viernes. 29.03.2024
urgencias

Después del análisis realizado y de los problemas detectados, conviene realizar una serie de recomendaciones y propuestas de mejora que, en nuestra opinión, son imprescindibles para superar la situación actual y para asegurar la sostenibilidad de la Sanidad Pública.

Lo primero es deben incrementarse de manera importante el numero de camas hospitalarias con el objetivo de conseguir entre 4,5 y 5 camas por 1000 habitantes (entre 50.000 y 80.000 camas más en todo el país) y que en ninguna comunidad autónoma haya menos de 3,5 camas/1000. Este incremento debe de realizarse especialmente en camas de media y larga estancia, para lograr al menos 1/1000 habitantes. Las nuevas camas hospitalarias deberían de ser camas de titularidad y gestión pública.

Por otro lado habría que realizar por parte de las administraciones sanitarias un análisis de la dotación tecnológica de los centros sanitarios y de su adecuación a las necesidades asistenciales, así como un plan para asegurar su actualización. También debe garantizarse la dotación necesaria de personal en los centros sanitarios para garantizar una atención sanitaria de calidad, y también establecerse una dotación mínima de personal de los centros sanitarios privados para una adecuada atención sanitaria. Finalmente hay que asegurar la convocatoria y dotación económica de todas las plazas de formación especializada acreditadas.

Para ello tenemos que aumentar el gasto/ habitante y año siempre y cuando este no supere el 60% del presupuesto sanitario, es decir si aumentamos en 1.000 € por habitante y año el presupuesto sanitario supondría unos 400 € per capita más, pero también tenemos que disminuir el gasto farmacéutico para situarlo por debajo del 14%. Asimismo hay que  reducir el gasto en privatizaciones y el gasto en conciertos para que no supere el 5%, y paralizar  las privatizaciones en AE e iniciar un proceso de recuperación de lo privatizado hasta el presente. Para ello habría que realizar cambios legislativos como la derogación de la Ley 15/97 y el blindaje de la provisión sanitaria pública.

Tenemos que evaluar las derivaciones hacia consultas de AE para valorar su idoneidad. En este sentido es importante proporcionar a la Atención Primaria de los medios necesarios para disminuir las derivaciones inapropiadas. Además hay que arbitrar mecanismos para controlar y disminuir las derivaciones a consultas externas y pruebas diagnosticas, con financiación pública, a los centros privados. Complementariamente tenemos que mejorar de manera sustancial la utilización de los quirófanos y la tecnología en los centros sanitarios públicos e incrementar las intervenciones por CMA

Un caso especial es el de la elevada tasa de cesáreas qua hay que controlar arbitrando mecanismos y protocolos de actuación para disminuir la tasa de cesáreas, tanto en los centros públicos como en los privados para acercarnos al objetivo de la OMS de un 15% sobre el total de partos, realizando inspecciones en aquellos centros que se desvíen de manera muy significativa del objetivo marcado.

Tenemos que evaluar las pruebas diagnosticas realizadas para analizar su pertinencia y adecuación, estableciendo planes para evitar la sobreutilización innecesaria. A la vez incrementar de manera significativa en la Sanidad Pública las actividades de fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia, implementando los recursos necesarios para ello.

Hay que reducir significativamente las urgencias hospitalarias mediante una mejora de la accesibilidad tanto en Atención Primaria como en la Especializada y actuaciones de educación para la salud .

Las listas de espera, tanto quirúrgica (LEQ) como en consultas externas (LEC) son un serio problema que hay que controlar. El objetivo debería ser que nadie espere mas de 6 meses en LEQ ni más de 60 días en LEC, y que las primeras consultas se realicen en 15 días en más del 90% de los casos.

Es muy importante una nueva política de recursos humanos para garantizar incentivos a los trabajadores sanitarios que primen la calidad de la asistencia sanitaria. Asimismo la formación continuada de los profesionales debe de estar garantizada por el sistema sanitario público y ser ajena a los intereses empresariales y regular estrictamente los conflictos de interés entre profesionales sanitarios y la industria farmacéutica. Por otro lado debería de primarse la dedicación exclusiva de los profesionales para evitar la competencia desleal y la colusión de intereses entre la sanidad pública y el sector privado.

Es muy importante el papel de la ciudadanía en el control del funcionamiento del sistema sanitario, para ello deben incluirse en los estándares de calidad de la AE las opiniones de la ciudadanía, recogida tanto a través de las encuestas de opinión como de las expresadas por las organizaciones sociales. En este contexto es imprescindible la puesta en funcionamiento de organismos de participación social y profesional en los centros de AE, con capacidad real para intervenir en la planificación y gestión de los mismos.

Finalmente tenemos que controlar el gasto farmacéutico, garantizando que el aumento del mismo en AE se sitúe al menos un punto por debajo del crecimiento presupuestario de este nivel asistencial, con el objetivo de disminuir el porcentaje de gasto farmacéutico progresivamente hasta alcanzar el 14%. Asimismo incrementar la utilización de genéricos y biosimilares y promocionar las compras agregadas de medicamentos de uso hospitalario por parte de todas las CCAA e impulsar la investigación pública, independiente de la industria farmacéutica

Aparte de las medidas que deberían adoptarse a corto plazo, seria conveniente la realización de un acuerdo estratégico sobre la Atención Especializada que estableciera los objetivos e instrumentos para garantizar una AE de calidad en la Sanidad Pública, incluyendo un modelo de organización y gestión, así como de la configuración de las especialidades médicas y de enfermería.


Firman este artículo: Sara Luque Moralo, Sergio Fernández Ruiz, Marciano Sánchez Bayle. Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

Cómo mejorar la atención especializada en la sanidad pública española