viernes. 29.03.2024

Cristina, Sonia, Rosa, Mihaela, Neira, Loubna, Fatima, Ljubica, Beatriz y Ana Milena. Son las diez mujeres que organizan la convivencia de las catorce familias -veinticuatro mayores de edad y catorce niños- que residen de manera precaria en Peironcely 10, la casa baja construida en 1927 que fotografió Robert Capa durante la guerra civil. “Vivir aquí es una alternativa que nos dio la vida, no es una cosa por la que estemos felices, lo llevamos con filosofía pero nos es complicado”, explica Cristina Uquillas, que ocupa la casa ‘más grande’, veinticinco metros cuadrados con un espacio único para cocina y comedor, un dormitorio con literas donde duerme con sus hijos y otro que ocupa su madre; “vivía en un piso de setenta metros con las comodidades normales en esta misma calle, pero tuve que cambiar de trabajo por razones de salud y no encontré mejor opción". Ha sido la última en llegar, hace un año y medio (el vecino más antiguo lleva diez) y trabaja como camarera en turno de noche.

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(Reportaje fotográfico: ©Fernando Olmeda)

Estas mujeres de diferentes orígenes -España, Ecuador, Marruecos, Bolivia, Rumanía- se ocupan a diario de las tareas domésticas, atienden a los niños y van a  trabajar o a buscar un empleo que les ayude a pagar el alquiler, entre 350 y 400 euros mensuales: “Vamos pagando como podemos; yo, por ejemplo, tengo ahora mismo un mes de atraso”, reconoce Cristina; “deseamos irnos de acá, pero no disponemos de dinero para pagar alquiler, fianza, inmobiliaria... El temor es no tener ingresos y verte el día de mañana en un sinvivir, ver que llega el desahucio y te ves en la calle”. No es la única que ha tenido problemas de impagos, porque, coinciden, “antes que el alquiler están los hijos, la comida, la salud...” Es el caso de Sonia Suárez. Habita en veinte metros cuadrados con su marido, una hija mayor con una discapacidad y un niño pequeño. No trabajan. En el interior, húmedo y oscuro, la ropa se amontona en lugares inverosímiles y hay una bicicleta sobre una cama “porque si la dejamos fuera la roban”, explica. Las paredes están desconchadas, y los dormitorios no tienen ventanas.

En dos patios interiores estrechos y alargados se acumula todo tipo de objetos, porque en las viviendas apenas hay espacio. Una de las casas fue tapiada por el dueño cuando los inquilinos se marcharon. Para entrar a la ocupada por Loubna Elmanani hay que sortear un tendedero repleto de ropa infantil. Lleva tres años en Peironcely, “viviendo, la verdad, peor que en la casa de mi madre en Rabat”, confiesa. Cobra la Renta Mínima de Inserción (RMI) y tiene miedo a un desahucio, sobre todo por sus tres hijos pequeños. También percibe la RMI Rosa Báez, que vive con una hija adolescente. Lleva cuatro años en una casa con humedades, que han afectado a su salud.

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Beatriz Estrada reside con su marido y sus dos hijas, y afrontan los gastos con trabajos puntuales en hostelería. En situación parecida está Mihaela Ghergyhe, empleada esporádica en el sector de la limpieza, como su marido, además de ocuparse de sus dos hijos, uno de ellos bebé. Neira Montero, con una incapacidad laboral definitiva, vive con su pareja, que se gana la vida como cocinero a media jornada, y con una hermana. Completan el grupo Fatima Zohara, que vive con su pareja, y Ana Milena Román, que mantiene con el subsidio de desempleo a sus dos hijos.

Todas conocen la historia de la casa, los bombardeos sobre Vallecas, el origen de los agujeros (de la metralla) que quedaban en la fachada y que fueron sellados con yeso, la importancia del pozo de agua en la vida del barrio...: “Como digo a los vecinos cuando decaen, tenemos que sentirnos afortunados por estar donde estamos, si no fuese un sitio histórico estaríamos olvidados, como los miles de personas que están en nuestra misma situación en este país”, afirma Cristina. A las dificultades económicas para llegar a fin de mes se une la incertidumbre sobre cuánto tiempo podrán seguir ocupando estas catorce minúsculas viviendas.

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La plataforma #SalvaPeironcely10 impulsada por la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL -integrada por una veintena de entidades y apoyada por prestigiosos historiadores y personalidades de la cultura- viene haciendo gestiones desde hace meses para lograr una solución integral que permita mejorar la situación de los inquilinos y conservar la casa. Todo depende de la voluntad de acuerdo entre Luis Santiago Barrena -propietario de todas las viviendas, salvo una-, la Comunidad y el Ayuntamiento. El año pasado la Junta de Vallecas denegó al dueño la licencia de demolición, y el pleno municipal aprobó la expropiación. Queda pendiente el lento proceso administrativo y jurídico que cambie su uso residencial por dotacional cultural para convertirse en el futuro en el ”Centro Robert Capa de interpretación de los bombardeos en Madrid”, como pide #SalvaPeironcely10. Y, por último que la Comunidad de Madrid acceda a otorgarle la categoría de Bien de Interés Patrimonial.

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La plataforma pidió que no hubiera más desahucios hasta que el Ayuntamiento se hiciese cargo de la casa. Ha podido pararse ‘in extremis’ el desalojo por impago, previsto para el martes pasado, de la familia compuesta por Djubica Merzán, su esposo y sus tres hijas -dos de ellas, menores-, pero ha sido solo un aplazamiento. 

Las familias saben que tienen que resistir unos meses más en condiciones precarias, hasta que se desbloquee la situación. Por eso ya se preparan para afrontar el calor sofocante que padecen en verano, tan poco soportable como el frío intenso del invierno. Esperan poder trasladarse a viviendas dignas, a poder ser en el distrito de Vallecas donde están escolarizados los niños: “Pedimos que no nos abandonen, que nos reubiquen en una vivienda que podamos pagar”, afirma Neira.

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No obstante, algunas de estas mujeres preferirían regresar a su país si se dieran las condiciones adecuadas. Sobre el futuro de la casa cuando ellas ya no estén, la respuesta es unánime: “Que no la tiren, que se conserve porque forma parte de la memoria colectiva y de la historia de Madrid”.

La resistencia femenina en Peironcely 10