco quiso mojarse Montilla, quien tan solo se limitó a subrayar que “las leyes hay que respetarlas y cumplirlas”.
Días después y tras la cascada de críticas de miembros del Gobierno de Zapatero que se han mostrado tajantes en la obligación que tiene el consistorio de empadronar a los ‘sin papeles’, Montilla se ha manifestado en contra, aunque ha rechazado el “buenismo” en política de inmigración y ha alabado la gestión “modélica” del gobierno municipal, recordando que la realidad de Vic es “muy compleja” ya que la ciudad tiene un porcentaje de extracomunitarios que supera la media catalana.
Iceta detalló que octubre de 2009, el concejal de Vic de Asuntos Sociales, Joan López Carol (ERC), firmó un documento donde se establecía que el padrón "se limita a reflejar la residencia en un municipio" y que debe responder a la realidad poblacional, con lo que deben empadronarse a los extranjeros sin residencia permanente.
Según este texto, acordado en la mesa de ciudadanía e inmigración que se constituyó tras el Pacto Nacional de Inmigración, deben darse "máximas garantías" a los 'sin papeles' a renovar el padrón, porque este no es un "instrumento de control". En este sentido, indicó que quienes tratan de presentar el padrón como un instrumento de combate de la inmigración ilegal no sólo mienten, sino que "están intentando confundir a la opinión pública".
ERC PIDE QUE NO SE CRIMINALICE A VIC
Por su parte, el presidente de ERC, Joan Puigcercós, ha pedido que no se "criminalice" a Vic por la decisión de su ayuntamiento tras apuntar que, si se observa en profundidad el problema, la polémica desatada en esta población "no es más que una anécdota".
En una entrevista concedida a Catalunya Informació, el líder de Esquerra expresa su "respeto" por el consistorio de Vic ya que, a su juicio, ha hecho una tarea "muy importante" de arraigo de muchos inmigrantes y un "esfuerzo" por integrarlos en la comarca, que ha merecido el reconocimiento en el exterior.
En la raíz de la polémica desatada se encuentra, según Puigcercós, la existencia de una demanda creciente de servicios sociales en este municipio debido a la crisis y la escasez de recursos.
"Los ayuntamientos se encuentran con un problema muy serio de servicios sociales y el conflicto viene cuando es una parte importante de la población la que necesita estos servicios. La sensación es que los recursos son muy escasos y parece que hay que elegir quien se los lleva y siempre se acaba acusando a la población inmigrante de hacerlo, aunque no es así", ha apuntado.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Vic "ha tomado una decisión arriesgada", que, a su juicio, "no es la solución" porque, aunque no se empadronen, los inmigrantes continuarán estando allí.
En esta línea, el dirigente independentista ha confiado en que el consistorio de Vic acabará acatando lo que diga el Gobierno español sobre el padrón si se considera que la no inclusión de los inmigrantes sin papeles en el padrón no es conforme a ley.
“No me apunto de ninguna de las maneras” a la propuesta del equipo del Gobierno municipal. La frase es de José Montilla, una semana después de que el consistorio de Vic, donde el PSC gobierna en coalición con CiU y ERC, aprobara la polémica normativa que impide el empadronamiento a los inmigrantes irregulares.
El presidente de la Generalitat de Cataluña había pretendido hasta el momento mantenerse al margen pero las manifestaciones hechas desde La Moncloa y Ferraz le han obligado a tomar las riendas de la situación y ordenar a sus cuatro concejales que den marcha atrás.
Así lo ha hecho saber el viceprimer secretario y portavoz del PSC, Miquel Iceta, quien este lunes anunció que "ha instruido" a sus concejales en Vic para que impidan que la iniciativa sea votada en el pleno municipal expresando su confianza en que será así.
La rectificación llega después de que el propio Iceta asegurase la semana pasada que “en ningún caso” el PSC “pretende desautorizar al Ayuntamiento”, si bien aseguró que no veía “amparo legal” para poner en marcha una normativa que fue apoyada por los ediles de su partido. Tampoco quiso mojarse Montilla, quien tan solo se limitó a subrayar que “las leyes hay que respetarlas y cumplirlas”.
Días después y tras la cascada de críticas de miembros del Gobierno de Zapatero que se han mostrado tajantes en la obligación que tiene el consistorio de empadronar a los ‘sin papeles’, Montilla se ha manifestado en contra, aunque ha rechazado el “buenismo” en política de inmigración y ha alabado la gestión “modélica” del gobierno municipal, recordando que la realidad de Vic es “muy compleja” ya que la ciudad tiene un porcentaje de extracomunitarios que supera la media catalana.
Iceta detalló que octubre de 2009, el concejal de Vic de Asuntos Sociales, Joan López Carol (ERC), firmó un documento donde se establecía que el padrón "se limita a reflejar la residencia en un municipio" y que debe responder a la realidad poblacional, con lo que deben empadronarse a los extranjeros sin residencia permanente.
Según este texto, acordado en la mesa de ciudadanía e inmigración que se constituyó tras el Pacto Nacional de Inmigración, deben darse "máximas garantías" a los 'sin papeles' a renovar el padrón, porque este no es un "instrumento de control". En este sentido, indicó que quienes tratan de presentar el padrón como un instrumento de combate de la inmigración ilegal no sólo mienten, sino que "están intentando confundir a la opinión pública".
ERC PIDE QUE NO SE CRIMINALICE A VIC
Por su parte, el presidente de ERC, Joan Puigcercós, ha pedido que no se "criminalice" a Vic por la decisión de su ayuntamiento tras apuntar que, si se observa en profundidad el problema, la polémica desatada en esta población "no es más que una anécdota".
En una entrevista concedida a Catalunya Informació, el líder de Esquerra expresa su "respeto" por el consistorio de Vic ya que, a su juicio, ha hecho una tarea "muy importante" de arraigo de muchos inmigrantes y un "esfuerzo" por integrarlos en la comarca, que ha merecido el reconocimiento en el exterior.
En la raíz de la polémica desatada se encuentra, según Puigcercós, la existencia de una demanda creciente de servicios sociales en este municipio debido a la crisis y la escasez de recursos.
"Los ayuntamientos se encuentran con un problema muy serio de servicios sociales y el conflicto viene cuando es una parte importante de la población la que necesita estos servicios. La sensación es que los recursos son muy escasos y parece que hay que elegir quien se los lleva y siempre se acaba acusando a la población inmigrante de hacerlo, aunque no es así", ha apuntado.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Vic "ha tomado una decisión arriesgada", que, a su juicio, "no es la solución" porque, aunque no se empadronen, los inmigrantes continuarán estando allí.
En esta línea, el dirigente independentista ha confiado en que el consistorio de Vic acabará acatando lo que diga el Gobierno español sobre el padrón si se considera que la no inclusión de los inmigrantes sin papeles en el padrón no es conforme a ley.
