Nuestra más entusiasta felicitación a los compañeros de Caritas, que han conseguido del Tribunal Supremo, de nuevo, un avance en los derechos de escolarización de los niños en Melilla, que venían sometidos al subterfugio de exigirles residencia legal o visado para empadronarse, y el padrón para escolarizarse. Una forma burda pero lamentablemente eficaz de denegar derechos elementales mediante un subterfugio. El Tribunal Supremo viene a decir que el caballo blanco de Santiago al final resulta ser… blanco.
Ha hecho falta tres años de dura lucha en tribunales y una estrategia doble para hacer valer lo evidente, y para defenderlo frente a la xenofobia rampante de autoridades supuestamente democráticas que ahora, llanamente, se ampararán en sus poltronas para eludir toda responsabilidad.
Por un lado, el grupo de compañeros extranjeristas que defendió caso a caso para evitar que los árboles taparan el bosque y para imponer el derecho fundamental a la escolarización, reconocido en la Constitución y los Tratados, frente a subterfugios en forma de instrucciones y pequeños textos legales que imponían trabas imposibles, y por otro los compañeros de Cáritas que han atacado con éxito esos árboles que, pese a su endeblez, tapaban el sentido superior de la Justicia de esos grandes derechos. Un mal que aqueja a nuestro mundo jurídico demasiado a menudo
Ha hecho falta tres años y la lucha por la implicación de otros poderes del estado – convencer a la fiscalía, mover preguntas parlamentarias, provocar al Ministerio, escandalizar a la opinión pública – para que unas resoluciones de manifiesta motivación xenófoba superaran la barrera de jueces cuya motivación igualmente xenófoba no queda bajo el control de nadie, para que finalmente se admitiera la incorrección de unas normas que sólo buscaban dejar sin colegio a un grupo de niños por el grave delito de ser hijos de sus padres, de perpetuar las estructuras semifeudales de las ciudades autónomas que dejó de manifiesto recientemente la impresentable mención a las “muchachas” de la Delegada del Gobierno de Ceuta.
Y después años, esfuerzo, peleas, argumentaciones jurídicas, recursos, elusión de represalias – todavía pendientes – en forma de intento de expulsión de los padres, el Tribunal Supremo, al fin, ha dicho y dejado sentado algo tan manifiesto y evidente como que los niños de un estado democrático firmante de la Convencion de Derechos del Niño y de una ley de derechos del menor como la nuestra no tienen color, ni nacionalidad, ni origen, que los niños son niños y necesitan la protección y el cuidado de todos, de sus padres, y de las autoridades, bien pagadas con los impuestos de todos.
Mientras tanto, cientos de niños han perdido cursos, oportunidades, y han sufrido la humillación y la necesidad de tener que salir a manifestarse por defender sus derechos más elementales.
Algo grave está pasando en nuestra democracia cuando tras esto, nadie va a buscar a los responsables, nadie les va a exigir que rindan cuentas, seguirán cobrando sus pingües sueldos y haciendo declaraciones sonrojantes, y nadie les afeará la conducta de haber intentado imponer contra viento y marea que el caballo blanco era negro, para con eso conseguir la discriminación de los más débiles entre los débiles.
Francisco Solans Puyuelo | Portavoz Extranjeristas en red
