Leo en el Manifiesto de los sindicatos CCOO y UGT, con motivo del próximo 28 de Abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, una reivindicación concluyente, que aparece como una reforma destacada para el abordaje de la solución de los problemas de la salud de los trabajadores en nuestro país. UGT y CCOO reclaman la plena integración de la salud laboral en la salud pública, con mayor convencimiento desde la experiencia de la pandemia, lo que exige una mayor coordinación entre los departamentos de sanidad y de trabajo tanto en la Administración General del Estado, como en las CCAA.
Es conocido que hoy existen diversos sistemas en el mundo, y en nuestro entorno más cercano, a través de los cuales se realiza la gestión de las prestaciones sanitarias y económicas a los trabajadores lesionados con motivo del trabajo. También es diversa la legislación que establece los requisitos para la cobertura y en la cobertura de las distintas contingencias; y diversas las Entidades que se encargan de gestionar y aplicar dicha legislación. También son diversos los sistemas de Prevención, las entidades que los gestionan y su relación con los sistemas que efectúan las prestaciones. Todos los sistemas tienen sus puntos débiles y fuertes. Los diversos sistemas sanitarios que intervienen forman parte de la actuación esencial, pero no son los únicos. Fuentes de financiación, Prevención, Rehabilitación, Secuelas, Seguimiento, Reinserción, Tribunales Médicos, Discapacidades, conforman un sistema más o menos integrado.
Conviene recordar que el Ministerio con mayores competencias en el tema en España ha sido siempre el Ministerio de Trabajo, que en el 2020 ha cumplido 100 años. Y que previamente a 1920 correspondían al Ministerio de la Gobernación. Sus precedentes históricos habían sido la Comisión de Reformas Sociales, la Ley de Accidentes de 1900, el Instituto de Reformas Sociales, la creación de la Inspección de Trabajo y del Instituto Nacional de Previsión (INP). Todos ellos resultado de las luchas obreras y de alternativas autogestionadas, como lo fueron las sociedades de socorros mutuos [1], y del reformismo social, que trató de reconvertir la llamada “cuestión social” desde una concepción y abordaje del “orden público” con la introducción de un nuevo Derecho: el Derecho del Trabajo [2].
En el caso del sistema de Prevención de Riesgos Laborales, se ha privatizado totalmente y la primera piedra la colocó un Gobierno Socialista. Se trataba de destruir, que siempre es más fácil
Recordar también, oportunamente, que fue Francisco Largo Caballero, como Ministro de Trabajo de la II República en 1932, el que promulgó la Ley del Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo, esencial para que se cumpliera materialmente la Ley Dato de 1900, incluyendo, además, a los jornaleros del campo que habían quedado excluidos de la Ley de 1900. Y en 1936 se promulgó la primera Ley de Enfermedades Profesionales.
A nivel político-administrativo, hoy, en nuestro país, la mayoría de las empresas cubren las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores a través de la gestión sanitaria y económica de las Mutuas. Al igual que gran parte de las prestaciones económicas por contingencias comunes de sus trabajadores, por decisión de los empresarios. Las Mutuas forman parte del Sistema de la Seguridad Social y colaboran en la gestión, siendo las cuotas sociales y su patrimonio propiedad del Sistema. Conviene realizar una historia muy elemental que explique algunos aspectos del presente. Recordar en primer lugar que el Sistema Sanitario Público actual de nuestro país tiene su origen ya en el período democrático y a través de diversas leyes. Hasta entonces y desde la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1966, ésta cubría sanitaria y económicamente sólo a los mutualistas. Y en el caso de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, rehabilitación y prevención, se cubrían por parte del INSS y las Mutuas desde ese año 1967, ya que antes de éste se podía asegurar por Mutuas o entidades de seguros privadas en el Ramo de Accidentes de Trabajo.
No parece lógico, ni responsable, lanzar en un párrafo una transformación de un sistema tan complejo, tan poliédrico, con tantos afectados, etc. sin decir algo más. Claro que el papel lo aguanta todo. El ejemplo de su involución durante los últimos años demuestra la complejidad de cualquier transformación. En el caso del sistema de Prevención de Riesgos Laborales, se ha privatizado totalmente y la primera piedra la colocó un Gobierno Socialista. Se trataba de destruir, que siempre es más fácil.
Hay que esperar, por tanto, un desarrollo más detallado de la propuesta en todos los temas afectados.
En otras ocasiones los propios sindicatos han realizado propuestas, avanzadas socialmente, recomendables y practicables que facilitarían la solución de algunos de los problemas actuales. La gestión tripartita real de las Mutuas, la reversión de la Prevención a dichas entidades, la especialización de actividad por sectores de las mismas, eliminando una competitividad que no debe de interferir ni pervertir una prestación pública tan delicada. Además podría avanzarse en un tratamiento equitativo y, por tanto, asimétrico de la prevención a favor de las pequeñas empresas.
En los artículos anteriores, que venimos publicando, hemos propuesto [3] diversas actuaciones, abarcando distintos campos políticos y de las administraciones públicas más afectadas. En todo caso plausibles y que aumentarían las competencias de las administraciones con la participación de todos los implicados, especialmente los trabajadores, sustituyendo a los sectores privados, cada vez con más protagonismo, en una prestación vital para todos los trabajadores que pienso la mejoraría sin dilación.
Me da la impresión que la valoración justa y extraordinaria de la actuación profesional que han tenido y tienen los profesionales de la sanidad pública con motivo de la actual pandemia lleva a sobrevalorar los recursos, infraestructuras y medios con los que cuenta el Sistema Sanitario Público. Sin olvidar que el Sistema de Seguridad Social es un Sistema Nacional y el Sistema Sanitario Público tiene las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas.
[1] CASTILLO, Juan José y CASTILLO, Santiago.(Coordinadores). La Solidaridad desde Abajo. UGT
[2] PALACIO MORENA, Juan Ignacio. La institucionalización de la Reforma Social en España (1883-1924). La Comisión y el Instituto de Reformas Sociales. Ministerio de Trabajo 1988
[3] Gregorio Benito Batres. DECISIONES POLÍTICAS EN SALUD LABORAL. Mundo Obrero. 31.03.21
