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sábado 21/5/22
ENTREVISTA

Rogelio Blanco: "El de la Guerra civil fue sobre todo un archivo de represión"

Como ‘archivero mayor del reino’, Rogelio Blanco defiende con vehemencia que los legajos “no son de nadie, son de todos”. El director general del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura habla para Nueva Tribuna sobre el proceso de recopilación de documentos para el Centro de la Memoria Histórica.
ISABEL G. CABALLERO / NUEVATRIBUNA.ES - 29.01.2009

Nueva Tribuna. ¿Qué abarca el área que usted dirige?

Rogelio Blanco Martínez. Las tres áreas de esta dirección son de excelencia nacional y dos de ellas de extraordinaria riqueza internacional. La red de bibliotecas públicas es la red cultural más importante de España, recibe al año cerca de 100 millones de visitas. No hay nada equiparable.
En cuanto a libros, España es la cuarta potencia mundial y la tercera europea. Por delante está EE UU, Alemania e Inglaterra. En España se producen al día más de un millón de ejemplares y la industria del libro supone el 50% de la facturación total de las industrias culturales en España. El libro es el décimo producto en exportaciones. Junto a esto, decir que la riqueza archivística española es extraordinaria, es impresionante. En el área de archivos, España está considerada, junto con Italia, potencia mundial en espacios o depósitos archivísticos.

N.T. ¿Qué significado tiene el Centro de la Memoria Histórica?

R.B. El centro nace a raíz de la Ley de Memoria Histórica y es la continuación en parte del viejo y conocido Archivo de la Guerra Civil en Salamanca. Digo en Salamanca, que no de Salamanca, porque no es de nadie, es de todos.
El antiguo archivo que inicialmente pertenecía al Ejército luego pasó a ser una sección del Archivo Histórico Nacional y luego se independizó para ser un archivo propio. La actual sede es una de las que serán las tres sedes del centro. El Centro Documental de la Memoria abarca cinco áreas y sus contenidos son referidos a la Republica, la Guerra Civil, el franquismo, el exilio y la Transición, es decir la mayor parte del siglo XX de la historia de España.

N.T. ¿Y cuáles serán los contenidos de esas áreas?

R.B. Tendrá un área de biblioteconomía, de fondo de libros. Estamos adquiriendo ejemplares en cantidades importantes. Y un área museística para la que ya tenemos gran parte. Habrá también un área de difusión, de espacios, de salas multiuso para difundir los contenidos a base de conferencias, estudios, ciclos de cine, etc. Y una quinta área de atención al ciudadano, porque la documentación que concentra es muy viva y afecta a la gente.
Se van a ubicar en Salamanca, en la vieja sede del Archivo Civil, actualmente en la ‘Calle del Expolio’. Además hemos empezado las obras de un Palacio en la Plaza de los Bandos, donde se ubicarán otras áreas; y el Ayuntamiento nos acaba de ceder un solar en un paraje llamado de Tejares de unos 1.000 metros cuadrados donde construiremos propiamente el silo archivístico para cerca de 300.000 cajas.
Tres edificios, el de Tejares tipo depósito para la cantidad de cajas, unas 250.000 0 300.000 cajas archivísticas y las otras dos sedes con biblioteca museística y exposiciones, la propiamente archivística en cuanto a investigación, la de difusión para congresos, seminarios y cine y atención al ciudadano. Se trabajará con la actual plantilla de 30 funcionarios y otra plantilla que duplica y que ya está aprobada.


EL ARCHIVO DE LA REPRESIÓN

Para Rogelio Blanco el archivo de Salamanca no es un archivo rico “ni en calidad ni en cantidad”. Lo más destacable a su juicio son las 3.400.000 fichas de represión que se hicieron al finalizar la Guerra Civil. Es, dice, “un archivo de represión”, depurado y vaciado al extremo, un ejemplo de que “los vencedores no fueron muy generosos con los vencidos".

N.T. Estáis también a la espera de recibir fondos del Archivo de Alcalá de Henares.

R.B. Hay una gran parte que está allí. Unas 150.000 cajas. Este archivo es medial o intermedio. La documentación que llega de los servicios de la Administración del Estado van a ese archivo para que ahí permanezcan unos años y desde ahí salgan a los archivos históricos. El planteamiento de que si en Alcalá de Henares se quedan o no se quedan o lo que se dice que Alcalá se sacrifica para Salamanca no es cierto. El Archivo General siempre estará sacrificado porque es un archivo intermedio.

N.T. ¿Cuántos archivos hay en España?

R.B. Hay once archivos históricos nacionales que administra el Ministerio de Cultura y otros 52 provinciales, uno por provincia. Y luego hay otros dos nacionales que administra la comunidad en cuestión que es el del Reino de Galicia y el de la Real Chancillería de Granada. Pero entre privados y públicos, en España hay cerca de 39.000 archivos.

N.T. ¿De cuántos documentos dispone ya el Centro de Memoria Histórica?

R.B. En cantidad no lo sabría valorar pero sí cuánto está para entregar ya. Estarían las 150.000 cajas de Alcalá de Henares. 4.000 cajas que corresponden al proceso que se conoció como ‘Causa General’ que está en el Archivo Histórico Nacional y de lo que hemos ido adquiriendo (piezas, cuadros, banderas, carteles, muchos de ellos están en al caja fuerte) que ya estamos entregando a Salamanca.
Se ha hecho ya un envío de libros, de varias adquisiciones de carteles, posiblemente la mejor colección de cartelismo bélico del mundo. Asimismo, estamos enviando muchísimas fotografías y también queremos reformar y ampliar el actual espacio museístico que hay de la masonería.

N.T. ¿Destacaría algún documento en especial del Centro de Memoria?

R.B. Hay mucha documentación muy importante y gran parte de ella es relativa a personas. Cartas de niños en el exilio, relaciones de prisioneros, canjes de prisioneros, ejecuciones, informes y veredictos de condenas a muerte y penas de prisión.
Lo que destacaría como excepcional es el archivo de represión con 3.400.000 fichas nominales que se hizo al final de la Guerra Civil. Hay muchísimas personalidades porque afectó a todos los altos cargos de la República, de la masonería, del comunismo. Decir en ese momento masón o comunista venía a ser lo mismo aunque no era lo mismo. Era la clasificación máxima de criminal y suponía el exterminio o el encarcelamiento. El archivo de la Guerra Civil es un miniarchivo, es el más pequeño en cantidad y en calidad. Los archivos más sustanciosos y sabrosos de información los vaciaron para las fichas y se destruyeron, y lo que quedó es lo menos relevante; y en cantidad son 4 kilómetros de cajas, el más pequeño que tenemos, aunque sea el más relevante.

N.T. ¿Cuál fue el proceso?

R.B. Ahí llegaron alrededor de 800 toneladas de papel. El sector ganador de la Guerra Civil incautó todo lo que creyó conveniente para sus objetivos de represión. No es un archivo propiamente de la Guerra Civil sino un archivo de represión. Incautaron a particulares e instituciones lo que creyeron conveniente.
Durante esos años, instructores, sobre todo de la Guardia Civil, adiestrados por técnicos, algunos de la SS alemanas, les ilustraron de cómo tenían que hacerse estas fichas de represión. Según se iba haciendo vaciado de todo lo incautado se iban creando.
De las 800 toneladas iniciales, quedan aproximadamente 150. El resto se destruyó, porque lo importante no era conservar esos archivos sino conseguir información para el objetivo final que era reprimir. A la hora de elaborar las fichas represivas, directamente se iba a aquellos archivos más interesantes por la categoría de la persona de cara al objetivo final de represión.
Los archivos incautados a responsables de la República, abogados significativos, políticos, militares, son los que primero se vaciaron y también los que primero se desestimaron. Toda la documentación relevante fue la que se fue vaciando porque el objetivo eran las fichas de represión. Un modelo de que los vencedores no fueron muy generosos con los vencidos. Es un verdadero monumento a la falta de generosidad del vencedor.

N.T. También se incautaron libros

R.B. Sí, otra parte importante es la hemeroteca. Lógicamente, los que expoliaban no solo se llevaban el archivo sino también la biblioteca si la hubiere. Digo esto porque se ha aludido a que ahí hay libros del siglo XVIII. Es comprensible que un catedrático o un abogado que fuera hijo o descendiente de alguien también académico, dispusiera de una biblioteca heredada, de familiares, así que cuando entraban al expolio también se llevaban los libros.


LOS LEGAJOS DEL EXILIO

A Rogelio Blanco le corresponde recuperar toda la documentación de los exiliados españoles, esparcida por varios países del mundo. El último legado de relevancia ha sido el aportado por la Cruz Roja Internacional el pasado 27 de octubre.

N.T. Existen moratorias de determinados documentos sujetos a la Ley Orgánica de Protección de Datos.

R.B.Todo lo que manda la Agencia de Protección de Datos tenemos que respetarlo rigurosamente si bien es cierto que se intenta favorecer de alguna manera todo lo que sea a favor de la cientificidad. Hay series de documentos que a medida que pasa el tiempo se van desclasificando. Tienen que pasar 50 años si el personaje es desconocido o 25 años si es conocido. Pero lo que realmente nos preocupa del conocimiento de particulares es en la recuperación de archivos que hay en el exterior.

N.T. ¿Con qué países hay convenios de colaboración?

R.B. Prácticamente todos los países de América en los que hubo exilio, y en colaboración más viva Santo Domingo, Cuba, México, Uruguay, Argentina y Chile. Y en Europa, Francia, Polonia, Alemania, Suiza y Rusia; además del norte de África, en Argelia y Marruecos, donde también hubo exilio.

N.T. ¿Qué dificultades tenéis en recuperar esos fondos?

R.B. Tenemos que situarnos en un contexto. Al terminar la II Guerra Mundial, las potencias ganadoras y perdedoras se preocuparon de sus habitantes y los gobiernos estuvieron ajenos al exilio español y a los miles de españoles errantes. Por otra parte, el gobierno franquista no solo no quería saber nada de ellos sino que además los negaba.
Durante mucho tiempo toda esta documentación ha estado de mala manera, desatendida, maltratada. Por suerte hay todavía residentes e hijos del exilio por toda Europa diseminados que tienen una documentación a modo particular que para ellos es significativa, pero a medida que pasa el tiempo van desapareciendo personajes significativos: brigadistas, participantes republicanos.
También nos preocupa el desarrollo de un archivo oral. En otros países la oralidad se atiende con cierta dedicación y en España en materiales orales no somos muy ricos. Estamos haciendo una labor importante de adquirir testimonios orales y eso nos preocupa porque cada año quedan menos de estos personajes.

N.T. Un paso importante ha sido la entrega de los documentos de la Cruz Roja Internacional.

R.B. Sí, pero hemos dado más pasos importantes aunque éste haya tenido más impacto mediático. Hemos traído el archivo del Ateneo de México (México fue el país por excelencia del exilio más que ningún otro). Hemos traído de Argentina más de quince archivos de instituciones y de particulares y el archivo de Winnipeg de chile, el famoso barco que financia y fleta Pablo Neruda con miles de exiliados españoles.
Hace un año hemos recibido aproximadamente unas 5.000 fichas de exiliados españoles en Santo Domingo, unos sí están digitalizados, otros no. También estamos recibiendo numerosos legados, bibliotecas y archivos de particulares, se ha adquirido la biblioteca de Dionisio Ridruejo, hemos recibido legado de López Pacheco, entre otros.
El de la Cruz Roja tiene un cierto impacto y lo tiene por su cantidad y calidad, es un archivo muy copioso, de cerca de 300.000 documentos y de unas características impresionantes porque es tremendamente epidérmico, son biografías, son vidas, son canjes, son listas de presos, de intercambio de prisioneros de un bando con otro, muchos son personajes muy significativos, personal de cine, hasta el portero de fútbol Ricardo Zamora; del Conde de Romanones a la hermana de Millán Astray o de Raimundo Fernández Cuesta.
Las listas son espectaculares, o la lista de Paracuellos, son 972 según la Cruz Roja Internacional y no los miles que se justifican. Por lo tanto, una vez que los investigadores se adentren en el archivo se van a encontrar con muchas, muchas sorpresas, y muchos inexistentes que se han sostenido en el tiempo y habrá que corregir.

N.T. Se han adquirido también fondos de los sindicatos. ¿Estáis a la espera de otros?

R.B. De UGT está prácticamente todo. De CNT menos porque la mayor parte está en Holanda.

N.T. Antes decía que el archivo de Salamanca no es especialmente significativo

R.B. El fondo de Salamanca, desde el punto de vista archivístico, no se sostiene para nada. En Alcalá de Henares son 178 kilómetros de estanterías. Ahí está todo el franquismo. En el Archivo Histórico Nacional hay 4.000 cajas de ‘Causa General’. Pero es que, en cuanto a archivos como el de Alcalá, si esa documentación no tuviera 50 años (lo que obliga a preservarla) y se pudiera hacer un expurgo, la mayor parte se destruiría, no tendría validez.
Un pasaporte es un documento repetido. Una carta solo tiene valor personal pero no archivístico si no aporta información. La mayor parte de las cartas de los niños hablan de las necesidades que tenía el niño, casi todas hablan de comer.
Hace poco, la Comisión de Calificación de Archivos que la hemos constituido hace unos años acordó destruir aproximadamente 650 kilómetros de papel. ¿Qué contenidos tenía? Pues los impuestos de lujo de automóviles. Pero no existe el coche, no existe el propietario, no existe el bastidor, nada ¿Qué archivas? Archivas un protocolo de las diversas maneras en las que fue cambiando la administración o las exigencias que había que justificar y eso es muy poquito y no las docenas de kilómetros de todos los coches que se vienen comprando desde el año 50. ¿Para qué queremos eso? Porque esos 650 kilómetros de archivo, mantener ese papel almacenado supone al año unos 13 millones de euros, que son malgastados, inútiles. Con la documentación se hacen protocolos, se expurga y todo lo que no aporte información relevante se destruye.
Por eso digo cuánta discusión se ha hecho de una irrealidad y de un inexistente, con escaso valor archivístico. Lo que hay que plantear es si hay que devolver o no lo que se incauta. ¿Por qué se devuelven pisos y no se devuelven los papeles? Y aquellos que consideran que se devuelvan, ¿hay que considerar que están rompiendo la unidad de España? Para nada, creo que todo demócrata tiene que exigir y es de justicia devolver lo que se roba. Por lo tanto es todo un ejercicio democrático exigir que se subsane una injusticia, es obligatorio. Un civismo democrático exige un compromiso de reparar todas aquellas violaciones que se hayan producido.
Por lo tanto, todos aquellos que ejercen la voluntad para que se devuelva lo expoliado están ejerciendo un acto verdaderamente cívico y democrático.

N.T. ¿Qué fondos se han recibido de partidos políticos o de fundaciones?

R.B. Tenemos unas líneas de colaboración archivística que son para el proceso de digitalización. Se ha establecido un debate queriendo magnificar el valor del documento original, que lo tiene. Pero tenemos que hacer también un ejercicio de racionalidad. El documento original tiene el valor que tiene, sentimental o iconográfico, pero cara a la investigación, las nuevas tecnologías de duplicación de digitalización permiten una mejora cuantitativa de todo original. La obsesión no debe ser si se tiene o no el objeto primigenio, sino poner a disposición de los ciudadanos la información en un sistema, en el soporte que mejor lo garantice.
Esta más que comprobado que las nuevas tecnologías te permiten ofrecer al ciudadano la disponibilidad de los contenidos de los documentos mejor que el original, porque te permite ampliar, limpiar las suciedades, te permite transportarlo, llevarlo, te permite elaborar una serie de metadatos de transcriptores que hace que puedas manejar mejor los numerosos objetos.

Los fondos de estas fundaciones, de Indalecio Prieto, de la Fundación Francisco Franco la mayor parte están digitalizados y depositados ahí y en disposición del programa PARES de los investigadores que es un programa abierto que va camino de los 50 millones de imágenes. Una responsabilidad razonable, archivística, es poner los documentos a disposición del ciudadano. No obsesionarse por dónde están. Creo que aquí hemos seguido dos discursos erróneos. Uno muy conservador, al entender que la ruptura del legajo es la ruptura de la unidad de España. En primer lugar las unidades de los legajos son cuestionables porque con frecuencia llegan los archivos por caída libre, llegan como llegan. Y otro discurso de corte también muy romántico o nacionalista que afirma que si no tengo el documento originario se rompe la tribu, si no tengo el tótem se rompe la tribu. No son unos discursos modernos y para nada democráticos.
El discurso correcto que creo que debemos hacer de los archivos lo resumo en tres verbos. Primero normalizar, que es legislar. No es razonable que el país del mundo más rico en archivos junto con Italia, la legislación que tengamos sea un reglamento de 1901, está absolutamente obsoleto y no contempla las nuevas tecnologías ni tampoco dice qué hay que preservar o no.

N.T. ¿Y no hay previsión de reforma?

R.B. Sí, y se hará en esta Legislatura. Hay que regular porque ahora los soportes ya no son el papel, son virtuales y hay que decir qué documento virtual se archiva o no se archiva porque estamos perdiendo mucha información.
Decía que lo resumía en tres verbos. El segundo, construir nuevo silos. Los contenidos son generalmente originales y copias únicas. Hay que construir y lo estamos haciendo con numerosos archivos por todo el país, hemos inaugurado varios. En estos momentos hay varios en construcción y muchos de ellos en marcha para tener grandes silos archivísticos para guardar ese original, pero esto es digitalizar, y digitalizar significa preservar y custodiar perfectamente el original.
Lo tercero es difundir para que todos los ciudadanos puedan acceder a él.
Lo que no tiene que preocuparnos es si ese documento está aquí o allá, lo que tiene que preocuparnos es el esfuerzo que tenemos que hacer para aplicar las nuevas tecnologías y poner los archivos a disposición de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el archivo es la unidad cultural que más garantiza las libertades y los derechos de los ciudadanos.

Toda nuestra biografía está en un archivo. Lo primero que generamos al nacer es una partida de nacimiento y lo último una defunción; y entre una y otra están nuestras herencias, nuestros títulos universitarios, estados civiles, propiedades, nuestro paso por este mundo está en los archivos y son los que garantizan tus derechos y tus libertades frente a cualquier acoso.
Creo que en un régimen democrático no hay que obsesionarse por dónde está sino cómo está y por entender que una buena calidad de nuestros archivos es un indicador de nuestra calidad democrática, un termómetro para medir la salud de un régimen democrático.

Lo que pretendo desde mi responsabilidad es tratar de romper el discurso que está más habilitado. El archivo llamado de la Guerra Civil no es de Salamanca, está allí como podría haber estado en otro lado. La documentación más importante relativa a la Guerra Civil no está en Salamanca, está en otros archivos en España como Alcalá de Henares, y en otros archivos en el exterior, como en Rusia. El archivo de Salamanca es de una calidad cuestionable por las razones que te expliqué. No es la mayor riqueza, excepto la lista de fichas de represión, pero ese fue elaborado ahí in situ y eso nadie lo cuestiona y nadie desea moverlo.

N.T. ¿Qué tendrá que tener en cuenta la futura ley?

R.B. Por ejemplo, tendrá que considerar los archivos de altos cargos. No es razonable que el archivo de Franco en la parte de personaje público termine en manos de la familia en una colección privada.

N.T. ¿Y es así como está?

R.B. Es que no hay nada que lo regule. Se ha digitalizado y tenemos la documentación digital pero no los originales. Pero eso me da igual, una vez que tenemos la información quiero mantener un discurso del siglo XXI. Lo que debería ser es que en 30 o 100 días pasasen al Estado como personaje público como pasa en todos los países reglamentados, porque es en función de su cargo. Lo que no puede ser es que luego la familia esté negociando y trapicheando con ellos como está sucediendo. Y nosotros tengamos que estar comprando documentos de personajes de Estado por no estar reglamentados y que son de mucho interés por razón de su cargo.

N.T. Entonces, ¿está pagando el Estado por esos documentos?

R.B. A veces se nos ofrece la forma de poder adquirirlos. Pero eso no puede ser. Por suerte, un juez ha determinado en el debate que hay entre los herederos del general Yagüe que la Administración pueda también optar a esos archivos en cuanto se corresponden a un cargo público.

N.T. ¿Cuánto costó digitalizar el fondo de Franco?

R.B. Fue una inversión que se hizo en la anterior legislatura y fueron en torno a 100 millones de pesetas de coste de digitalización.

N.T. También se está haciendo un trabajo para recabar las resoluciones dictadas por diferentes tribunales, entre ellos la Audiencia Nacional y los TOP (Tribunales de Orden Público), los juicios sumarísimos

R.B. Los TOP están en Alcalá de Henares e irán para Salamanca. Aparte de los 3.400.000 de represaliados, hay otras 300.000 fichas de ejecutados en Alcalá de Henares, además de fichas nominales de condenados, unos a cárcel y otros a muerte.

N.T. ¿Cuántos documentos ha solicitado el Juez Baltasar Garzón en la causa abierta contra el franquismo?

R.B. Ha solicitado información de tres archivos: de Alcalá, de Salamanca y del Histórico Nacional.

N.T. ¿Qué le parece su actuación?

R.B. Que él tiene derecho a pedirlo y nosotros la obligación de dárselo.

N.T. A finales de noviembre se celebrará un encuentro internacional de directores de centros similares al de la Memoria Histórica en Salamanca.

R.B. Es el primer encuentro de directores mundiales de Centros de la Memoria. Vendrán de Chile, uno o dos de Argentina, más el fiscal Strassera; uno de Santo Domingo. Viene el centro Mandela de Sudáfrica; el de Rusia; el de Portugal; dos de Alemania; y de Israel que no tenemos confirmado.
Se inaugurará con una conferencia de Juan Gelman (Premio Cervantes 2007) en la medida que él se vio afectado por los desaparecidos y nietos apropiados en la dictadura argentina y clausurará Marcos Ana, el político salmantino que más años estuvo en las cárceles franquistas, además de poeta y que acaba de publicar unas memorias y una autobiografía que Pedro Almodóvar va a llevar al cine. También, creemos que va a venir aunque no esta confirmado- la niña vietnamita quemada con Nepal.

N.T. ¿Qué se busca con este acto?

R.B. El objetivo de esto es demostrar que otros países que han sufrido situaciones dramáticas han creado centros documentales de la memoria y no ha pasado nada. No solo han sellado heridas, sino que además ha sido positivo.
Todos estos agoreros que entienden o que creen que no se puede tocar la memoria, suelen tener una actitud tremendamente conservadora. Casi siempre, al temor o a la voluntad de determinados sectores, le han sucedido elementos de vergüenza -cuando hay crímenes y colectivos humanos maltratados-, y de asolar, de echar tierra, y eso es muy peligroso, porque casi siempre, cuando se asola con tanta rapidez se va a construir otra barbaridad encima y lo que permanece en la historia son las ruinas. Aquí hay ruinas humanas, en el fondo hay ruinas humanas y eso permanece, va a estar ahí permanentemente hasta que no se trate y no se atienda.
Uno de los objetivos es demostrar con este encuentro que otros países han hecho su trabajo, han atendido el drama y no ha pasado nada, el país no se ha destruido.
Otro objetivo es crear una red mundial de este tipo de centros para pasarnos lo máximo posible de información y técnicas. Porque cualquiera de estos países puede ser susceptible de allanar y tapar y, claro, ese tipo de archivos, con frecuencia, suelen ser los primeros en destruir. Al fin y al cabo es la voz de los vencidos, pero al vencido se le vence no se le humilla.

Rogelio Blanco: "El de la Guerra civil fue sobre todo un archivo de represión"
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