De un tiempo a esta parte, la ultraderecha hispana -basándose en sus propios principios y en los que vienen del otro lado del Atlántico- ataca a la izquierda acusándola de buenismo y de una pretendida superioridad moral de la que, según ellos, carece. Bien, baste recordar que todos los derechos conseguidos por el ser humano desde la revolución francesa hasta nuestros días se han logrado contra los conservadores y reaccionarios de todos los países, muy especialmente del nuestro donde siempre prefirieron cualquier tipo de violencia por extrema que fuese a considerar al resto de sus congéneres como sujetos de derecho.
Ni una sola de las conquistas políticas, económicas y sociales de las que hoy gozamos se la debemos a los esfuerzos y sacrificios de la gran derecha patria, sino a los combates contra ella y su inmovilismo histórico. Si durante el siglo XIX las luchas por la democracia española pudieron tener cierto paralelismo a lo que sucedía en otros países de nuestro entorno, con periodos expansivos y regresivos, tras la dictadura de Primo de Rivera -con el breve espacio de tiempo que ocupó la República reformista que pretendía igualarnos a nuestros vecinos- y la victoria fascista de 1939, todos los derechos quedaron supeditados a la voluntad del dictador, dejando bien claro que nadie tenía más libertad que la de obedecer y callar, siendo todo lo demás graciosa concesión del tirano según su capricho o necesidad.
Durante el siglo XIX las principales batallas por la democracia se libraron en el terreno del sufragio universal, las libertades de expresión, reunión, manifestación y los derechos a la huelga, al descanso , a una jornada laboral digna y a una educación universal y laica para todos, derecho este último en el que muchos confiaban para lograr la verdadera emancipación del pueblo.
La conquista del sufragio universal masculino se consiguió durante la Restauración gracias al Partido Liberal de Sagasta, aunque debido al caciquismo y a la manipulación del voto sólo era un derecho retórico que no tenía el menor peso en la llegada de un partido u otro al poder. Sólo tras la aprobación de la Constitución de la Segunda República fue posible el sufragio universal gracias a las propuestas de Clara Campoamor que como todos sabemos fueron discutidas por Victoria Kent, que apostaba por retrasar el voto de la mujer unos años hasta que se lograse aminorar la influencia que sobre ella ejercía el clero y el patriarcado.
La superioridad moral la tienen quienes quieren ampliar los derechos de todos, incluidas las minorías más perseguidas, cometiendo errores, metiendo la pata, por supuesto, pero con la intención clara de que mejore la vida de sus compatriotas
Tampoco fue la jornada de ocho horas una cesión graciosa de los gobiernos de Alfonso XIII, sino que para que fuese aprobada tuvieron que sufrir prisión, tortura y muerte miles de trabajadores que decidieron jugarse la vida por el interés y el progreso general mientras esos gobiernos “’patrióticos” sólo defendían los intereses de su clase social.
Lo mismo podemos decir de los recientes derechos al divorcio, a una fiscalidad justa, al aborto, al matrimonio igualitario, a la igualdad entre hombres y mujeres, a la libertad sexual, derechos que desde que se enunciaron siempre fueron anatemizados por la derecha y la iglesia católica, llegando al extremo de que algunas de las leyes que los garantizan están actualmente pendientes de la decisión de un Tribunal Constitucional de mayoría conservadora que se resiste a ser renovado.
La limitación de las penas de prisión que ofrecen al delincuente una segunda oportunidad, la prohibición tajante de algo tan bárbaro y brutal como la pena de muerte, que sigue vigente en Estados Unidos sin que se atisbe su desaparición, el derecho general a una asistencia sanitaria de calidad garantizada por el Estado, el derecho universal a una pensión de jubilación o a la asistencia a las personas mayores en su hogar son algunos de los principales objetivos de la derecha española, que ha puesto sus ojos en ellos para subcontratarlos y laminarlos. Es decir, el empeño de los reaccionarios españoles por eliminar las conquistas de la ciudadanía no son sólo cosa del pasado, sino que forman parte de su carácter, de su forma de entender la vida, de su manera de ser.
Recortar presupuestos, precarizar a los trabajadores, crear las listas de espera consiguientes son los instrumentos que siempre han utilizado como ariete para derribar conquistas seculares que de otro modo no podían destruir. Se trata de una forma de entender la vida como depredación, de concebir los derechos ciudadanos como mercancía y la política como el negocio más lucrativo. Bajo su mirada y su gobierno ni uno sólo de los logros democráticos están a salvo.
Contra las libertades de expresión, manifestación y reunión crearon recientemente la conocida como “Ley Mordaza” -por cierto, no sé a qué esperan los actuales gobernantes para derogarla íntegramente-, para cercenar las condiciones de trabajo idearon la contrarreforma laboral que convirtió a millones de trabajadores en esclavos sin apenas derechos, para combatir a quienes pensaban de forma distinta montaron la “policía patriótica” guiados por las sabias manos de Fernández Díaz, ese hombre magnífico que tenía un ángel que le guardaba el aparcamiento y utilizar el martillo de herejes.
No contentos, buscaron a un hombre del pleistoceno dotado de grabadora para que apañase sus problemas internos y destrozase mediante bulos e infundios al partido Podemos, sin que hasta la fecha ninguna de sus fechorías haya tenido la menor consecuencia para sus patrocinadores.
Hablan de democracia como si estuviesen refiriéndose a la Virgen de Regla, sin saber qué significado tiene la palabra, sin saber que en su contenido irrenunciable está el progreso social, el mejoramiento de la vida de las personas que habitan el hogar común, que no permite la corrupción ni el lucro personal con cargo al Erario, tampoco desentenderse del conocimiento y de la ética, confundiendo el sufragio y la victoria electoral como una especie de patente de corso que justifica todas las fechorías imaginables. Sin embargo, cuando tienen que hablar del pasado, ignoran que en España hubo una democracia en 1931 que fue destrozada por sus referentes del pasado, entre quienes está Juan de la Cierva, inventor de autogiro y colaborador en la preparación del golpe de Estado de 1936.
¿Superioridad moral? Por supuesto, la tienen quienes quieren ampliar los derechos de todos, incluidas las minorías más perseguidas, cometiendo errores, metiendo la pata, por supuesto, pero con la intención clara de que mejore la vida de sus compatriotas. ¿Buenismo? Tal vez, lo mejor sea mandar a Villarejo al mando de un pelotón de fusilamiento para resolver los muchos problemas que nos aquejan. Ya lo hicieron.
