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NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. - 15.04.2009

Trinidad Jiménez ha iniciado su mandato al frente del Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales dando un nuevo impulso a la Ley de Dependencia, área a la que quiere prestar especial atención y que después de más de dos años de su entrada en vigor ha evidenciado importantes desigualdades entre las comunidades autónomas.

La ministra se ha reunido este martes con los consejeros autonómicos en el seno del Consejo Territorial de la Dependencia para abordar el reparto de fondos para este año. Trinidad Jiménez ha pedido a las CCAA "lealtad y cooperación para estos tiempos de crisis", con el objetivo �ha dicho- de que los ciudadanos tengan la percepción de que “somos leales” los unos con los otros y transmitirles “confianza”.

LEALTAD EN TIEMPOS DE CRISIS

“Este momento de incertidumbre, de crisis, es cuando los ciudadanos necesitan ver a los políticos trabajando de forma leal para conseguir resolver sus problemas. Es una enorme responsabilidad la que tenemos por delante", ha destacado. En este sentido, ha recalcado que "los ciudadanos tienen que percibir esa colaboración permanente entre las distintas administraciones. Necesitan confianza y somos nosotros quienes tenemos que ofrecerles esa confianza".

Jiménez ha anunciado un aumento del presupuesto para 2009 con respecto a 2008 y ha pedido crear un código de buenas prácticas sobre la aplicación de la Ley con el fin de "ser más ágiles, más eficaces en las respuestas que ofrezcamos a las personas que tienen el derecho a recibir una prestación". En la reunión del Consejo -el primero que se celebra desde el pasado 22 de diciembre- la ministra ha calificado de “hito histórico” la consolidación de este “nuevo derecho" que constituye el cuarto pilar del Estado de bienestar.

"Se ha empezado a desarrollar la ley, pero sabemos que aún no es suficiente. Tenemos que atender a más personas dependientes y a sus familias y hacerlo cuanto antes. Os aseguro que vais a contar con el apoyo de este Gobierno y desde luego, de esta ministra", ha transmitido Trinidad Jiménez a los consejeros.

MÁS FONDOS PARA LOS QUE MÁS AYUDAN

En el encuentro, los representantes de los distintos gobiernos autonómicos han acordado la fórmula para distribuir la partida de 283 millones (lo que supone un incremento del 17,5% con respecto a 2008) del total de 1.558 con los que cuenta la dotación presupuestaria para este año.

La propuesta de la ministra ‘premia’ a las comunidades autónomas (como Navarra, La Rioja, Cataluña o Andalucía) que más ayudas están dando a las personas dependientes, ya que el 20% de esa partida se repartirá en función del número de dependientes que estén siendo atendidos con fecha 1 de abril, castigando así a aquellas comunidades como Madrid y Valencia �gobernadas por el PP- que a pesar de ser de las más pobladas menor número de personas dependientes tienen reconocidas. El 80% restante se distribuirá en función de la población.

El Estado también pone en manos de las administraciones locales una partida de 400 millones de euros para infraestructuras que den servicio a dependientes, y que se recoge en el Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo.

Según ha informado la ministra, la memoria de actividades de la Ley de Dependencia recoge que son 628.614 los beneficiarios y ha demandado a los consejeros "dar un paso más, un paso hacia delante, seguir avanzando en la consecución de un derecho al que ya no se puede renunciar".

MODELO MIXTO DE FINANCIACIÓN

Desde que fue aprobada en 2006, la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia ha pasado ya por dos ministerios: el de Trabajo y Asuntos Sociales que dirigió Jesús Caldera; y el de Educación, Política Social y Deporte con la recientemente cesada Mercedes Cabrera.

Según recoge el estudio Crisis económica y Estado del Bienestar: una aproximación a la protección social en España publicado por la Fundación 1� de Mayo, entre 2006 y 2008 se han destinado 2.400 millones en ayudas para la dependencia. El número de prestaciones reconocidas con fecha marzo de 2009 es de 567.068, lo que supone un 72% de las solicitudes.

El sistema cuenta con un modelo mixto de financiación, en el que el Estado garantiza el mínimo de protección y las CCAA deben aportar al menos la mitad de lo que da la Administración General.

Dicho informe pone de relieve que la aplicación de la Ley está siendo lenta en relación con el calendario previsto. “A pesar de que se están dando pasos importantes, la implantación del sistema no se está desarrollando de forma homogénea, existiendo notables diferencias territoriales entre las distintas comunidades autónomas con respecto a la transposición del desarrollo normativo, la valoración de la dependencia y la recepción de las solicitudes”, dice.

> PDF: Estudio de la Fundación 1� de Mayo sobre Protección Social

Trinidad Jiménez "premia" a las CCAA que más ayudan a los dependientes