nuevatribuna.es
30 de marzo de 2010, 3:28
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. 26.03.2010
Genocidio y República son los dos conceptos básicos que alumbran la iniciativa legislativa popular de “verdad, justicia y reparación” y sus dos ejes, los movimientos memorialista y republicano.
La proposición de ley sigue avanzando con la conformación de las primeras plataformas constituidas en varios lugares de España como base para difundir y explicar a la ciudadanía el contenido de la misma, paso previo a la recogida de 500.000 firmas.
Una vez constituido el comité jurídico, en el que figuran nombres como Joan Garcés o Cristina Almeida, y el comité de apoyo, más de una veintena de organizaciones de memoria histórica y del movimiento republicano, como la asociación Fusilamientos Franquistas en Madrid; Unidad Cívica por la República; o el histórico partido Izquierda Republicana fundado en 1934 por Manuel Azaña, han impulsado la creación de las primeras gestoras, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia…
La idea es empezar a vertebrar todo un mapa que pueda extenderse a otras poblaciones y capitales de provincia a modo de “trincheras” de este movimiento cívico donde se recogerán las opiniones y sugerencias para la redacción final de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para ser presentado en el Congreso de los Diputados el próximo mes de julio.
En paralelo, se han empezado a celebrar varios actos en Madrid, Barcelona y el sábado 27 de marzo en Valencia, en la localidad de Quart del Poblet, donde el ayuntamiento gobernado por el PSOE ha prestado una de sus instalaciones. Entre los organizadores está José Alfonso Martínez, de Izquierda Republicana de Valencia. Como ponentes intervendrán el impulsor de la iniciativa, Miguel Ángel Rodríguez Arias, profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha; y José Luis Pitarch, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València y presidente de Unidad Cívica por la República.
En un comunicado remitido a los medios, Pitarch apela al artículo 87 de la Constitución Española que recoge “la necesidad de intensificar la participación de los ciudadanos en la vida pública, y particularmente su intervención directa en la producción de las leyes, ya que la soberanía reside en el pueblo del que emanan los poderes del Estado”. También destaca que con esta iniciativa se busca “abrir vías para que las Cortes aprueben leyes cuya necesidad es ampliamente sentida por los ciudadanos, sin que las formaciones o partidos políticos se hagan el debido eco”. A su juicio, la importancia de esta iniciativa radica en su “sentido dialéctico” y de “toma de conciencia” ante la impunidad de los crímenes del franquismo.
Las gestoras constituidas celebrarán periódicas sesiones de trabajo. La estructura pretende recabar apoyos, previo paso para recoger las firmas en el plazo legal de nueve meses una vez admitida la ILP en el Congreso de los Diputados, que en caso de ser rechazada, podría recurrirse al Tribunal Constitucional, asegura Pitarch.
Asimismo, este movimiento pondrá voz al exilio desde Buenos Aires (Argentina) y París (Francia), lugares donde ya han empezado a organizarse. Cientos de miles de represaliados se vieron obligadas a exiliarse durante la Guerra Civil y el Franquismo a Sudamérica y Europa.
Genocidio y República son los dos conceptos básicos que alumbran la iniciativa legislativa popular de “verdad, justicia y reparación” y sus dos ejes, los movimientos memorialista y republicano.
La proposición de ley sigue avanzando con la conformación de las primeras plataformas constituidas en varios lugares de España como base para difundir y explicar a la ciudadanía el contenido de la misma, paso previo a la recogida de 500.000 firmas.
Una vez constituido el comité jurídico, en el que figuran nombres como Joan Garcés o Cristina Almeida, y el comité de apoyo, más de una veintena de organizaciones de memoria histórica y del movimiento republicano, como la asociación Fusilamientos Franquistas en Madrid; Unidad Cívica por la República; o el histórico partido Izquierda Republicana fundado en 1934 por Manuel Azaña, han impulsado la creación de las primeras gestoras, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia…
La idea es empezar a vertebrar todo un mapa que pueda extenderse a otras poblaciones y capitales de provincia a modo de “trincheras” de este movimiento cívico donde se recogerán las opiniones y sugerencias para la redacción final de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para ser presentado en el Congreso de los Diputados el próximo mes de julio.
En paralelo, se han empezado a celebrar varios actos en Madrid, Barcelona y el sábado 27 de marzo en Valencia, en la localidad de Quart del Poblet, donde el ayuntamiento gobernado por el PSOE ha prestado una de sus instalaciones. Entre los organizadores está José Alfonso Martínez, de Izquierda Republicana de Valencia. Como ponentes intervendrán el impulsor de la iniciativa, Miguel Ángel Rodríguez Arias, profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha; y José Luis Pitarch, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València y presidente de Unidad Cívica por la República.
En un comunicado remitido a los medios, Pitarch apela al artículo 87 de la Constitución Española que recoge “la necesidad de intensificar la participación de los ciudadanos en la vida pública, y particularmente su intervención directa en la producción de las leyes, ya que la soberanía reside en el pueblo del que emanan los poderes del Estado”. También destaca que con esta iniciativa se busca “abrir vías para que las Cortes aprueben leyes cuya necesidad es ampliamente sentida por los ciudadanos, sin que las formaciones o partidos políticos se hagan el debido eco”. A su juicio, la importancia de esta iniciativa radica en su “sentido dialéctico” y de “toma de conciencia” ante la impunidad de los crímenes del franquismo.
Las gestoras constituidas celebrarán periódicas sesiones de trabajo. La estructura pretende recabar apoyos, previo paso para recoger las firmas en el plazo legal de nueve meses una vez admitida la ILP en el Congreso de los Diputados, que en caso de ser rechazada, podría recurrirse al Tribunal Constitucional, asegura Pitarch.
Asimismo, este movimiento pondrá voz al exilio desde Buenos Aires (Argentina) y París (Francia), lugares donde ya han empezado a organizarse. Cientos de miles de represaliados se vieron obligadas a exiliarse durante la Guerra Civil y el Franquismo a Sudamérica y Europa.
