nuevatribuna.es
9 de febrero de 2010, 6:35
NUEVATRIBUNA.ES - 08.02.2010
Tras los constantes desplantes de Esperanza Aguirre y su habitual negativa al diálogo, los sindicatos han decidido dirigirse a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, para que estudie que medidas tomar contra la “brutal” privatización de la sanidad madrileña. La gota que colmó el vaso fue la Ley de Libre Elección y Área Única de la Comunidad de Madrid.
Los sindicatos pretenden que el ministerio estudie la vulneración constitucional de esta medida. La norma supondrá que los 6,4 millones de madrileños queden englobados en una única área de gestión sanitaria, cuando la Ley General de Sanidad establece que cada área no supere los 200.000 o 250.000 pacientes, para poder atender d emanera efectiva a los pacientes.
La ley que regula la instauración del área única sanitaria en la región entrará en vigor el 19 de febrero e irá de la mano de la libre elección de profesional. Los sindicatos ya enviaron sus quejas al Defensor del Pueblo, que les trasladó su preocupación por el deterioro paulatino de la sanidad madrileña.
"Las competencias están transferidas, pero el ministerio debe velar para que se cumpla el derecho básico y constitucional. No puede ser que las autonomías pongan en riesgo el ejercicio de la atención sanitaria", protesta la secretaria de política social de CCOO en Madrid, Ana González.
El secretario de políticas sectoriales de UGT Madrid, Juan Luis Martín, explica que el área única "va a crear zonas de mayor calidad que otras, porque se regirá por los criterios del mercado y creará competencia entre los centros hospitalarios". Los sindicatos temen que potencie los centros de gestión privada propiciando el desmantelamiento de los públicos.
La oposición también rechaza de plano la nueva medida. El secretario general del Partido Socialista Madrileño (PSM), Tomás Gómez, volvió a exigir el viernes a Aguirre la derogación de la norma. "Va a suponer un desastre para la gestión de los servicios sanitarios de la región". "Amenaza la sostenibilidad del sistema, perjudica los intereses de los madrileños y tiene visos de inconstitucionalidad", aseguró.
La Consejería de Sanidad considera que la "libertad de elección es imprescindible para consolidar unos servicios sanitarios públicos de la máxima equidad, calidad y eficiencia". Por otra parte, asegura que la colaboración público-privada ha hecho posible que se creen nuevas infraestructuras.
Sin embargo la práctica, esta Ley poco tienen que ver con la mejora de las infraestructuras, más bien lo contrario. Con el Área Única se incrementarán los recursos en aquellas zonas con mayor número de habitantes en detrimento del resto. En una población donde el centro de salud no cuente con especialistas, los pacientes optarán por trasladarse a otros lo que “romperá la equidad del sistema”.
Esto perjudicará sobremanera a determinados colectivos como la tercera edad que demandan la cercanía de sus centros de referencia; o los enfermos crónicos, otra de los colectivos que más necesitan de los servicios sanitarios.
La privatización de la sanidad madrileña ya ha provocado sus efectos. La portavoz de Sanidad de IU en la Asamblea de Madrid, Caridad García, recuerda que algunas poblaciones de la región carecen de especialidades como pediatría o radiología. Esta diputada afirma que los centros de atención primaria “serán los más perjudicados” y alerta del peligro de que la sanidad pública acabe convirtiéndose en “pura beneficencia”.
LA MISNITRA ESTUDIA MEDIDAS JURÍDICAS
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, tras su reunión con los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT de Madrid, Javier López y José Ricardo Martínez, la ministra afirmó que hay cuestiones que le "preocupan" como la creación de un área única que "engloba la atención de 6 millones de personas", ya que dificulta la gestión, organización y funcionamiento del servicio sanitario.
Jiménez ha dado a conocer que los servicios jurídicos de su departamento están estudiando la Ley de Libre Elección y Área Única de la Comunidad de Madrid al entender que puede contener algunas cuestiones que pudieran ser "incompatibles con la Ley General de Sanidad".
Por ello, cuando concluya la actual fase de evaluación del proyecto de ley madrileño y, en función de lo que decidan los informes jurídicos, "queremos -ha dicho la ministra- volver a hablar con la Comunidad y tratar de llegar a un acuerdo que permita ser compatible lo que viene definido en la Ley General de Sanidad con los desarrollos normativos que se están haciendo en el ámbito madrileño". Será, no obstante, el Ministerio de Administración Territorial el que, en función de los informes que le remita Sanidad, tome una decisión final a esta cuestión.
“LA ÚNICA QUE ROMPE ESPAÑA ES ESPERANZA AGUIRRE”
Los líderes sindicales, por su parte, han valorado la rápida actuación del Ministerio de Sanidad advirtiendo al Gobierno regional de la probable ilegalidad de establecer un Área Única sustentada en la libre elección de médico, y se han mostrado convencidos de que "hay base jurídica" para plantear un recurso de ilegalidad de la aplicación de la norma.
Martínez y López han defendido que la implantación de este Área Única es "ilegal" al contravenir la Ley General de Sanidad, vulnera la equidad contemplada en la propia norma y adolece de un principio fundamental como es "el respeto a las necesidades de las personas", ha señalado Martínez.
A su juicio, la sanidad "lleva tiempo siendo un laboratorio económico" para el Gobierno regional, pero con esta iniciativa política "han traspasado la raya de la decencia", al tiempo que ha acusado al consejero de Sanidad, Juan José Güemes, de "pretender" jugar con la salud de los madrileños.
Su homólogo de CCOO, Javier López, ha apelado a la protección que la Constitución otorga a la salud y ha explicado que el Área Única vulnera la igualdad de los madrileños, elimina la posible participación de los pacientes en la gestión del sistema sanitario y dificulta una asistencia coherente.
Ha considerado, además, que "si alguien está hoy rompiendo España es Esperanza Aguirre" porque, "siendo una gobernante legítima, se está acostumbrando a actuar de manera absolutamente ilegal en las políticas públicas que tiene que gestionar pero que no son de su propiedad" por ser "políticas de Estado".
Tras los constantes desplantes de Esperanza Aguirre y su habitual negativa al diálogo, los sindicatos han decidido dirigirse a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, para que estudie que medidas tomar contra la “brutal” privatización de la sanidad madrileña. La gota que colmó el vaso fue la Ley de Libre Elección y Área Única de la Comunidad de Madrid.
Los sindicatos pretenden que el ministerio estudie la vulneración constitucional de esta medida. La norma supondrá que los 6,4 millones de madrileños queden englobados en una única área de gestión sanitaria, cuando la Ley General de Sanidad establece que cada área no supere los 200.000 o 250.000 pacientes, para poder atender d emanera efectiva a los pacientes.
La ley que regula la instauración del área única sanitaria en la región entrará en vigor el 19 de febrero e irá de la mano de la libre elección de profesional. Los sindicatos ya enviaron sus quejas al Defensor del Pueblo, que les trasladó su preocupación por el deterioro paulatino de la sanidad madrileña.
"Las competencias están transferidas, pero el ministerio debe velar para que se cumpla el derecho básico y constitucional. No puede ser que las autonomías pongan en riesgo el ejercicio de la atención sanitaria", protesta la secretaria de política social de CCOO en Madrid, Ana González.
El secretario de políticas sectoriales de UGT Madrid, Juan Luis Martín, explica que el área única "va a crear zonas de mayor calidad que otras, porque se regirá por los criterios del mercado y creará competencia entre los centros hospitalarios". Los sindicatos temen que potencie los centros de gestión privada propiciando el desmantelamiento de los públicos.
La oposición también rechaza de plano la nueva medida. El secretario general del Partido Socialista Madrileño (PSM), Tomás Gómez, volvió a exigir el viernes a Aguirre la derogación de la norma. "Va a suponer un desastre para la gestión de los servicios sanitarios de la región". "Amenaza la sostenibilidad del sistema, perjudica los intereses de los madrileños y tiene visos de inconstitucionalidad", aseguró.
La Consejería de Sanidad considera que la "libertad de elección es imprescindible para consolidar unos servicios sanitarios públicos de la máxima equidad, calidad y eficiencia". Por otra parte, asegura que la colaboración público-privada ha hecho posible que se creen nuevas infraestructuras.
Sin embargo la práctica, esta Ley poco tienen que ver con la mejora de las infraestructuras, más bien lo contrario. Con el Área Única se incrementarán los recursos en aquellas zonas con mayor número de habitantes en detrimento del resto. En una población donde el centro de salud no cuente con especialistas, los pacientes optarán por trasladarse a otros lo que “romperá la equidad del sistema”.
Esto perjudicará sobremanera a determinados colectivos como la tercera edad que demandan la cercanía de sus centros de referencia; o los enfermos crónicos, otra de los colectivos que más necesitan de los servicios sanitarios.
La privatización de la sanidad madrileña ya ha provocado sus efectos. La portavoz de Sanidad de IU en la Asamblea de Madrid, Caridad García, recuerda que algunas poblaciones de la región carecen de especialidades como pediatría o radiología. Esta diputada afirma que los centros de atención primaria “serán los más perjudicados” y alerta del peligro de que la sanidad pública acabe convirtiéndose en “pura beneficencia”.
LA MISNITRA ESTUDIA MEDIDAS JURÍDICAS
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, tras su reunión con los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT de Madrid, Javier López y José Ricardo Martínez, la ministra afirmó que hay cuestiones que le "preocupan" como la creación de un área única que "engloba la atención de 6 millones de personas", ya que dificulta la gestión, organización y funcionamiento del servicio sanitario.
Jiménez ha dado a conocer que los servicios jurídicos de su departamento están estudiando la Ley de Libre Elección y Área Única de la Comunidad de Madrid al entender que puede contener algunas cuestiones que pudieran ser "incompatibles con la Ley General de Sanidad".
Por ello, cuando concluya la actual fase de evaluación del proyecto de ley madrileño y, en función de lo que decidan los informes jurídicos, "queremos -ha dicho la ministra- volver a hablar con la Comunidad y tratar de llegar a un acuerdo que permita ser compatible lo que viene definido en la Ley General de Sanidad con los desarrollos normativos que se están haciendo en el ámbito madrileño". Será, no obstante, el Ministerio de Administración Territorial el que, en función de los informes que le remita Sanidad, tome una decisión final a esta cuestión.
“LA ÚNICA QUE ROMPE ESPAÑA ES ESPERANZA AGUIRRE”
Los líderes sindicales, por su parte, han valorado la rápida actuación del Ministerio de Sanidad advirtiendo al Gobierno regional de la probable ilegalidad de establecer un Área Única sustentada en la libre elección de médico, y se han mostrado convencidos de que "hay base jurídica" para plantear un recurso de ilegalidad de la aplicación de la norma.
Martínez y López han defendido que la implantación de este Área Única es "ilegal" al contravenir la Ley General de Sanidad, vulnera la equidad contemplada en la propia norma y adolece de un principio fundamental como es "el respeto a las necesidades de las personas", ha señalado Martínez.
A su juicio, la sanidad "lleva tiempo siendo un laboratorio económico" para el Gobierno regional, pero con esta iniciativa política "han traspasado la raya de la decencia", al tiempo que ha acusado al consejero de Sanidad, Juan José Güemes, de "pretender" jugar con la salud de los madrileños.
Su homólogo de CCOO, Javier López, ha apelado a la protección que la Constitución otorga a la salud y ha explicado que el Área Única vulnera la igualdad de los madrileños, elimina la posible participación de los pacientes en la gestión del sistema sanitario y dificulta una asistencia coherente.
Ha considerado, además, que "si alguien está hoy rompiendo España es Esperanza Aguirre" porque, "siendo una gobernante legítima, se está acostumbrando a actuar de manera absolutamente ilegal en las políticas públicas que tiene que gestionar pero que no son de su propiedad" por ser "políticas de Estado".
