Más de dos décadas después de la aprobación de la polémica Ley de Seguridad ciudadana 1/92, también denominada ‘Ley Corcuera’, de la que gran parte de su articulado fue tumbado por el Tribunal Constitucional, el Gobierno del PP ultima un nuevo proyecto de Ley que vendrá a sustituir a una norma que provocó la dimisión del entonces ministro del Interior del PSOE.
Se trata de un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal, también de marcado carácter restrictivo respecto a derechos y libertades públicas, y con el que se pretende compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas: con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve.
Esta ‘Ley del miedo’ se fundamenta en un notable aumento de discrecionalidad que otorga a la administración para establecer sanciones, eleva la cuantía de las mismas (que en el caso de las infracciones muy graves podrían llegar a los 600.000€) y se centra en regular algunas de las conductas más habituales en las protestas ciudadanas. Su texto habilita un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones, y crea un instrumento gubernamental con el que se cercenan derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación, dos de los que recoge nuestra carta magna como principios fundamentales e inalienables.
La norma pretende crear nuevas figuras delictivas tipificando como tales a los escarches, las concentraciones ante el Congreso y el Senado o la escalada en fachadas oficiales (como ocurrió con el Palacio de las Cortes). Esta pretensión obsesiva de reprender la disensión en la calle choca frontalmente con opiniones cualificadas, entre otras la expresada por el presidente del Supremo, Gonzalo Moliner; o más recientemente, por sentencias como la de la Audiencia Provincial de Madrid que no consideró delito la acción de protesta ciudadana realizada, en abril de 2013, frente a la casa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. La ‘Ley mordaza’ busca penalizar el uso de capuchas en manifestaciones, faculta a la policía a establecer ‘zonas de seguridad’ en perímetros urbanos y habilita a los agentes de los cuerpos de seguridad a retirar de forma expeditiva vehículos que taponen una vía pública, en caso de que los concentrados desobedezcan la orden de los antidisturbios de despejar la zona. Aunque no se citan expresamente, todo indica que también apunta a impedir tractoradas, marchas de taxistas o de camioneros, por poner tres ejemplos.
Esta breve descripción de algunas conductas que pretenden ser reguladas por esta norma nos indica que el proyecto de la Ley de Seguridad vuelve a ubicar la seguridad ciudadana en la órbita del viejo concepto de orden público, una visión muy alejada de conceptos democráticos y constitucionales que deberían prevalecer frente a la seguridad en Europa, en el siglo XXI.
Y esta postura no es defendida únicamente por Izquierda Unida. El propio Consejo de Europa, institución encargada entre otras cuestiones de velar por el respeto a los derechos humanos en el continente, ha calificado de "altamente problemática" la propuesta de ley del gobierno Rajoy. El letón Nils Muiznieks, comisionado en este alto organismo sobre derechos humanos, duda que "estas restricciones sean necesarias en una sociedad democrática" al tiempo que cree que se debería velar por la seguridad "sin interferir demasiado en la libertad de reunión y de manifestación”.
Otra ley más, por tanto, para incluir en el nefasto currículum del PP que supone un claro retroceso social, un anacronismo constitucional, un trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra libertades y derechos democráticos. Su fin: generar duros y farragosos procedimientos sancionadores con los que reprimir la protesta, acallar la crítica y paralizar la demostración cívica de desacuerdo político.
Alguien tendría que recordar a los legisladores del Partido Popular que la democracia no puede separarse de la expresión y que la seguridad ciudadana debe limitarse a garantizar la protección de libertades públicas y no, como quiere hacerse, favorecer que se cercenen. El delito se combate de forma integral, con educación, promoviendo una vida digna y eliminando las diferencias sociales, no con el castigo como principal argumento.
Con este escenario solo queda exigir al Gobierno la retirada inmediata del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Además, cabe pedir que se abra un debate con el resto de las fuerzas políticas que incluya la reforma de otras normas obsoletas como la de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Ley Orgánica General Penitenciaría. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior y responsable directo de una deriva que nos devuelve a la caverna preconstitucional y, por tanto, en la que la democracia solo era un sueño inalcanzado, debería dimitir aunque con ello se distinguiera honrosamente de sus compañeros de Gabinete.
Por Yaiza García Reca | Miembro de la Comisión Ejecutiva de IUCM
