Cuando se cumple año y medio del peor episodio conocido en la historia de eso que llaman democracia en lo que a “fallecimientos” se refiere, nadie pone solución.
A 30 de diciembre de 2019 se firmaban los acuerdos de la coalición progresista, entre los distintos artículos ninguno hace mención, fuera de los asuntos de pensiones, a las personas de edad avanzada, y antes de que nadie diga que el problema de las residencias viene ocasionado durante la pandemia, y que durante esta ha sido cuando se han visto faltas de recursos o leyes, le adelantaré que no es cierto del todo, en la pandemia es cuando se han levantado las alfombras.
Raúl Camargo, ex diputado de Podemos en la Cámara regional y portavoz de Anticapitalistas, presentó un proyecto de Ley sobre las residencias en marzo de 2019, por lo que algo ya se conocía de lo que se cuece en el interior de los geriátricos. A mitad de legislatura del gobierno de coalición del gobierno más progresista de la historia desde el “Big Bang”, no se ha llegado al cumplimiento ni del 30% de los acuerdos, por lo que tampoco me sorprendería que, aun incluyendo algún punto en referencia a residencias geriátricas, no fuera de interés principal, máxime cuando teniendo a la Comunidad de Madrid como principal foco de “muertes” en geriátricos, el gobierno central durante la pandemia ni se planteó el intervenir las competencias, ni ha puesto a la Fiscalía General del Estado a trabajar acerca de los protocolos “enviados por error” por el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Enrique Ruiz Escudero, ni por asomo, se les ha pasado por la cabeza solicitar una fiscalización de los fondos Covid entregados a las CCAA para hacer frente a las necesidades sanitarias en esta época que nos está tocando (sobre)vivir.
La fiscalía llegó a tramitar en el mes de junio 113 causas penales en España por el trato dispensado en la crisis de la Covid, menos del 1% de las 24.000 muertes en centros asistidos. La mayoría se han archivado.
Begoña Ramírez informaba hace unos días, “El Servicio Madrileño de Salud tuvo 821 millones de superávit en 2020, el año negro de las residencias, hospitales y sanitarios”. Durante la pandemia, en la CA en la que más personas han fallecido en geriátricos por no derivarles a hospitales, han sobrado más de 800 millones de euros del presupuesto, ni se intervinieron los hospitales privados, ni siquiera llegaron a ser contratados para tal efecto, tampoco se utilizaron todos los recursos disponibles, al gobierno central parece no importarle mucho, un Ministerio de Sanidad que no tiene presumiblemente autoridad alguna sobre las CCAA, no entiendo cuál es su cometido entonces.
Hasta en tres ocasiones se han presentado Proposiciones de Ley en la Asamblea de Madrid para la promulgación de una Ley de Residencias, curiosamente ninguna ha sido presentada en el Congreso de los Diputados para que esta Ley, tumbada por las (ultra) derechas en dicha Asamblea, tuviera carácter estatal, lo cual sería más lógico, Madrid ha sido la más afectada, pero no la única, y cuando se habla de la necesidad de descentralización, los temas geriátricos tendrían que ser abordados, a mi entender, de manera estatal, es incomprensible que a día de hoy sean convenios y normativas autonómicas las que regulen todo lo relacionado al ámbito del cuidado de las personas.
La fiscalía llegó a tramitar en el mes de junio 113 causas penales en España por el trato dispensado en la crisis de la Covid, menos del 1% de las 24.000 muertes en centros asistidos. La mayoría se han archivado.
ALEJANDRO SALADO, GEROCULTOR
Alejandro ha estado durante diez años trabajando en distintas residencias geriátricas, su paso por estas le ha llegado a causar tal estrés que, tras varios periplos judiciales y bajas laborales causadas por lo vivido, ha tenido que abandonar el trabajo que él consideraba una labor tan necesaria como agraciada, “Quizás por mi empatía, o tal vez por mi educación, o simplemente por buscar el porqué de las cosas, siempre he elegido de una forma no del todo muy consciente, este camino”. Dicen que de casta le viene al galgo, su abuela trabajó en la rama social, su abuelo y su padre en la médica, los dos ATS, así que, tras cuatro años de estudios, se titula como Técnico en Atención Socio-Sanitaria y Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
Es en 2010, cuando encuentra a través de familiares su primer empleo en un geriátrico, el trato a las personas residentes no era malo, la relación de la empresa con sus trabajadores, nefasta, exceso de horas trabajadas, los días de asuntos propios brillaban por su ausencia, jornadas semanales de siete días seguidos y librando dos, “A final de año nos repercutían en unos veinte días libres menos”.
Todavía coleando la crisis de 2008, y no contentas con tener a sus empleados en condiciones paupérrimas, y viendo que estos pasaban por momentos lamentables, no dudaban en atarles en corto, les proporcionaban pisos que el propio fondo buitre tenía en propiedad en régimen de alquiler, lo mal pagados que los tenían, volvía al mismo saco a fin de mes en su mayor parte, negocio redondo.
“No pasar por el aro” de silenciar injusticias terminó en despido, acusado de no cumplir con sus obligaciones, no llegando a ningún acuerdo y llegando incluso a ser agredido, termina interponiendo denuncia ante la Guardia Civil, resultado, reconocimiento por parte de la empresa del despido improcedente con la correspondiente indemnización. ¿Cuántos empleados se habrán visto en situaciones similares sin poder hacer frente a una denuncia por falta de recursos económicos, o simplemente por miedo ni quiera han protestado ante la vulneración flagrante de sus derechos como empleados?
En 2016 encuentra empleo en otra residencia a media jornada, realizando 4 horas diarias a pesar de figurar en contrato tres y media, esa media hora nunca fue remunerada durante su primer mes. Ya siendo interino y cumplidos dos años de contrato una empresa más grande les absorbe, sorpresa la suya al descubrir que tendría que ser fijo desde 2014 y no figuraba en ningún sitio.
Su relato es digno de contarlo al completo, me es imposible hacerlo por desgracia, pero imagino que se pueden hacer a la idea cuando uno de los protocolos que quería cambiar el nuevo gigante empresarial era que, mientras los empleados estuvieran con los residentes no podían usar guantes, exceptuando a la hora de los aseos, no sea que quienes se embolsan el 64% de los fondos públicos que salen de los impuestos de la ciudadanía de la Comunidad de Madrid en materia de residencias, vayan a sufrir un descalabro económico al dotar de guantes a sus empleados. Reconocido por la dirección judicialmente, estuvo una temporada que no le daban ningún guante, porque, el pedido era efectuado en día festivo y no les llegaba.
A los dos meses de comenzar la pandemia le hacen el primer test PCR, se incorpora a su puesto de trabajo, “Los primeros días nos daban mascarilla quirúrgica y batas quirúrgicas verdes. No contábamos con los Epi,s adecuados”. Hasta 20 residentes por persona son los atendidos. Laura Galaup redactaba el 24 de octubre de 2020 “La justicia condena a una residencia de Madrid por falta de personal y sobrecarga de trabajo en los meses previos a la pandemia”, las propias normas establecidas por la CAM en materia de ratios, no es cumplida por las residencias gestionadas por ellos mismos, "el índice de personal a jornada completa/usuario [debe ser] de 0,25 para usuarios válidos; y [de] 0,35 para usuarios asistidos", un indicador "que evidentemente no cumple ni de lejos la empresa demandada". Cuando la media mensual de cuota por residente supera los 2.500 euros, permítanme que opine que 7.700 euros de indemnización a quien denuncia sea un insulto a la inteligencia de cualquiera, y que este gigante empresarial siga operando, más todavía.
En el distrito de Carabanchel hay nueve centros socio sanitarios para personas mayores, dos residencias públicas, la Gran Residencia y la residencia de Vista Alegre, con 640 plazas, lo que corresponde al 39% del total de 1640 plazas de residencia disponibles en el distrito cuando empezó la pandemia Covid-19 en marzo de 2020. Directoras de residencias imputadas por homicidio improcedente siguen en sus cargos, la de la Gran Residencia es una de ellas. La Gran Residencia y la residencia de Vista Alegre acumularon una mortalidad de alrededor de 20% ocurrida en la tercera ola de la epidemia, desde noviembre de 2020 a febrero de 2021, según datos de la Consejería de Familia y asuntos sociales a través del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, facilitados por el Consejo de Salud de Carabanchel.
Nandy, empleada de una residencia era expedientada por contar como se amontonaban bolsas de Epi,s usados en cuartos de baños entre otras “lindezas” sucedidas donde trabaja, su expediente está siendo recurrido en la actualidad, sin una ley que blinde sus derechos y los de los residentes, pan para hoy y hambre para mañana.
En septiembre de 2019 una plataforma creada por gerocultores y familiares de El Escorial mantenía una reunión con Orpea, la empresa que gestiona la residencia de dicho municipio, en esta reunión, la empresa se comprometió a responder por escrito una serie de cuestiones planteadas por la plataforma, nunca contestaron. Orpea Buenavista, sita en Carabanchel acumuló el 42,3% de “defunciones” de noviembre de 2020 a febrero de 2021, gestiona 49 geriátricos en España, 23 de ellos en Madrid, datos ofrecidos por Manuel Rico nos desvelan que de los 15 geriátricos con más fallecidos, tres eran de Orpea: Loreto (34 muertes), Sanchinarro (34) y Aravaca (24). Su mayor accionista es Canada Pension Plan Investment Board, en su web dice “Ayude a crear seguridad de jubilación para generaciones de canadienses.” Sus precios en Carabanchel:
- Habitaciones y precios
- Individual con baño 2024€
- Compartida hombre con baño 1877€
- Compartida mujer con baño 1877€
- Plazas financiación pública hombre No.
- Plazas financiación pública mujer No.
CIPRIANO, HIJO DE ALICIA
Trabajador del metal, a pocos meses de su jubilación, cada semana acude a la puerta de la residencia donde su madre fallecía el 8 de abril de 2020.
Cerraron el 13 de marzo confinando a los residentes, desde esa fecha la información a las familias fue nula, Alicia sufría Alzheimer, por lo que a veces Cipriano prefería no hablar con ella directamente para no ocasionarle trastornos. El día 6 de abril recibe una llamada de la residencia, su madre se había atragantado, la falta de personal ocasiona que los residentes no estén atentidos por quien corresponde, a Alicia le estaba dando de comer una señora de la limpieza. A Cipriano, cuando este pide que se la derive a un hospital, le comunican que no se responsabilizan del traslado, solicita verla, ataviado con un EPI al entrar en la habitación se encuentra a su madre con el oxígeno tirado en el suelo desatendida por completo y residentes deambulando de un lado a otro como si la Covid no fuese con ellos. Presentó a fiscalía imágenes, fiscalía ve deficiencias y faltas, pero no delitos, archiva la causa.
Ya antes de la pandemia Cipriano creó una asociación de familiares reuniéndose con la empresa, esto ocasionaba enfrentamientos al reflejar en las actas mala comida y personas desatendidas. La residencia a la que acude semanalmente Cipriano es pública de gestión privada, es decir, negocio privado regado con dinero público.
“Sophos” recibe 4.20€ de financiación ajena por cada euro que invierte. Esta empresa tiene un único administrador, José Ignacio Aleta Ferrán, empresario que figura en otras 13 empresas más, opera en 5 residencias en Cataluña, (Sant Joan Despí, Barberá del Vallés, Sant Vicenç dels Horts, Les Oliveres-Cervelló, y Nostrallar-Els Pallaresos).
La Covid ha dejado más de 3.400 muertos en las residencias catalanas, un tercio del total de las muertes de la Comunidad, en Sant Joan Despí, la residencia donde fallecía Alicia, tiene 117 plazas, al menos 45 residentes ya no reciben visitas, fallecieron, la cuota media es de 2.400€, siendo abonados mediante el 80% de la pensión total del residente y el resto por la Generalitat.
El día 24 de abril, otra residente fallecía en la unidad de cuidados paliativos. No se la ingresó en una UCI, se le administró un tratamiento para amortiguar un sufrimiento de días, la ambulancia que la trasladó al hospital tardó 6 horas en llegar.
Sin ánimo de ofensa, pero sí con ánimo de reflexión, estimadas lectoras asiduas a las redes sociales, esto se permite y no tiene la culpa la convención del declarado en sede judicial como organización criminal Partido Popular, centrémonos en a quien tenemos que dirigir nuestras críticas. Un año y medio de pandemia, seguimos sin ley estatal de residencias que regule que estas prácticas no sigan sucediendo, seguimos sin que la Fiscalía General de Estado, controlada por una exministra del PSOE, actúe de facto, en los Presupuestos Generales del Estado que se están negociando en este mismo instante, nadie habla de residencias.
«No me da miedo el ruido del poder, me da miedo el silencio del pueblo», Julio Anguita.
