nuevatribuna.es
16 de julio de 2009, 7:10
NUEVATRIBUNA.ES - 16.07.2009
Alrededor de 2,4 millones de personas en el mundo son víctimas de la explotación sexual y laboral. Cerca de la mitad, un 43%, son explotadas sexualmente, un 32% es explotada laboralmente y un 25% sufre ambos castigos. Pero los datos son más espeluznantes cuando se conoce que del total de afectados, 1,2 millones son niños.
Los datos que se tienen sobre este crimen en España son muy difusos. Esta es una de las principales críticas que hace Amnistía Internacional (AI) al gobierno español y a su Plan Integral contra la Trata. Datos ofrecidos por Save the Children aseguran que aproximadamente 3.200 niños al día son víctimas de trata en todo el mundo.
Lo que es conocido por todos, es que España se ha convertido en uno de los principales países de destino y tránsito de mujeres con fines de explotación sexual. Sin embargo las cifras no lo esclarecen: “En muchas ocasiones meten a las mujeres víctimas de trata en la lista de inmigrantes irregulares o de violencia de género, mezclan todo y así no podemos hacer estudios más concretos sobre el problema en España”, explica a nuevatribuna.es la investigadora María Naredo.
EL PROBLEMA DE LA IDENTIFICACIÓN
Según denuncia Amnistía Internacional, la principal laguna del Plan Integral de Trata que puso en marcha la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, es que carece de un procedimiento que garantice a correcta identificación de las víctimas. “Normalmente son las ONG las que están más especializadas y las que ayudan a las fuerzas del estado, pero el primer contacto, el principal, no lo hace ningún especialista”, explica Naredo.
La policía es la que tiene el primer cara a cara con la víctima. La calle o los prostíbulos suelen ser el lugar del encuentro: “Las identifican por primera vez en medio de una redada y en vez de tratarlas como víctimas y tener un protocolo de actuación, sólo señalan su condición de inmigrante irregular y su procedimiento de expulsión”, denuncia Naredo.
Desde la ONG Proyecto Esperanza, especializada en Trata de blancas, señalan que en España esta lacra se trata “como si fuese un problema de orden público y de control de inmigración y no desde la perspectiva de la protección de las víctimas de un grave delito”.
Esta obsesión por vincular este delito con la inmigración irregular provoca otro de los errores más graves de identificación, y es la dificultad de detectar a las víctimas españolas o comunitarias. Representantes de ONG especializadas en el tema han confirmado que “en el caso de las rumanas, que ya son europeas, los propios policías les han llegado a decir que ya no les interesa su situación, por lo que no se las identifica, ni deriva, ni informa”, denuncian.
CHANTAJE POLICIAL
Una vez identificadas, la Policía procede a elaborar el procedimiento de expulsión, con lo que ya se comienza a vulnerar uno de los derechos fundamentales de las víctimas que es el periodo de reflexión de al menos 30 días.
Las fuerzas de seguridad no sólo vulneran este derecho, sino que comienzan una espiral de chantaje, que sólo ayuda a crear una tormenta y un sufrimiento todavía mayor en las cabezas de estas mujeres violadas y maltratadas durante infinitos días: “La Policía comienza a detectar qué mujeres se atreverían a colaborar y entonces les proponen que si lo hacen no serán enviadas a un Centro de Internamiento, pero si no, serán expulsadas directamente”, señala una representante de Proyecto Esperanza.
Aparentemente no tiene muchas opciones, sin embargo a la realidad a la que se enfrentan y el trauma psicológico que llevan encima pueden variar la supuesta colaboración. Independientemente de la primera colaboración, estas mujeres son enviadas a los CIE (Centros de Internamiento Españoles), lugar donde encierran a los inmigrantes irregulares. Además de que encarcelarlas es la peor opción, en muchas ocasiones las envían al mismo centro que está el chulo que las maltrataba y sus ayudantes, afirma una trabajadora social de Proyecto Esperanza que añade: “Si después de liberarlas las encierran en el mismo lugar que al tipo que las esclavizó, me dirás tú que colaboración o qué recuperación van a tener”.
Las valientes que deciden colaborar tampoco lo tiene nada fácil. En un primer momento la Policía les dice que sólo “colaboren” pero después les piden que “denuncien” para poder conseguir un permiso de residencia y no ser expulsadas a sus países. Pero este derecho sólo es aplicable a las víctimas de trata cuyo tratante responda a la definición de ‘red criminal’, aquellos que no pertenecen a esta tipología no tienen interés y por lo tanto las víctimas no pueden aspirar al codiciado permiso, además de ser encerradas en un CIE.
SIN RECURSOS: UN FUTURO MÁS QUE INCIERTO
Los horrores no terminan cuando son liberadas, sólo se apaciguan. Miedo a que las vuelva detectar una mafia, a las represalias, a su situación irregular (en la mayoría del os casos) y a su vida en un CIES sin ayuda psicológica y sin ningún protocolo de ayuda.
A pesar de que Amnistía Internacional insiste en la ventaja de tener un Plan Integral contra la Trata, también denuncia que hay “demasiadas cosas que no se han contemplado”. En España no existen oficinas de atención a las víctimas, muy habituales en otros países europeos. La atención psicológica se lleva a cargo de ONG, y en España, la única especializada en el problema es Proyecto Esperanza.
El lugar de alojamiento que exige el Convenio Europeo tampoco existe. En el caso de las irregulares, la mayoría son trasladadas a CIE’s y en el caso de las menores la situación es casi pero porque son derivadas a recursos genéricos de atención a la infancia carentes de una especialidad adecuada para atenderlas.
La falta de recursos se une a la desigualdad territorial, ya que algunas comunidades tienen leyes específicas y pueden ofrecer un mejor alojamiento, mientras en otras, estas mujeres están dentro de violencia de género o de ayuda al inmigrante.
El Plan de Acción contra la Trata de Seres Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha pedido al Gobierno español que ponga en marcha de manera inminente albergues de protección a las víctimas y atención psicológica especializada. Mientras no lo lleven a cabo las ONG seguirán denunciando el constante maltrato que sufren estas mujeres.
Alrededor de 2,4 millones de personas en el mundo son víctimas de la explotación sexual y laboral. Cerca de la mitad, un 43%, son explotadas sexualmente, un 32% es explotada laboralmente y un 25% sufre ambos castigos. Pero los datos son más espeluznantes cuando se conoce que del total de afectados, 1,2 millones son niños.
Los datos que se tienen sobre este crimen en España son muy difusos. Esta es una de las principales críticas que hace Amnistía Internacional (AI) al gobierno español y a su Plan Integral contra la Trata. Datos ofrecidos por Save the Children aseguran que aproximadamente 3.200 niños al día son víctimas de trata en todo el mundo.
Lo que es conocido por todos, es que España se ha convertido en uno de los principales países de destino y tránsito de mujeres con fines de explotación sexual. Sin embargo las cifras no lo esclarecen: “En muchas ocasiones meten a las mujeres víctimas de trata en la lista de inmigrantes irregulares o de violencia de género, mezclan todo y así no podemos hacer estudios más concretos sobre el problema en España”, explica a nuevatribuna.es la investigadora María Naredo.
EL PROBLEMA DE LA IDENTIFICACIÓN
Según denuncia Amnistía Internacional, la principal laguna del Plan Integral de Trata que puso en marcha la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, es que carece de un procedimiento que garantice a correcta identificación de las víctimas. “Normalmente son las ONG las que están más especializadas y las que ayudan a las fuerzas del estado, pero el primer contacto, el principal, no lo hace ningún especialista”, explica Naredo.
La policía es la que tiene el primer cara a cara con la víctima. La calle o los prostíbulos suelen ser el lugar del encuentro: “Las identifican por primera vez en medio de una redada y en vez de tratarlas como víctimas y tener un protocolo de actuación, sólo señalan su condición de inmigrante irregular y su procedimiento de expulsión”, denuncia Naredo.
Desde la ONG Proyecto Esperanza, especializada en Trata de blancas, señalan que en España esta lacra se trata “como si fuese un problema de orden público y de control de inmigración y no desde la perspectiva de la protección de las víctimas de un grave delito”.
Esta obsesión por vincular este delito con la inmigración irregular provoca otro de los errores más graves de identificación, y es la dificultad de detectar a las víctimas españolas o comunitarias. Representantes de ONG especializadas en el tema han confirmado que “en el caso de las rumanas, que ya son europeas, los propios policías les han llegado a decir que ya no les interesa su situación, por lo que no se las identifica, ni deriva, ni informa”, denuncian.
CHANTAJE POLICIAL
Una vez identificadas, la Policía procede a elaborar el procedimiento de expulsión, con lo que ya se comienza a vulnerar uno de los derechos fundamentales de las víctimas que es el periodo de reflexión de al menos 30 días.
Las fuerzas de seguridad no sólo vulneran este derecho, sino que comienzan una espiral de chantaje, que sólo ayuda a crear una tormenta y un sufrimiento todavía mayor en las cabezas de estas mujeres violadas y maltratadas durante infinitos días: “La Policía comienza a detectar qué mujeres se atreverían a colaborar y entonces les proponen que si lo hacen no serán enviadas a un Centro de Internamiento, pero si no, serán expulsadas directamente”, señala una representante de Proyecto Esperanza.
Aparentemente no tiene muchas opciones, sin embargo a la realidad a la que se enfrentan y el trauma psicológico que llevan encima pueden variar la supuesta colaboración. Independientemente de la primera colaboración, estas mujeres son enviadas a los CIE (Centros de Internamiento Españoles), lugar donde encierran a los inmigrantes irregulares. Además de que encarcelarlas es la peor opción, en muchas ocasiones las envían al mismo centro que está el chulo que las maltrataba y sus ayudantes, afirma una trabajadora social de Proyecto Esperanza que añade: “Si después de liberarlas las encierran en el mismo lugar que al tipo que las esclavizó, me dirás tú que colaboración o qué recuperación van a tener”.
Las valientes que deciden colaborar tampoco lo tiene nada fácil. En un primer momento la Policía les dice que sólo “colaboren” pero después les piden que “denuncien” para poder conseguir un permiso de residencia y no ser expulsadas a sus países. Pero este derecho sólo es aplicable a las víctimas de trata cuyo tratante responda a la definición de ‘red criminal’, aquellos que no pertenecen a esta tipología no tienen interés y por lo tanto las víctimas no pueden aspirar al codiciado permiso, además de ser encerradas en un CIE.
SIN RECURSOS: UN FUTURO MÁS QUE INCIERTO
Los horrores no terminan cuando son liberadas, sólo se apaciguan. Miedo a que las vuelva detectar una mafia, a las represalias, a su situación irregular (en la mayoría del os casos) y a su vida en un CIES sin ayuda psicológica y sin ningún protocolo de ayuda.
A pesar de que Amnistía Internacional insiste en la ventaja de tener un Plan Integral contra la Trata, también denuncia que hay “demasiadas cosas que no se han contemplado”. En España no existen oficinas de atención a las víctimas, muy habituales en otros países europeos. La atención psicológica se lleva a cargo de ONG, y en España, la única especializada en el problema es Proyecto Esperanza.
El lugar de alojamiento que exige el Convenio Europeo tampoco existe. En el caso de las irregulares, la mayoría son trasladadas a CIE’s y en el caso de las menores la situación es casi pero porque son derivadas a recursos genéricos de atención a la infancia carentes de una especialidad adecuada para atenderlas.
La falta de recursos se une a la desigualdad territorial, ya que algunas comunidades tienen leyes específicas y pueden ofrecer un mejor alojamiento, mientras en otras, estas mujeres están dentro de violencia de género o de ayuda al inmigrante.
El Plan de Acción contra la Trata de Seres Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha pedido al Gobierno español que ponga en marcha de manera inminente albergues de protección a las víctimas y atención psicológica especializada. Mientras no lo lleven a cabo las ONG seguirán denunciando el constante maltrato que sufren estas mujeres.
