La llegada de la Dictadura de Primo de Rivera supuso un cambio institucional de los Ayuntamientos. Nada más darse el golpe se sustituyeron todas las autoridades municipales y las provinciales. Los Ayuntamientos fueron disueltos por un Real Decreto de 30 de septiembre de 1923, siendo sustituidos por unas Juntas de Vocales, que ya una Ley municipal de 1887 había ideado, y que se integraron por miembros elegidos por sorteo entre las distintas categorías de contribuyentes. En todo caso, esta solución duró poco tiempo, porque en el mes de enero de 1924 se sustituyeron estas Juntas por unas nuevas Corporaciones formadas por personajes de prestigio social, o en su defecto por representantes de los mayores contribuyentes. A partir de entonces se puso en marcha la preparación de un Estatuto Municipal, aprobado en abril, pero que, en realidad, no terminó de aplicarse en su totalidad, porque nunca se celebraron elecciones, y los concejales y alcaldes serían nombrados por los gobernadores civiles, es decir desde el poder central. El proyecto de terminar con el caciquismo y la “vieja política” quedó en nada.
En enero de 1925 se produjo un conflicto en la capital de España porque el Ayuntamiento aprobó el arriendo de varios servicios municipales
Pues bien, en enero 1925 se produjo un conflicto en la capital de España porque el Ayuntamiento aprobó el arriendo de varios servicios municipales, como el de limpieza y alcantarillas. La Agrupación de Obreros Municipales hizo pública su postura contraria. Estos trabajadores explicaban a la opinión pública que el establecimiento de una contrata se hacía estableciendo un margen de ganancia para el contratista, que debía cubrir los sueldos de los técnicos y el interés del capital invertido. Ese margen de ganancia iba en perjuicio del presupuesto municipal porque el canon a satisfacer representaba una cantidad mayor que lo que costaba el servicio administrativo directamente, o había de ser en detrimento del servicio por la menor cantidad de obra realizada, la inferioridad de los materiales o por contar con menos trabajadores. Por último, apelaban a la mala experiencia que se había vivido con el arriendo del tristemente famoso impuesto de consumos, es decir, el impuesto indirecto que recaía sobre el consumo de productos básicos, y afectaba a las clases humildes y que se agravaba al intervenir los arrendadores por los abusos que cometían.
El socialista Manuel Cordero, que había sido concejal del Ayuntamiento de Madrid entre 1917 y 1923, es decir, hasta el golpe y, por lo tanto, un gran conocedor de los servicios municipales, se empeñó desde las páginas de El Socialista contra el acuerdo municipal. En el número del 15 de enero, publicó un extenso artículo contra el arriendo de los servicios con el título “Hay que evitar a Madrid este grave mal”. Para Cordero el acuerdo perjudicaba los intereses de la colectividad, pero también consideraba que era fruto de una especie de “pereza mental” de los ediles del momento, además de por su falta de competencia.
Cordero estaba criticando a una Corporación municipal formada por personajes que habían llegado al Consistorio defendiendo la idea de que no habían venido a hablar o discutir, sino a administrar, muy en la línea defendida por el dictador de supuesto apoliticismo y más tecnocracia. Al parecer, el conde de Vallellano, el alcalde designado para la capital (Fernando Suárez de Tangil sería luego ministro de Obras Públicas en el franquismo) había justificado este sistema de arriendo de servicios porque los trabajadores municipales no rendían. Cordero dudaba de este argumento y reclamaba datos y, en caso de ser cierta esta acusación se preguntaba quiénes eran los responsables de esta situación, ¿los obreros o quiénes los dirigían? Además, consideraba que, si el Ayuntamiento había sido débil frente a los trabajadores, lo iba a ser más frente a las empresas que se iban a crear en relación con el negocio que se generaría alrededor de los servicios arrendados.
Cordero no podía dejar de aludir a la experiencia del arriendo de consumos, un sistema que expolió en el pasado al Ayuntamiento, además de convertirse en un abuso contra los vecinos, como hemos expuesto.
Por otro lado, aunque no era difícil establecer un contrato con condiciones, el problema estribaba en que se cumpliesen. La experiencia del servicio ya arrendado de pozos negros era un ejemplo de lo mal que funcionaba este sistema, siempre según Cordero, porque era el que más quejas generaba entre los vecinos. Al parecer, se vaciaban los pozos de forma incontrolada, y se vertían las cubas al aire libre en cualquier descampado, aunque estuviera cerca de viviendas, generando malos olores y contaminando el suelo, llegando a ser una situación insoportable durante los meses de calor.
Otro ejemplo de escasa fuerza municipal tenía relación con las empresas del Metropolitano (Metro) y de los tranvías, y eso que estaban sujetas a leyes y reglamentos.
Cordero criticaba el argumento del alcalde sobre que el arriendo era un procedimiento aceptado por la opinión pública, cuando, en realidad, no se había manifestado.
Unos días después, el propio Cordero siguió atacando lo que era una clara privatización de servicios desde las mismas páginas de El Socialista. Esta vez se hacía eco de las críticas que el acuerdo había suscitado entre algunos periódicos, apelando a que era ilegal si se aplicaba el Estatuto Municipal aprobado el año anterior, aunque, bien es cierto que otros apoyaron esta política como La Época, provocando la chanza en otra columna del periódico socialista porque el diario era representante de la “vieja política”, y del “idoneismo” (la corriente conservadora afín a Eduardo Dato), y el alcalde era un ferviente maurista, defensor de la “nueva política”. Pero Cordero quería dejar claro que su crítica, en realidad era distinta, sin tener que apelar a la supuesta ilegalidad del acuerdo según la nueva legislación de la Dictadura. Cordero hizo un análisis de los problemas del Ayuntamiento de Madrid y que requerían energía, una actitud que reconocía a Suárez de Tangil, pero no a través del procedimiento elegido. La empresa de los tranvías incumplía sus obligaciones, como era el del servicio de arrastre de mercancías a los mercados. Por otro lado, Madrid padecía un grave problema de mercados y de abastos. El problema de la vivienda era evidente, así como el de la higiene de muchas que eran insalubres. Además, había que clausurar las vaquerías del interior, abrir cementerios y clausurar las sacramentales. Pero el alcalde había optado por una política de municipalizar para luego privatizar los servicios. Cordero quería que el alcalde, un destacado germanófilo en la pasada Gran Guerra, comprobase en qué ciudad alemana se arrendaban los servicios, y aludía al caso de Colonia, una ciudad del tamaño de Madrid, donde los servicios eran todos municipales, pero también los de otras capitales alemanas.
Por fin, a Cordero le preocupaba mucho la cuestión del alcantarillado, servicio a privatizar, porque lo que había que hacer era contratar, bajo concurso o subasta, la depuradora de aguas fecales. Las huertas que rodeaban Madrid eran regadas con estas aguas, lo que había generado, en su momento, una campaña de denuncia en la prensa de la capital.
La Agrupación Socialista Madrileña decidió en la asamblea del 19 de enero que el Comité debía elevar una protesta al Ayuntamiento por el acuerdo de arrendamiento de servicios.
Por su parte, la Junta que gobernaba la Casa del Pueblo de Madrid se dirigió el 27 de enero al presidente del Directorio Militar, es decir, a Miguel Primo de Rivera para protestar por el acuerdo del arriendo de los servicios municipales madrileños, incidiendo en que no era cierto que los trabajadores del Ayuntamiento trabajaban poco, pero que, si era cierto que la solución pasaba por corregir la situación, no por arrendar los servicios. La misma protesta fue enviada al alcalde.
La campaña contra la privatización de servicios continuó con la celebración de un mitin en la Casa del Pueblo el 25 de febrero, en el que participaron los principales líderes del sindicalismo socialista. En la crónica que publicó El Socialista se quería demostrar que el pueblo se había movilizado contra este acuerdo, tanto la clase obrera como la clase media, que no querían que empresas o particulares se apropiasen de sus intereses, y que fuera el Ayuntamiento quien organizase, vigilase y dirigiese esos servicios. En el acto intervino, en primer lugar, Manuel Cordero, que expuso los argumentos que había desarrollado anteriormente en las páginas del órgano oficial del PSOE, sobre el trabajo de los obreros municipales y sobre la falta de fuerza o competencia de los ediles, pero amplió sus planteamientos ofreciendo datos del presupuesto municipal, y sobre los problemas que no se resolvían, como la falta de una fábrica de transformación de las basuras, el de la vivienda, y el de las aguas fecales, ambos ya comentados.
Después de Cordero, intervino Andrés Saborit, otro político socialista bien conocedor de la vida municipal, ya que se encargó del programa municipal del PSOE en el Congreso de 1932, pero, además, por ser concejal del Ayuntamiento de la capital en varias ocasiones. Saborit planteó que la Casa del Pueblo iría hacia un referéndum, como permitía el Estatuto Municipal. También insistió en que los trabajadores no eran los causantes de que no funcionasen los servicios.
Largo Caballero, secretario general de la UGT, explicó su experiencia como concejal junto con Pablo Iglesias, en relación con los abusos que se cometían con las contratas, empleando malos materiales y quedándose los contratistas con grandes cantidades de dinero. Aunque las obras y servicios realizados por la administración fuesen más caros era preferible este sistema porque, en última instancia beneficiaba a los trabajadores. Además, cuando los obreros no trabajaban con la intensidad que debían hacerlo los responsables eran los directores por no proporcionar buenos materiales o herramientas para trabajar. Si se quería que trabajasen bien, los responsables debían dar ejemplo.
Besteiro fue el último interviniente. De su discurso habría que destacar que los problemas municipales (Besteiro también fue concejal) no pasaba por poner los servicios en manos de contratistas porque los vicios denunciados por los socialistas desde el pasado se multiplicarían. Besteiro aludió a su reciente visita a Grenoble donde los servicios municipales de un Ayuntamiento socialista funcionaban perfectamente. Una municipalización bien planteada de servicios era el objetivo de los socialistas. Lo que parecía inadmisible era que el alcalde quisiera arrendar servicios y pretendiese municipalizar el agua, un asunto que en esos momentos también tenía muy preocupados a los socialistas, ya que en la petición que se elevó a Primo de Rivera se aludió a esta cuestión, aunque no lo hayamos comentado. Al parecer, intereses privados potenciados por el Ayuntamiento pretendían vender el agua al Canal de Isabel II, un organismo defendido por los socialistas.
El sábado día 21 de marzo se celebró otro mitin en la Casa del Pueblo con dos objetivos, y los dos relacionados con el Ayuntamiento madrileño. Se quería protestar por el arriendo de los servicios municipales, pero también por la retirada de la subvención municipal a las escuelas laicas.
En relación con lo que aquí nos atañe, Wenceslao Carrillo afirmó que, a pesar de la movilización contra el arriendo de los servicios municipales, citando el mitin anterior, se pensaba que los concejales del Ayuntamiento podían haber dado marcha atrás, pero no lo habían hecho porque no habían sido elegidos por el pueblo, en una clara alusión a la situación de los Consistorios en aquel momento. Pidió que se firmaran los pliegos solicitando el referéndum para que los madrileños pudieran pronunciarse sobre esta privatización, cuestión que vimos citada por Saborit en el anterior mitin.
Antonio Fernández Quer, en ese momento presidente de la Casa del Pueblo, planteó el alcance que los acuerdos municipales tenían para los intereses madrileños, además de considerar que denotaban ineptitud y desconocimiento de los derechos constitucionales, un asunto curioso, dado que la Constitución estaba en suspenso. También insistió mucho sobre el referéndum, considerado como una especie de recurso de alzada, afirmando que había que acostumbrase a emplear estas prácticas democráticas, un medio para que la ciudadanía participase en la administración municipal.
Lucio Martínez Gil, representando a la UGT, incidió en lo mal que se trataban los intereses del pueblo madrileño por parte del Ayuntamiento, comparando la situación con otros municipios europeos.
Es importante destacar que en esos momentos Aimé Floreal, es decir, Enrique de Santiago Rivera, estaba publicando una serie de artículos en El Socialista sobre la importancia del municipalismo en el socialismo, destacando uno que sacó el día 7 de febrero sobre el socialismo municipal, citando a los fabianos y a los socialdemócratas alemanes, especialmente.
Hemos trabajado con los números 4971, 4972, 4974, 4975, 4977, 4978, 4985, 4994, 5010 y 5031 de El Socialista. Sobre la cuestión municipal en tiempos de Primo de Rivera, podemos acudir a la monografía de Eduardo González Calleja, La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria 1923-1930, Madrid, 2005. Sobre la importancia del municipalismo socialista español hay que acudir a los trabajados de Santiago de Miguel Salanova, Republicanos y Socialistas. El nacimiento de la acción municipal en Madrid (1891-1909), Madrid, 2017, y Madrid, un laboratorio de socialismo municipal. 1900-1936, Madrid, 2019.
