Desde comienzos del 2014, más de una veintena de mujeres han muerto en España asesinadas por sus parejas. Junto a este terrible hecho, no podemos olvidarnos de los menores que también están siendo víctimas del machismo más cruel. En lo que va de año estamos siendo espectadores, por tanto, de situaciones desoladoras que sufren las mujeres y sus hijos. Cifras dramáticas que traslucen situaciones personales que deberían avergonzar a cualquier gobierno de una democracia avanzada.
El pasado 25 de abril, el gobierno de Rajoy presentaba un anteproyecto de ley de protección a la infancia en el que aseguraban convertir a España en el primer país en incorporar la defensa del interés superior de menores ante situaciones de violencia de género y abusos sexuales, pero es necesario recordarles que, desde que gobiernan, el PP ha reducido de una forma escandalosa los recursos para combatir esta lacra. Que la reforma laboral es un ataque directo a la autonomía de las mujeres tan importante en estas situaciones de exclusión social; que cuando la reforma de la administración local se haga efectiva acabarán con los servicios municipales relacionados con la promoción y protección de la mujer, desaparecerán los programas de atención a las mujeres, los puntos de información, los pisos de acogida para mujeres maltratadas, o los programas de recuperación para víctimas de violencia de género tan importantes.
Cabe recordarles, también, que en los últimos 2 años los grupos de la oposición han repetido hasta la extenuación que es inaceptable lo que está pasando en nuestro país. Han denunciado y criticado, en numerosas ocasiones, que se hayan reducido los recursos de lucha contra la violencia machista, la bajada de apoyos a asociaciones que trabajan en este campo y de campañas de sensibilización. Han alertado, en el ámbito político, en los medios, a la sociedad, que hay menos mujeres que denuncian porque no se sienten protegidas, más que retiran las denuncias ya interpuestas y menos que utilizan el teléfono 016. Incluso, en el pasado octubre, el PSOE vio rechazada por la mayoría del PP una Proposición de ley orgánica que presentaba para reforzar la protección a los hijos e hijas menores frente a los delitos de violencia de género. El gobierno de Rajoy se niega a sentarse con el resto de grupos políticos y profesionales y con la sociedad organizada para abordar este problema todos juntos y llegar, con un mínimo sentido común, a un pacto de estado.
En los 2 últimos años, de cada una de las medidas del Gobierno se desprende un fanatismo fundamentalista incompatible con un mínimo estándar democrático. No se puede, como pretende el PP, gobernar a golpe de estereotipo y que sus intervenciones se desarrollen sobre la base de dogmas trasnochados que hacen que florezcan estructurales patriarcales que condenan al silencio a la mitad de la sociedad. Como mujer joven, me indigna y avergüenza el país en el que nos están intentando convertir.
Es urgente que tomemos partido: debemos agruparnos, tenemos la obligación como sociedad de denunciar esta situación. Tenemos que exigir la reposición de los recursos financieros que el PP ha quitado o reducido. Tenemos que exigir la derogación de la reforma laboral. Tenemos que salir de esta espiral de silencio y de normalización de la violencia en la que pretenden encerrarnos. Hagamos un llamamiento de sensibilización social.
No pueden convertirnos en una sociedad silenciada.
Patricia Rodríguez Calviño | Secretaria de Igualdad de Juventudes Socialistas de España
