jueves. 28.03.2024

Hace un año ya partíamos en Madrid de 3000 camas hospitalarias menos y una pérdida de 2000 profesionales, todo ello mermado en los 10 años previos. No hace falta recordar que, en la Comunidad de Madrid, el Partido Popular lleva 25 años gobernando. Tampoco creo que sea necesario explicar que, durante toda la pandemia han sido las diferentes comunidades autónomas las únicas responsables de su actuación en actividad sanitaria.

Marzo 2020: La Consejería de Sanidad prohíbe en las residencias geriátricas el traslado de ancianos a hospitales, sin medicalizarlas. Los ancianos son condenados a morir sin asistencia médica. En Atención Primaria recibimos también recomendación de no trasladar a ancianos mayores de 80 años con infección Covid a hospitales, aconsejando su sedación en domicilio para ayudarles a morir.

Desde el 22 de marzo se cierran los Servicios de Urgencias en Atención Primaria (SUAP), que daban atención durante la noche y los fines de semana, dependientes del SUMMA112, sin una razón justificada. Se organiza el Hospital de campaña en IFEMA, obviando que hay muchos espacios en hospitales públicos que podían habilitarse. A pesar de que en su instalación participan muchos voluntarios de forma altruista, utilizar este recurso durante 40 días nos cuesta 50 millones a los madrileños. En este caso se desplaza a personal de Atención Primaria de forma voluntaria (que no es repuesto en su lugar de trabajo) y contratan profesionales de otras comunidades cuyos contratos podían mantenerse hasta diciembre.

El día 1 de mayo, de forma precipitada, se clausura el "hospital milagro", cesando a muchos de los profesionales que habían acudido para ayudar y asegurando que este recurso seguiría disponible en caso necesario.  En mayo siguen sin contratar rastreadores (salvo 40 personas contratadas en Telefónica e Indra). Se calculaban como necesarios 2000 rastreadores en Madrid.

En Madrid no hay una mala gestión, hay un claro propósito de acabar con el sistema sanitario público. La Comunidad de Madrid recibió 3.500 millones de euros de fondo Covid por parte del gobierno central, se desconoce en qué ha sido empleado

Desde Salud Pública en Madrid Salud, perteneciente al Ayuntamiento, se ofrecen 100 profesionales, con protocolo elaborado, y 17 centros municipales dispuestos para iniciar actividades de rastreo. A punto de ponerse en marcha y coincidiendo con la dimisión de Yolanda Fuentes (Directora de Salud Pública) por disparidad de criterios en el pase a la siguiente fase, desde la CM se rechaza la propuesta de apoyo a coste 0. Prefieren pedir voluntarios entre la población, inaudito, para después exigir al gobierno central movilización de, aun anunciando el Ministerio de Defensa que dispone de 5.000, solo 150 militares que puedan rastrear.

También en mayo finalizan su especialidad 200 médicos de familia en Madrid. El contrato que se les ofrece es de 6 meses y de área, esto quiere decir que no tienen un centro fijo de trabajo, pudiendo variar cada día según las necesidades. Ninguno de los 200 médicos de familia admite estas condiciones, perdemos 200 profesionales que huyen a otras comunidades. Profesionales hay, ellos les echan con contratos indignos.

En los hospitales públicos las camas UCI se triplican, utilizando espacios de quirófanos, gimnasios, bibliotecas...

No se vuelve a utilizar el IFEMA, ni se consigue que se abran 19 camas de UCI en el Hospital Infanta Sofía y 6 en Infanta Leonor, ambos de gestión privada.

Si alguien no entiende la diferencia entre hospital público de gestión pública y de gestión privada, aquí lo podemos entender: desposesión en cuanto a su gestión. En realidad, pertenece a accionistas y fondos de inversión con interés puramente económico. La salud de los pacientes no es su objetivo.

En septiembre ya empiezan a hablar de la construcción de un “Hospital de Emergencias”, único en el mundo, dado que no tiene ningún sentido su existencia. Es una buena oportunidad para seguir haciendo negocios con las empresas afines. La adjudicación de contratos para su construcción y puesta en marcha se ha realizado sin concurso público, ascendiendo el gasto a 150 millones de euros, el triple de lo presupuestado.

Se inaugura el 1 de diciembre una nave sin finalizar su construcción, sin un plan funcional, sin los requisitos necesarios y que, funcionalmente depende del Hospital La Paz (laboratorio clínico, microbiología, banco de sangre, farmacia, radiólogo de guardia...)

La instalación megalomaníaca es innecesaria, seguimos teniendo espacios de posible habilitación y está el IFEMA sin utilizar, con las mismas prestaciones. Atenta contra las necesidades básicas del paciente: intimidad, zona de aseo privada, condiciones de descanso adecuadas (luz, ruido ...) y de seguridad del mismo, ya que en ocasiones de agravamiento es necesario su traslado al hospital de referencia. Y lo más importante, y que no se ha tenido en cuenta, NO CUENTA CON PROFESIONALES.

Se piden voluntarios entre el personal hospitalario. Sólo consiguen 100 personas, cuando se estiman necesarias 699. Lo que comienza siendo traslado voluntario, termina siendo traslado forzoso, con la prohibición de nuevo contrato en la CM si se rechaza el traslado. También debe ser voluntario el traslado del paciente, aunque se le presiona amenazando con tener que volver a su casa o seguir en una silla por falta de cama si no accede a su traslado a la nave Zendal. En esta instalación sólo entran en funcionamiento 10 camas UCI.

En enero 2021, manteniéndose cerradas las 25 camas UCI que, nunca se han utilizado en los hospitales Infanta Leonor e Infanta Sofía, se habla de "intervenir "la sanidad privada, regalando el triple de lo pactado por ellos mismos en marzo a los hospitales privados: 2084 euros por día de cama UCI. Nos cuesta 1.563.000 euros cada mes mantener cerradas esas 25 camas UCI.

El 2 de enero comienza, teóricamente, la campaña de vacunación Covid en Madrid. En Atención Primaria nos enteramos por la prensa de que la Consejería tiene un contrato de vacunación con la Cruz Roja por valor de 800.000 euros.

Exigimos vacunar a nuestros pacientes, Isabel Diaz Ayuso responde muy soberbiamente que lo haremos mañana, tarde y noche, incluidos fines de semana. Ojalá pudiéramos hacerlo.

Tras 53 días de campaña, de nuevo por las redes sociales, nos enteramos del inminente inicio de vacunación en centros de Salud en 2 días, sin protocolo ni normativa. Facilitan unos listados sin actualizar y nos obligan a vacunar a 162 personas en 4 horas cada día, caóticamente.

Por suerte, la enfermería de Atención Primaria está sumamente cualificada y solventará todos los obstáculos que se presenten. Hace una semana nos obligaban a parar la vacunación por falta de vacunas (según dicen) hasta nueva orden. Sólo se respetan las segundas dosis, la falta de transparencia y de programación es absoluta.

A día de hoy, 15 de marzo, seguimos sin refuerzo en Primaria, sin posibilidad de atender patología crónica ni realizar actividad preventiva. Esto conlleva aumento de muertes evitables.

En la nave Zendal permanecen secuestrados 1.300 profesionales, para 145 pacientes ingresados, con sus puestos vacantes en los hospitales de referencia, disminuyendo las posibilidades de consultas y cirugías programadas. Esto conlleva aumento de muertes evitables. Somos la comunidad que menos vacunas ha administrado. Esto conlleva muertes evitables.

Somos la comunidad con más muertes registradas, estas ya no evitables.

En Madrid no hay una mala gestión, hay un claro propósito de acabar con el sistema sanitario público. La Comunidad de Madrid recibió 3.500 millones de euros de fondo Covid por parte del gobierno central, se desconoce en qué ha sido empleado. Recordemos y conozcamos lo que ha sucedido, para que no se repita.


Ana Rosa Encinas | Médica de Atención Primaria, y portavoz de Juntas X La Pública

Resumen cronológico de un año de pandemia en Madrid