La Unión General de Trabajadores reitera, con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia de género, su compromiso en la lucha contra la violencia sobre las mujeres, garantizando la protección en el ámbito laboral a las víctimas a través de la negociación colectiva y colaborando con las distintas administraciones en la puesta en marcha de las medidas para prevenir, combatir y erradicar la violencia de género. El sindicato, por otra parte, anima a la participación en las movilizaciones que se convoquen el día 25 de noviembre.
Para UGT, la situación de crisis económica no puede servir para justificar retrocesos en la lucha contra la violencia sobre las mujeres y en las políticas de igualdad, porque es un problema ante el que toda la sociedad debe tomar parte activa. En este sentido, demanda al Gobierno recuperar y aumentar los recursos para combatirla porque actualmente el apoyo a las víctimas de violencia no es una prioridad para este Gobierno.
La política del Gobierno está plagada de contradicciones e incongruencias. Plantea la necesidad de impulsar una educación en valores de igualdad y respeto a los derechos fundamentales en colaboración con las administraciones educativas públicas y aprueba la Ley Wert, que supone un retroceso para los cambios necesarios en los estereotipos sexistas y educativos contra la violencia de género. De la misma manera que aprueba la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género 2013-2016 y plantea la reforma de la Administración local que deja aún más desprotegidas a las víctimas al desaparecer las competencias municipales de igualdad.
La Unión considera que, entre otras medidas, hay que hacer un esfuerzo por sensibilizar e informar a las víctimas de violencia de todos los instrumentos a su alcance psicológicos, jurídicos, laborales y económicos; aumentar la inversión en igualdad entre mujeres y hombres para eliminar las barreras sociales, laborales y económicas; recuperar y reforzar las acciones en el ámbito educativo contra la violencia de género, y de forma prioritaria en la infancia y adolescencia y mejorar la colaboración entre todas las administraciones competentes, con el fin de coordinar las actuaciones del conjunto de profesionales implicados en el tratamiento de las víctimas de la violencia de género, sanitarios, servicios sociales, cuerpos policiales y de seguridad, judicatura, fiscalía, servicios de empleo, etc.
En el ámbito laboral, el sindicato reitera que es preciso impulsar el trabajo coordinado de los interlocutores sociales y el Gobierno para mejorar la actuación de las empresas, tanto en la contratación como en la vigilancia y control del respeto a los derechos laborales de las trabajadoras víctimas de violencia de género.
