La premisa conceptual de la que partimos es la función de los Estados. Para aquellos sectores sociales con alto nivel adquisitivo, sin entrar en los métodos ni en los códigos éticos en los que se han basado para conseguir dichas riquezas, se entiende que sus intereses están lejos de que los Estados sean intervencionistas y protectores. Defienden que los gobiernos se dediquen a escasas cuestiones pero fundamentales para ellos como son la Defensa, los Ejércitos, las Policías y Políticas Exteriores.
De las necesidades fundamentales para el ser humano como son la atención sanitaria, la educación, la universidad y la protección de sus familiares discapacitados o envejecidos apoyan que sea cada cual quién se financie dichas cuestiones. Acuden a empresas privadas, habitualmente muy caras pero en las que encuentran las respuestas que van buscando. La formación para ser los futuros gerentes de muchas de esas entidades privadas. Es un modelo individualista, materialista y competitivo (aceptando las ventajas fraudulentas en esa competición).
Las clases sociales medias son fundamentales en los países en vías de desarrollo o bien desarrollados. Suponen los profesionales que trabajan y están sujetos a unas nóminas oficiales que hace que se sepan las ganancias a medio plazo. Además, son fácilmente controlables por el Ministerio de Hacienda y los impuestos se les recortan mensualmente, lo cual asegura su colaboración con la sociedad para desarrollar el sector público.
Recordar que, aprovechando la crisis financiera, para nosotras pseudocrisis económica, han aumentado notablemente la pobreza y ha disminuido en la misma proporción la clase media, lo que pone en cuestión las necesidades estatales para cubrir sus presupuestos. La única posibilidad es que las poderosas multinacionales y los sectores más ricos, participen en la misma proporción que los demás, cumpliendo sus obligaciones legales estatales.
Sin embargo, para las clases más pobres, las más desfavorecidas económicamente, los estados no son importante sino son imprescindibles. Ninguna multinacional ni ninguna entidad bancaria va a financiar las necesidades de cualquier persona pobre porque obviamente no es un buen negocio. La única posibilidad que tienen en este amplio sector social es que los Estados cubran la Salud, la Educación y La Protección Social.
Es lo que se denomina Bienestar Social y define a los gobiernos. La financiación de estos trascendentales temas, que significan el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía, los cubren los impuestos. Si todas y todos pagamos nuestras obligaciones fiscales en la misma proporción, no hay problemas. Estas decisiones políticas también definen a los gobiernos correspondientes.
Aprovechando la crisis, en la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, se comenzó a recortar el bienestar social: sanidad pública, educación pública y ley de dependencia. En Agosto y con nocturnidad y alevosía se decide modificar la constitución (no hubo ningún inconveniente) para aceptar el chantaje de la negra Europa: menos fondos sociales para pagar las deudas a la banca. Hasta hoy todo sigue igual por lo que existe un deterioro muy importante en la atención de las necesidades sociales de los más desfavorecidos.
Con la llegada del gobierno del Partido Popular se intensificaron los recortes. El 23 de Abril de 2012 se promulga un Real Decreto, por el que se acaba con dos de los pilares del Sistema Sanitario Público español. Primero se prohíbe la atención sanitaria a los migrantes no regulados y a los jóvenes mayores de edad y que no hubieran cotizado suficiente tiempo. Se rompió la universalidad.
Además, como guinda al pastel se legaliza el copago farmaceútico. Se acabó con la gratuidad para los pensionistas. El argumento que el gobierno utilizó fue que esta medida aparecía para ahorra dinero y garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública. Ninguno de estos hechos se ha demostrado. Así que el sufrimiento de los pensionistas ha sido por una medida estéril además de injusta e inhumana.
En Andalucía, muchas organizaciones como la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, nos movilizamos enérgicamente y se consiguió que el gobierno andaluz de entonces dejara de aplicar dicho aberrante decreto ley en nuestra comunidad autónoma.
Con la llegada del nuevo gobierno central socialista se promulga el nuevo Real Decreto 7/2018, que se difunde como la recuperación de la universalidad sanitaria pero que en su propio texto incluye criterios para no atender a determinadas personas. Por esos motivos se constituye una Plataforma “La Llaman Universal y NO LO ES”, en la que estamos integrados, para conseguir de una vez por todas la recuperación absoluta y sin limitaciones del derecho universal a la atención sanitaria. Desde entonces, no se ha clarificado en ningún momento mediante normativas de los gobiernos autonómicos la situación actual en cuanto a la universalidad a todas las personas necesitadas, sin trabas administrativas.
Por todo ello, le hacemos una pregunta al gobierno andaluz actual. ¿Todos los profesionales sanitarios están en su derecho de atender a cualquier persona enferma? Si la respuesta es afirmativa, nos congratulamos y exigimos que se informen a todos los centros sanitarios al respecto y a toda la población. Si la respuesta es negativa, esperamos un razonamiento para que nos expliquen si la atención a los derechos humanos no esla prioridad absoluta de este gobierno y prefieren apoyar un decreto ley injusto que promulgó su partido político.
Utilizaremos las vías necesarias de movilización social para conseguir aclarar este aspecto que consideramos fundamental: la Sanidad Pública es universal, gratuita, equitativa y de la máxima calidad. Es lo que se merecen l@sciudadan@sespañol@s y andaluces. A nuestros conciudadanos les pedimos que se informen bien y apoyen los movimientos que consideren más justos y humanos.
Salud.
