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jueves. 09.02.2023

Las políticas de intensificación del trabajo docente, bajo la cobertura del “ahorro de costes”, están en el primer plano de la actualidad en la enseñanza secundaria, donde se han puesto de manifiesto los “recortes” en profesores y su inmediata repercusión en la calidad de la enseñanza. Las profesoras y profesores de Universidad, los estudiantes y el Personal de Administración y Servicios tenemos razones sobradas para sumarnos a la defensa de la educación pública. Porque la misma política ‘ahorradora’ está teniendo lugar en las Universidades, invalidando las buenas palabras de que el cambio hacia el llamado modelo Bolonia, sería una revolución en la enseñanza universitaria.

En la práctica, lo que está sucediendo en las Universidades es que una política de ahorro de costes, de no contratación de nuevos profesores o profesoras, e incremento notable de la carga docente de los actuales, se dobla con el aumento, también desmesurado, del número de estudiantes por clase, o sea por profesor o profesora. Las que se llamaron ‘asignaturas piloto para la convergencia europea’, que se ensayaron hasta 2009, limitaban la matrícula a 25 estudiantes, ahora tenemos 70, 80, 90 y más, según los Grados. Eso sí, con distribuciones horarias un tanto surrealistas para enmascarar la imposible atención personal o virtual a los y las estudiantes.

Un ejemplo cercano a quien esto firma, es, precisamente la Universidad Complutense. El documento llamado “Actualización de la dedicación docente del profesorado”, es el marco para las nuevas y más estresantes condiciones de trabajo para los profesores y profesoras, para este curso que empieza, 2011-2012.

El argumento subyacente de esa norma está marcado por una idea matriz: la escasez de recursos y el no contratar más profesores o profesoras. Aplicar la norma “sin que ello suponga aumento de gasto de personal”. Incrementar la carga docente del profesorado, para justificar que no se contratan nuevas personas. Para la intensificación del trabajo.

Ese documento, “Actualización…”, pretendía basarse, especialmente, en el artículo 9 del RD 898/1985 (BOE del 15 de junio de 1985). De manera contraria al artículo que cita, se dice que “señala que la dedicación semanal del profesorado funcionario es de 37,5 horas”. Sin embargo, ese artículo dice que “La duración de la jornada laboral de los Profesores con régimen de dedicación a tiempo completo será la que se fije con carácter general para los funcionarios de la Administración Pública”.

Por tanto, y casualmente, se ‘interpreta’ que la duración de la jornada laboral es tiempo de dedicación docente. Para luego pretender que las 37, 5 horas de jornada semanal dan para todo: 8 a horas lectivas, 6 a tutorías, un tercio de la jornada a investigación y, añade, todavía le quedarían 11 horas para otras cuestiones. Un taylorista no lo haría mejor. Cualquier espacio ‘vacio’ puede rellenarse: ningún poro en la jornada laboral. Una perla para organizadores de la producción: “si los estudiantes no demandan atención en algunas horas de tutorías, éstas pueden ser utilizadas para la preparación de las clases, materiales docentes, corrección de trabajos, etc.”.

Parece una broma, de muy mal gusto, pero va en serio. Tanto que rige la organización de la dedicación de profesoras y profesores en la UCM. Documentos o normas de este tipo nos quieren hacer pensar que se confunde jornada laboral, con horas de clase, como la señora Aguirre con los profesores de Instituto. Que las clases no se preparan, uno o una no se forma, lee, consulta la biblioteca, investiga, hace trabajo de campo, presenta informes, escribe artículos, etc. Y todo ello, precisamente redunda en la mejor calidad del contenido de sus clases. Que toda la jornada laboral de un profesor debe estar saturada de reuniones, clases, tutorías, etc., como si ese trabajo se inspirara en el aire.

Los cálculos del documento, ahora convertidos en ‘norma’, son una parodia, a veces de la cuenta de la vieja. Veamos un ejemplo importante. Como son 8 horas semanales de clase presencial las que el viejo decreto atribuye a los profesores, basta con decir que el curso son unas 30 semanas para tener las 240 horas que se ponen como máxima dedicación anual.

La orientación casi stajanovista y, desde luego, de ahorro de costes, queda más que patente cuando se desglosa lo que es la “contabilidad de la dedicación docente”. Las clases teóricas o prácticas se miden por “las horas respectivas”. Adiós a las ilusiones de Bolonia de una enseñanza distinta en fondo y forma: las horas de clase son ‘como las de siempre’. Y no es lo mismo, creemos muchos, porque el trabajo de enseñar no es tan sólo, desde luego, el ‘estar en clase’, la presencia física. Nos tememos que las ganas de enseñar mejor y con calidad han pasado a un segundo plano, ahogadas por la ‘economía de profesores’ en esta perspectiva. ¿Se puede hacer una enseñanza de calidad ‘a coste cero’?. O, peor aún, a costes lo más baratos posibles: contratos precarios, más asociados, o saturación de clases para ayudantes en formación. Y si hace falta ‘estirar’ las normas, necesidad obliga...

Y ya podemos olvidarnos del Plan de Dedicación Académica (PDA), que permitía justificar hasta 9 créditos o 90 horas, de esas 240 de la cuenta de la vieja, por dedicación a la investigación. Lo que todas las normas y estatutos dicen: un profesor universitario es también un investigador. La PDA incluía el dirigir tesis doctorales, publicar libros, sexenios de investigación, trabajar en comités de revistas, dirigir o participar en investigaciones... Ya se nos avisa en otro documento paralelo a la “Actualización…” de que “en ningún caso” servirá su aplicación para no cumplir la dedicación estrictamente docente de los Departamentos “amparándose en la necesidad de profesorado como resultado de los cómputos que se proponen”.

Es un auténtico fantasma el que persigue a los redactores de estas normas y a los gestores de los presupuestos universitarios: ninguna contratación de profesores, cero costes, allá se las arreglen los que están, con más grados, más masteres, más alumnos... Y que investiguen ellos, como diría don Miguel. Los profesores y profesoras más jóvenes, o con menos capacidad de influencia en sus Departamentos sufrirán muy especialmente esta desbocada ofensiva del ‘todo a cien’. ¿Cómo van a investigar si les saturan de clases, si no les dan un respiro intelectual?.

Y queda aún un punto importantísimo por tratar Nada se dice, pues se ha eliminado completamente cualquier cómputo en términos de número de estudiantes. Hemos pasado, como decíamos al principio, de un límite de 25 estudiantes matriculados en las Asignaturas Piloto de la Convergencia Europea, a que en la realidad de la matriculación actual, del pasado año y del presente curso, estemos en distintas Facultades y Grados con matrículas de 90 estudiantes, y más.

Cuando los decanatos apliquen estos criterios maximalistas, aprobados por un Rectorado que ya no gobierna la UCM, acabarán creyendo que han conseguido un gran avance si, formalmente, reducen un poco el número de estudiantes por aula y profesor. La realidad es que hemos retrocedido varios años. Que la calidad difícilmente se cultiva en esos términos. Que el trabajo docente no puede ser decente por más que los profesores y profesoras pongamos nuestra más grande ilusión y dedicación en la enseñanza.

Hace falta, en mi opinión, que el nuevo Rector, el Dr. Carrillo y su equipo, aborden este asunto con urgencia, y no sólo con un plan a medio plazo, como anunció en su campaña electoral, lo que es muy importante. Se necesitan, también, a mi juicio, medidas de rectificación a corto plazo, que permitan abrir horizontes para los y las jóvenes doctores o licenciados que aspiran a trabajar en la Universidad. Por ejemplo limitar el número de estudiantes por grupo, sin perjuicio de que existan más grupos; y, en ese caso, abrir la contratación con perspectivas de carrera para nuevos profesores o profesoras. Y así otras muchas posibilidades de las que nos gustaría que debatiéramos cuanto antes.

Para poder trabajar, enseñar e investigar, y estar orgullosos de nuestra profesión, de nuestra Universidad, hay que decir basta a estos engendros normativos que, so pretexto de las presiones del entorno, ‘la economía va mal’, ‘la Comunidad nos ahoga’, convierte el trabajo docente en trabajo no decente. Contribuye a poner en quiebra la calidad de la enseñanza en la Universidad pública.

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