Los sindicatos UGT y CCOO han criticado la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de denegar el permiso para celebrar una concentración en la Plaza de Neptuno de Madrid en contra de la reforma laboral del Gobierno, calificando esta decisión de "atentado a la democracia".
Las plataformas sindicales habían comunicado a la Delegación su intención de concentrarse en la plaza de Neptuno, muy cerca del Congreso de los Diputados, durante el debate de una iniciativa legislativa popular (ILP) en contra de la reforma laboral.
"La Delegación del Gobierno ha impedido que se ejerza un derecho democrático a las organizaciones sindicales más representativas de ámbito estatal, cuya posición de defensa de la Constitución está más que probada. Es un hecho completamente repudiable", ha zanjado
Sin embargo, el departamento que encabeza Cristina Cifuentes ha denegado el permiso, alegando que coincide con un Pleno de la Cámara baja y que incidiría sobre la movilidad de una arteria importante de la capital durante un tiempo excesivamente prolongado. Los sindicatos recurrieron entonces ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) pero, al "no aportar el acuerdo corporativo ni los estatutos de los sindicatos recurrentes", se inadmitió el recurso.
HECHO "TOTALMENTE REPUDIABLE"
Así, al concluir el debate parlamentario de la ILP, el secretario confederal de Acción Sindical de CC.OO., Ramón Gorriz, ha afirmado en declaraciones a los medios que la decisión constituye "un atentado a la Democracia".
"(La decisión) dice mucho del concepto democrático de la libertad de manifestación y expresión que tienen la delegada del Gobierno y el PP", ha añadido, afirmando por último que "se ha puesto al descubierto el intento de criminalizar a las organizaciones sindicales a la hora de expresar sus propuestas y alternativas".
Por su parte, su homólogo de UGT, Toni Ferrer, también ha calificado la medida de "déficit democrático" ya que los sindicatos habían pedido los permisos pertinentes. "La Delegación del Gobierno ha impedido que se ejerza un derecho democrático a las organizaciones sindicales más representativas de ámbito estatal, cuya posición de defensa de la Constitución está más que probada. Es un hecho completamente repudiable", ha zanjado
