En un estado de derecho la misión principal de los cuerpos de seguridad es garantizar el ejercicio de derechos y libertades, y la seguridad de la ciudadanía, con atención especial a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Esta seguridad se consigue también manteniendo el orden y la convivencia en el espacio público. He aquí el terreno complejo y controvertido: garantizar el equilibrio entre los dos mandatos. La situación de conflicto político que vive Catalunya y la escalada de las últimas semanas interpela para garantizar este equilibrio como alternativa a un escenario de más gravedad política y social.
Este artículo no cuestiona la seguridad ni el papel de los cuerpos de seguridad en tanto que garantes de derechos y libertades, ni su contribución a la seguridad como política social, contribuyendo a la convivencia pacífica y democrática y entendiendo que las desigualdades sociales, los problemas de convivencia y los nuevos retos no se pueden resolver sólo con el Código penal, con medidas represivas y punitivas. Tampoco se trata de legitimar forma alguna de las violencias ejercidas, ni situarlas en la misma responsabilidad. La respuesta a una violencia nunca puede ser exclusivamente otra violencia. A fenómenos complejos soluciones complejas. Hay que ir a las causas, pero eso sobrepasa la competencia del orden público.
Ante cualquier conflicto colectivo político y social existen como mínimo dos modelos posibles de gestión de la seguridad. El tradicional o impositivo que contempla el conflicto de manera negativa y propone una respuesta coercitiva y represora. Y un modelo alternativo con el que se buscan acuerdos favoreciendo la disidencia, la discrepancia y el consenso, dando voz a la diversidad de posturas para buscar la solución, basada en la confianza y la cooperación. A lo largo de estas semanas, el conflicto social se ha expresado en las calles, y en algunos casos ha provocado problemas de orden público. En esta situación hay se debe hacer buena gestión del problema para no estropear otros derechos y libertades, y también para no acentuar la escalada del conflicto.
Modelo de gestión alternativo
El 1 de octubre del 2017 se manifestaron dos modelos de seguridad pública. Y durante el juicio del proceso aún se ha hecho más evidente el desconocimiento de la mediación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, en el mejor de los casos, y en el peor de la aplicación de un modelo de seguridad que criminaliza, reprime la disidencia política y actúa utilizando el monopolio de la fuerza.
Ahora el debate y la polémica vuelven a estar otra vez servidas, ante la violencia en las calles y la respuesta policial en forma de contención de esta violencia, represión, y de actuaciones de mala praxis policial. En este punto radica la principal dificultad del tema que nos ocupa.
Debe criticarse que desde la política se pida a las fuerzas de seguridad que gestionen de manera alternativa el conflicto, interlocuten y se hagan cargo de aquello que los políticos se han mostrado incapaces de hacer.
El conflicto nunca se ha leído como algo positivo que podía propiciar una mejora de la sociedad ni se ha abordado desde el paradigma de la Gestión Alternativa de Conflictos (GAC). Se ha menospreciado este paradigma de manera reiterada institucionalmente, políticamente, y ahora nos topamos con una escalada donde aparecen las consecuencias. El conflicto y el cambio muy a menudo van de la mano; las situaciones de cambio suelen generar conflictos, porque los factores que intervienen en ellos hacen tambalearse la situación establecida y eso provoca incertidumbre, inseguridad y desconfianza. Pero la vertiente positiva del conflicto se puede convertir en un elemento de motor y de cambio social. Las diferencias, la controversia, la discrepancia nos pueden hacer avanzar como sociedad. Por lo tanto, podríamos afirmar que la carga positiva o negativa del conflicto no depende de su misma existencia sino de la (in)capacidad de las partes para conducirlo y gestionarlo de manera positiva.
Conociendo estos antecedentes, de la misma manera que se critica la judicialización de la política, hay que criticar que desde la política se pida a las fuerzas de seguridad que gestionen de manera alternativa el conflicto, interlocuten y se hagan cargo de lo que los políticos se han mostrado incapaces de hacer.
¿Qué podemos hacer?
En primer lugar es necesario asumir este cambio de paradigma, ponernos las gafas de la GAC; un cambio de recorrido lento, progresivo e imparable de reconocimiento social y de las instituciones para apostar por otras formas de resolver y transformar los conflictos mediante vías no adversarias. Pero este cambio no puede empezar por el orden público y las expresiones de violencias. Hace falta empezar por quien tiene la principal responsabilidad: la política entendida en un sentido amplio.
Aunque tarde, hace falta promover el uso de este paradigma en todas las vertientes: comunicativa, política, social, policial, individual, cotidiana, educativa, etc. Esta nueva mirada implica una visión no destructiva del conflicto y desarrolla una cultura de prevención y resolución que impregna las relaciones interpersonales y una nueva manera de hacer, gobernar, actuar, pensar, relacionarse, y porque no, amar, con el fin de fomentar el diálogo y la negociación.
En relación con la seguridad, desde el respeto al derecho de reivindicación, hay unos requisitos para aplicar los instrumentos de la GAC al orden público: el conocimiento del entorno y el contexto social; la ruptura de estereotipos, estigmas y prejuicios. Hace falta más inteligencia policial, que las unidades especializadas y mandos responsables de las decisiones operativas tengan conocimiento de la naturaleza, las causas y los factores del conflicto, que les permitan generar herramientas para minimizar las consecuencias negativas del conflicto y actuar con mayor eficacia. Este modelo preventivo requiere incluir la visión de otros agentes sociales, y trabajar para que la policía y activistas sociales estén claramente al mismo lado en el eje violencia – no violencia. Las complicidades se deben buscar antes del estallido de violencia.
Los tiempos actuales piden actuar también en el entorno virtual, el espacio donde se construyen actualmente la mayoría de narrativas e imaginarios colectivos. Los gestores del orden público y la seguridad deben contemplar estos medios como herramienta de comunicación garantista y preventiva. Son un buen altavoz para incidir en el relato de la no violencia y de la corresponsabilidad en la seguridad.
Se debe exigir a las fuerzas de seguridad exquisita neutralidad política, y que no se les pueda identificar con ninguno de los posicionamientos. Hay que mostrar contundencia con la mala praxis policial, actuaciones policiales no procedimentales cargadas de elevado simbolismo que suponen violencia institucional. Los hechos de las últimas semanas no pueden condicionar futuras actuaciones policiales por una posible identificación del grueso del colectivo como hostil. De las situaciones vividas hará falta aprender y evitar repetir los errores cometidos.
Con respecto a la ciudadanía, en estos momentos de dolor colectivo y emociones a flor de piel, hay que ser muy responsables tanto a nivel colectivo como individual. Hay lugar para la esperanza viendo cómo se articulan iniciativas en la dirección de la corresponsabilidad, organizando cordones ciudadanos, con el fin de aislar las actitudes y acciones violentas, y evitar enfrentamientos entre ciudadanía y cuerpos de seguridad. Hablar y debatir mucho sobre todas las violencias que operan. Hace falta también un debate riguroso sobre derechos y libertades y seguridad, reconociendo que se deben aplicar con igualdad, independientemente de filias y fobias. Demasiado a menudo se cae en la trampa de pedir mano dura para los adversarios y se es permisivo con los afines.
Acabo enumerando otros retos pendientes. Un análisis riguroso y multidisciplinar de las motivaciones y los malestares que generan las protestas específicas juveniles. Y cuál es el papel que queremos que tenga la policía en una sociedad democrática. Como dice Galtung, no hay alternativa a la transformación empática, no violenta y creativa de un conflicto. ¡Empecemos!
Texto en Catalán
En un estat de dret la principal missió dels cossos de seguretat és garantir l’exercici de drets i llibertats, i la seguretat de la ciutadania, amb especial atenció a les persones en situació de més vulnerabilitat. Aquesta seguretat s’aconsegueix també mantenint l’ordre i la convivència en l’espai públic. Heus aquí el terreny complex i controvertit: garantir l’equilibri entre els dos mandats. La situació de conflicte polític que viu Catalunya i l’escalada de les darreres setmanes interpel·la a garantir aquest equilibri, com alternativa a un escenari de més gravetat política i social.
Aquest article no qüestiona la seguretat ni el paper dels cossos de seguretat en tant que garants de drets i llibertats, ni la seva contribució a la seguretat com a política social, contribuint a la convivència pacífica i democràtica i entenent que les desigualtats socials, els problemes de convivència i els nous reptes no es poden resoldre només amb el Codi penal, amb mesures repressives i punitives. Tampoc es tracta de legitimar cap de les formes de violència exercides, ni de situar-les en la mateixa responsabilitat. La resposta a una violència mai pot ser exclusivament una altra violència, a fenòmens complexos solucions complexes. Cal anar a les causes, però això sobrepassa la competència de l’ordre públic.
Davant de qualsevol conflicte col·lectiu polític i social existeixen com a mínim dos models de gestió de la seguretat possibles. El tradicional o impositiu que mira el conflicte de manera negativa i proposa una resposta coercitiva i repressora. I un model alternatiu amb el qual es busquen acords afavorint la dissidència, la discrepància i el consens, donant veu a la diversitat de postures per tal de cercar la solució basada en la confiança i la cooperació. En aquestes setmanes, el conflicte social s’ha expressat als carrers, i en alguns casos ha provocat problemes d’ordre públic. En aquesta situació cal fer una bona gestió del problema per no malmetre altres drets i llibertats, i també per no accentuar l’escalada del conflicte.
Model de gestió alternatiu
L’1 d’octubre de 2017 es van palesar dos models de seguretat pública. I durant el judici del procés s’ha fet encara més evident el desconeixement de la mediació per part de les forces i cossos de seguretat de l’estat, en el millor dels casos, i en el pitjor de l’aplicació d’un model de seguretat que criminalitza, reprimeix la dissidència política i actua emprant el monopoli de la força.
Ara el debat i la polèmica tornen a estar servides, davant la violència als carrers i la resposta policial en forma de contenció d’aquesta violència, repressió, i d’actuacions de mala praxis policial. En aquest punt rau la principal dificultat del tema que ens ocupa.
Cal criticar que des de la política es demani a les forces de seguretat que gestionin de manera alternativa el conflicte, interlocutin i es facin càrrec d’allò que els polítics s’han mostrat incapaços de fer.
El conflicte mai no s’ha llegit com a quelcom positiu que podia propiciar una millora de la societat ni s’ha abordat des del paradigma de la Gestió Alternativa de Conflictes (GAC). S’ha menystingut aquest paradigma de manera reiterada institucionalment, políticament, i ara ens trobem en una escalada on apareixen les conseqüències. El conflicte i el canvi molt sovint van de la mà; les situacions de canvi solen generar conflictes, perquè els factors que hi intervenen fan trontollar la situació establerta i això provoca incertesa, inseguretat i desconfiança. Però la vessant positiva del conflicte pot esdevenir un element de motor i de canvi social. Les diferències, la controvèrsia, la discrepància ens poden fer avançar com a societat. Per tant, podríem afirmar que la càrrega positiva o negativa del conflicte no depèn de la seva mateixa existència sinó de la (in)capacitat de les parts per conduir-lo i gestionar-lo de manera positiva.
Coneixent aquests antecedents, de la mateixa manera que es critica la judicialització de la política, cal criticar que des de la política es demani a les forces de seguretat que gestionin de manera alternativa el conflicte, interlocutin i es facin càrrec d’allò la política s’han mostrat incapaços de fer.
Què podem fer?
En primer lloc és necessari assumir aquest canvi de paradigma, posar-nos les ulleres de la GAC; un canvi de recorregut lent, progressiu i imparable de reconeixement social i de les institucions per apostar per altres formes de resoldre i transformar els conflictes mitjançant vies no adversàries. Però aquest canvi no pot començar per l’ordre públic i les expressions de violències. Cal començar per qui en té la principal responsabilitat: la política entesa en sentit ampli.
Tot i que tard, cal promoure l’ús d’aquest paradigma en totes les vessants, comunicativa, política, social, policial, individual, quotidiana, educativa, etc. Aquesta nova mirada implica una visió no destructiva del conflicte i desenvolupa una cultura de prevenció i resolució que impregna les relacions interpersonals i una nova manera de fer, governar, actuar, pensar, relacionar-se, i perquè no, estimar, per tal de fomentar el diàleg i la negociació.
Pel que fa a la seguretat, des del respecte al dret de reivindicació, hi ha uns requisits per aplicar els instruments de la GAC a l’ordre públic: el coneixement de l’entorn i el context social; el trencament d’estereotips, estigmes i prejudicis. Cal més intel·ligència policial, que les unitats especialitzades i comandaments responsables de les decisions operatives tinguin coneixement de la naturalesa, les causes i els factors del conflicte, que els permetin generar eines per minimitzar les conseqüències negatives del conflicte i actuar amb més eficàcia. Aquest model preventiu requereix incloure la visió d’altres agents socials, i treballar perquè la policia i activistes socials estiguin clarament al mateix costat en l’eix violència – no violència. Les complicitats s’han de cercar prèviament a l’esclat de violència.
Els temps actuals demanen actuar també a l’entorn virtual, espai on es construeixen actualment la majoria de narratives i imaginaris col·lectius. Els gestors de l’ordre públic i la seguretat han de contemplar aquests mitjans, com a eina de comunicació garantista i preventiva. És un bon altaveu per incidir en el relat de la no violència i de la coresponsabilitat en la seguretat.
S’ha d’exigir a les forces de seguretat exquisida neutralitat política, i que no se’ls pugui identificar amb cap dels posicionaments. Cal mostrar contundència amb la mala praxis policial, actuacions policials no procedimentals carregades d’elevat simbolisme que suposen violència institucional. Els fets de les darreres setmanes no poden condicionar futures actuacions policials, per una possible identificació del gruix del col·lectiu com a hostil. De les situacions viscudes caldrà aprendre de l’experiència, i evitar repetir les errades comeses.
Pel que fa a la ciutadania, en aquests moments de dolor col·lectiu i emocions a flor de pell, cal ser molt responsables a nivell col·lectiu i individual. Hi ha lloc per l’esperança veient com s’articulen iniciatives en la direcció de la corresponsabilitat, organitzant cordons ciutadans, per tal d’aïllar les actituds i accions violentes, i evitar enfrontaments entre ciutadania i cossos de seguretat. Parlar i debatre molt sobre totes les violències que operen. Cal també un debat rigorós sobre drets i llibertats i seguretat, reconeixent que s’han d’aplicar amb igualtat, independentment de filies i fòbies. Massa sovint es cau en la trampa de demanar mà dura pels adversaris i lleugeresa amb els afins.
Acabo situant altres reptes pendents. Una anàlisi rigorosa i multidisciplinària de les motivacions i els malestars que generen les protestes específiques juvenils. I quin és el paper que volem que tingui la policia en una societat democràtica. Com diu Galtung, no hi ha alternativa a la transformació empàtica, no violenta i creativa d’un conflicte. Posem-nos-hi!
Artículo publicado originalmente en El món de demà
