martes. 19.03.2024

Rodolfo Martín Villa es el último sobreviviente de la Transición. Su vida estuvo ligada al poder desde los años oscuros del franquismo hasta la Era Rajoy, en la que el exministro de Economía, Luis de Guindos, lo puso al frente de Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria).

El cierre de su trayectoria en la política española se produjo en 2013, cuando ingresó en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, un broche de oro que terminaría empañándose al año siguiente cuando la jueza argentina María Romilda Servini librara contra él una orden de busca y captura internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Vitoria en 1976. Estos crímenes se produjeron cuando la Policía desalojó la iglesia de San Francisco de Asís, en la que se encontraban reunidos miles de trabajadores en huelga. La policía abrió fuego hacia el interior de la iglesia y disparó contra quienes abandonaban el recinto. Como consecuencia de esto, cinco manifestantes perdieron la vida y más de ciento cincuenta resultaron heridos, algunos de ellos de extrema gravedad. Este suceso salpicó a Martín Villa y al entonces Ministro de Gobernación, Manuel Fraga Iribarne.

Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral fueron los cinco trabajadores asesinados por la policía. Pero las querellas integradas por familiares de víctimas acusan a Villa de tener responsabilidad en las muertes de otras seis personas. Norma Menchaca Gonzalo fue asesinada el 9 de julio de 1976, José María Zabala Erarsun murió el 8 de septiembre de aquel año; el 23 de enero de 1977 falleció Arturo Ruiz García; el 12, el 14 y el 15 de mayo fueron asesinados Rafael Gómez Jáuregui, José Luis Cano Pérez y Francisco Javier Núñez. Todos fueron muertos durante protestas y manifestaciones.

Estos son los sucesos por los que la jueza argentina María Romilda Servini solicitó su extradición al gobierno de España. En 2014 Servini dictaminó que los asesinatos que se produjeron durante la huelga de 1976 “habrían sido cometidos en el contexto de un ataque sistemático y generalizado contra población civil, con conocimiento de ese ataque; y cuya responsabilidad mediata en aquellos es achacada a Rodolfo Martín Villa, como titular de uno de los ministerios actuantes en el conflicto”.

La jueza argentina no tuvo respuestas de parte del gobierno de España. Las respuestas planteaban que los hechos eran alcanzados por la Ley de Amnistía, que rige en el territorio español desde 1977.  

Ahora, tras años de idas y vueltas, María Romilda Servini viajará a España para tomar indagatoria a Villa. Familiares de víctimas de estos crímenes sostuvieron que se trata de un paso sumamente importante, ya que esta causa ha sido sistemáticamente vapuleada por las autoridades españolas que se han negado a que avance.

Rodolfo Martín Villa será interrogado por su participación en once asesinatos