nuevatribuna.es
22 de enero de 2010, 6:51
NUEVATRIBUNA.ES - 21.1.2010
La respuesta jurídica del Gobierno a los planes de Vic de no empadronar a inmigrantes sin papeles no deja lugar a dudas: "La inscripción de los extranjeros en el padrón procede con independencia de que los mismos tengan o no residencia legal" en España y a estos efectos "debe entenderse y considerarse como válido y suficiente un pasaporte aunque no cuente con el preceptivo visado".
Estas son las conclusiones del informe de diez páginas que la Abogacía del Estado hizo público ayer en respuesta a la consulta del consistorio sobre si era válido o no registrar en el padrón a extranjeros cuyo pasaporte "no cuente con el preceptivo visado".
Ante la polémica levantada por la medida del municipio catalán, el alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), ha destacado "rotundamente" que "Vic no es xenófoba, es pionera en el modelo de inmigración" y que lo seguirá siendo, pero reclamó "un orden legal". Ha pedido al Estado que cumpla y que haga cumplir la Ley de Extranjería, también en favor de la inmigración, y que ayude económicamente y de forma directa a los ayuntamientos para atender las necesidades de los inmigrantes en situación irregular.
La decisión que este jueves ha tomado el consistorio sucede al espeso silencio que se hizo en la noche del miércoles, nada más difundirse el informe de la Abogacía del Estado. El alcalde y varios regidores de su equipo de gobierno (CiU, ERC y PSC) declinaron valorar el dictamen del Gobierno, argumentando que todavía no lo habían recibido por vía oficial y solo lo conocían a través de los medios de comunicación.
Antes de que el consistorio comunicara esa decisión, los ediles del PSC -que habían apoyado la medida junto con sus socios de CiU y ERC en el Ayuntamiento- ya habían comunicado que acatarían la decisión del abogado del Estado y retirarían su respaldo al veto.
Sin embargo, la iniciativa de no empadronar a los inmigrantes irregulares sigue contando con el apoyo de CiU. Su presidente, Artur Mas, ha asegurado en el Informativo Matinal de Hilario Pino que el respaldo a la propuesta "ha sido desde el principio de la polémica". Tal y como ha mantenido, "Vic es un modelo y ejemplo de integración de los inmigrantes" por lo que ha afirmado que "el Ayuntamiento hasta ahora ha hecho bien las cosas y las seguirán haciendo bien en un futuro". A su juicio, la Abogacía del Estado "sólo ha resuelto una duda de aspecto legal". Pese a ello, ha insistido en que Vic "ha hecho bien las cosas y las seguirá haciendo en un futuro".
Además, el presidente de CiU ha asegurado que "se entra en una contradicción" porque si "desde el Ejecutivo central se pide que todos hagan los deberes, ellos son los primeros que no hacen los suyos". Así, ha explicado que "la ley de Extranjería obliga a expulsar a los inmigrantes que no tienen papeles pero a la vez se dice que se les tiene que empadronar". Y, además, ha opinado que "ni la sanidad ni la educación están en peligro para los inmigrantes".
La formación xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC) a través de su presidente, Josep Anglada, había reclamado -sin éxito- que el ayuntamiento de Vic no se plegara a la Abogacía del Estado "teniendo en cuenta que el informe no tendría un carácter vinculante". Anglada había exigido a Vila d'Abadal mantener el criterio presentado por el primer informe interno elaborado por el Consistorio y había señalado que de no ser así, "lo más sensato sería dimitir por falta de lealtad". Señaló que cerrar el debate surgido, que califica de "fecundo y extraordinariamente rico e importante", es crear insatisfacción en un amplio sector de la sociedad.
El primer representante del Gobierno en reaccionar ante la decisión ha sido el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que ha asegurado que se "congratula" del giro de timón del consistorio de la localidad barcelonesa.
La respuesta jurídica del Gobierno a los planes de Vic de no empadronar a inmigrantes sin papeles no deja lugar a dudas: "La inscripción de los extranjeros en el padrón procede con independencia de que los mismos tengan o no residencia legal" en España y a estos efectos "debe entenderse y considerarse como válido y suficiente un pasaporte aunque no cuente con el preceptivo visado".
Estas son las conclusiones del informe de diez páginas que la Abogacía del Estado hizo público ayer en respuesta a la consulta del consistorio sobre si era válido o no registrar en el padrón a extranjeros cuyo pasaporte "no cuente con el preceptivo visado".
Ante la polémica levantada por la medida del municipio catalán, el alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), ha destacado "rotundamente" que "Vic no es xenófoba, es pionera en el modelo de inmigración" y que lo seguirá siendo, pero reclamó "un orden legal". Ha pedido al Estado que cumpla y que haga cumplir la Ley de Extranjería, también en favor de la inmigración, y que ayude económicamente y de forma directa a los ayuntamientos para atender las necesidades de los inmigrantes en situación irregular.
La decisión que este jueves ha tomado el consistorio sucede al espeso silencio que se hizo en la noche del miércoles, nada más difundirse el informe de la Abogacía del Estado. El alcalde y varios regidores de su equipo de gobierno (CiU, ERC y PSC) declinaron valorar el dictamen del Gobierno, argumentando que todavía no lo habían recibido por vía oficial y solo lo conocían a través de los medios de comunicación.
Antes de que el consistorio comunicara esa decisión, los ediles del PSC -que habían apoyado la medida junto con sus socios de CiU y ERC en el Ayuntamiento- ya habían comunicado que acatarían la decisión del abogado del Estado y retirarían su respaldo al veto.
Sin embargo, la iniciativa de no empadronar a los inmigrantes irregulares sigue contando con el apoyo de CiU. Su presidente, Artur Mas, ha asegurado en el Informativo Matinal de Hilario Pino que el respaldo a la propuesta "ha sido desde el principio de la polémica". Tal y como ha mantenido, "Vic es un modelo y ejemplo de integración de los inmigrantes" por lo que ha afirmado que "el Ayuntamiento hasta ahora ha hecho bien las cosas y las seguirán haciendo bien en un futuro". A su juicio, la Abogacía del Estado "sólo ha resuelto una duda de aspecto legal". Pese a ello, ha insistido en que Vic "ha hecho bien las cosas y las seguirá haciendo en un futuro".
Además, el presidente de CiU ha asegurado que "se entra en una contradicción" porque si "desde el Ejecutivo central se pide que todos hagan los deberes, ellos son los primeros que no hacen los suyos". Así, ha explicado que "la ley de Extranjería obliga a expulsar a los inmigrantes que no tienen papeles pero a la vez se dice que se les tiene que empadronar". Y, además, ha opinado que "ni la sanidad ni la educación están en peligro para los inmigrantes".
La formación xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC) a través de su presidente, Josep Anglada, había reclamado -sin éxito- que el ayuntamiento de Vic no se plegara a la Abogacía del Estado "teniendo en cuenta que el informe no tendría un carácter vinculante". Anglada había exigido a Vila d'Abadal mantener el criterio presentado por el primer informe interno elaborado por el Consistorio y había señalado que de no ser así, "lo más sensato sería dimitir por falta de lealtad". Señaló que cerrar el debate surgido, que califica de "fecundo y extraordinariamente rico e importante", es crear insatisfacción en un amplio sector de la sociedad.
El primer representante del Gobierno en reaccionar ante la decisión ha sido el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que ha asegurado que se "congratula" del giro de timón del consistorio de la localidad barcelonesa.
