jueves. 28.03.2024
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El concepto

Si cada uno de nosotros escribiéramos en un papel qué entendemos por República y, luego, lo pusiéramos en común, nos llevaríamos más de una sorpresa. Pues la falta de unanimidad en nuestras apreciaciones sería lo más llamativo de ellas. Aunque seguro que todas las respuestas darían en la misma diana: “República, un sistema de gobierno sin rey”.

En efecto, convengamos en que la República es un sistema de gobierno circunstancial donde la figura del rey brilla por su ausencia.

Ahora bien, ¿estaríamos ante un sistema de gobierno progresista, conservador, de derechas, autocrático, democrático? La respuesta nos la sabemos. De todo hay en la viña del señor. Ahí están, si no, Finlandia, Italia, Francia, Portugal, Polonia, Turquía, Corea del Norte, China, Federación Rusia… Todos ellos se autodenominan repúblicas y no se parecen entre sí el canto de un euro.

Pensar que un Estado por ser republicano ha de ser democrático automáticamente y de izquierdas sólo se puede sostener desde la ingenuidad política

Pensar que un Estado por ser republicano ha de ser democrático automáticamente y de izquierdas sólo se puede sostener desde la ingenuidad política. Un sistema de gobierno llamado República no garantiza un sistema democrático per se. Menos aún una política de izquierdas. Recuérdese el Gobierno de derechas durante el llamado bienio negro durante la II República en España. Y, por supuesto, ser republicano y demócrata no te eximen de ser un corrupto; ni te da, por supuesto, un plus de ciudadanía.

Se podría decir que existen muchas repúblicas en el mundo que utilizan el señuelo de ciertos mecanismos democráticos, pero dejan mucho que desear en materia de respeto a los derechos de la ciudadanía y de la soberanía popular.

La única característica que une a tales repúblicas es que quienes son sus presidentes de gobiernos o jefes de Estado no son reyes, sin olvidar que en algunos casos actúan como tales o dictadores nada camuflados, como Bolsonaro en la República de Brasil.

Valores republicanos

Se afirma que existen valores netamente republicanos y que sólo una república los puede garantizar. Y se citan de carrerilla la igualdad, la solidaridad, el feminismo, lucha por la paz mundial, el cambio climático y unos cuantos derechos ciudadanos que no se nombran, pero que son sustanciales para llevar una vida digna: trabajo, vivienda, sueldo, jubilación...

Hasta se afirma que cuando se da un paso adelante en el avance de estos valores -como si se pudieran cuantificar en términos de estadística-, nos encontramos más cerca de conseguir un sistema de gobierno republicano. Nada más lejos de la verdad. Ahí está Inglaterra que no es una República, ni tampoco lo será -según analistas británicos-, y a ver quién les dice a los ingleses que en valores como la igualdad y todo eso que se ha dicho no están a la cabeza del mundo mundial de la democracia.

Ciertos valores que identificábamos por ser netamente republicanos en 1931, hoy, quizás, ya no lo sean, al ser asumidos por personas que no son republicanas

Lo que sí queda claro es que ciertos valores que identificábamos por ser netamente republicanos en 1931, hoy, quizás, ya no lo sean, al ser asumidos por personas que no son republicanas. Lo que es un reconocimiento póstumo a quienes lucharon por ellos. El divorcio, al aborto, la expulsión de los símbolos religiosos en las instituciones públicas, la defensa del poder civil frente al derecho natural y el poder religioso, son aspectos que, nolis velis, los defienden quienes, para mayor asombro de algunos, son monárquicos parlamentarios o monárquicos a palo seco.

congreso
Congreso de los Diputados.

Monarquía parlamentaria

Así que bien podríamos preguntar, ¿para qué reivindicar una República como sistema de gobierno democrático si sus peculiares valores son defendidos por personas que no son republicanas? ¿Sólo para quitarnos de encima la figura de un rey que nadie ha elegido?

Y no lo digo por decir. El presidente del gobierno aseguraba que “los valores de la II República se han recuperado con la monarquía parlamentaria”. Lo que, sin duda, es motivo más que suficiente para pensar que “tenemos un problema, Houston”. Problema terminológico, al menos. Porque si es un problema de pensamiento político, entonces, sí, que “tenemos un problema, Madrid”.

Para empezar sería bueno preguntar cuáles son esos valores a los que se refiere el Presidente del Gobierno. ¿Los que representó Largo Caballero? ¿Prieto? ¿Negrín? ¿Besteiro? ¿Jiménez de Azúa? ¿Manuel Azaña? ¿Alcalá Zamora? ¿Los militantes de la UGT? ¿Los defendidos por la Constitución de 1931? No hay modo de saberlo.

Nadie que se declare republicano debería aceptar jamás una Monarquía, hereditaria, la genética, y, menos todavía la impuesta “manu militari” por un Dictador

Me pregunto, no obstante, si no será al revés de lo que afirma el presidente del Gobierno. Es decir, si no será que la monarquía parlamentaria lo único que ha hecho es apuntalar la Monarquía con el concurso inestimable de los socialistas y que Pedro Sánchez lo único que ha conseguido es contribuir al apagamiento de la lumbre republicana, que existía en las brasas ideológicas de miles de militantes socialistas que aún conservaban el hálito republicano auténtico, el de la II República, y no una calcomanía deslavazada por cuarenta años de nacionalcatolicismo.

El presidente del Gobierno parece olvidar que la cualidad más notable de la monarquía es su nula fundamentación y legitimación racional. Nadie que se declare republicano debería aceptar jamás una Monarquía, hereditaria, la genética, y, menos todavía la impuesta “manu militari” por un Dictador. Sólo un Referéndum podría darle el aval de democrático en el hecho, pero nunca en el origen que siempre será espurio.

¿Qué fue del laicismo republicano?

Podría preguntarse, en efecto, ¿en qué medida la “monarquía parlamentaria” actual ha recuperado, pongo por caso, los valores específicamente laicos proclamados por la Constitución de 1931?

De los tres ámbitos que podrían aducirse para mostrar este nivel de recuperación republicana cabría invocar el Concordato, la Enseñanza religiosa, las Celebraciones religiosas y la participación política en ellas.

De todos es bien sabido que el Concordato es una peste que sigue generando problemas jurídicos y laborales en el mundo de la enseñanza y en otros ámbitos institucionales. Es el nudo gordiano que ningún gobierno socialista se ha atrevido a cortar de cuajo, sabiendo como saben que tiene cogido al Gobierno por donde más le duele y que, por miedo a la reacción de Iglesia y a sus acólitos, no se han atrevido a levantarle la voz jamás. Muchas promesas en períodos de embarazo electoral, pero, al final, palabras, palabras y palabras.

Acuerdos con la santa Sede

Si es demócrata, no se puede aceptar que tales Acuerdos con la Santa Sede estén por encima de la Constitución. La existencia del actual Concordato es un atentado contra la soberanía popular y una muestra inequívoca de que la democracia en este país no se sustenta en la voluntad de ciudadana. Esta jamás aceptaría en un referéndum la afrenta de la existencia de un Concordato de esa naturaleza y menos aún sometiendo al Gobierno de la Nación a pagar millones de euros del erario a la Iglesia -dinero del contribuyente-, y hacerlo menos en un Estado aconfesional.

Un estado aconfesional como el que dicta la constitución en su artículo 16.3. no se ha hecho efectivo por culpa, no del artículo 27.3 de la Constitución, sino por el Concordato que obliga al Estado a cumplir unos Acuerdos de naturaleza golpista y que, como tal, la ley de Memoria Democrática debería haber declarado incompatible con la democracia actual.

Nos movilizamos para retirar los nombres de fascistas y golpistas de las calles de pueblos y ciudades, pero ninguna manifestación se ha orquestado desde los burladeros de la izquierda en contra del Concordato que es la cosa más franquista y fascista que existe en la actualidad en el entramado institucional de este país, mucho más que la placa de una calle dedicada a Queipo de Llano.

En cuanto a la participación de cargos públicos, sean alcaldes, concejales, diputados, funcionarios, militares y ministros en actos confesionales como procesiones, misas, bendiciones de instituciones, espacios públicos, campos de fútbol, piscinas, presencia de curas en hospitales y universidades públicos, etcétera, sigue siendo abrasiva conculcando una y otra vez lo establecido por la Constitución, incumplimiento ante el cual la judicatura de este país no mueve un dedo. Y no será por no haber denunciado dicho incumplimiento. En cambio, agilizar las denuncias formuladas contra el sentimiento religioso está a la orden del día, pero las realizadas en contra del sentimiento político aconfesional -constitucional, cabría decir, en este caso-, son habas contadas.

En fin. Si no somos capaces de respetar uno de los grandes valores de la II República, el Estado Laico, que, para colmo, lo contempla la Constitución, aunque lo haga de un modo dulcificado, escondiéndose en el término de neutralidad confesional, ¿cómo haremos para defender siquiera aquellos valores que ni siquiera sabemos con certeza que sean específicamente republicanos, pues pertenecen al acervo común de los llamados derechos humanos?

Soberanía popular

En una democracia lo mas importante es la defensa de la ciudadanía como sujeto necesario de la legitimación política. Sin esta, no hay Estado de Derecho. El poder político deriva de la sociedad sin la cual el poder civil es caricatura. Es una cuestión en la que no se puede ceder un ápice.

Pero a la vista está que para ello no es necesario que exista una república o una monarquía parlamentaria. Pues tanto en un caso como en otro se puede conculcar la soberanía popular en cualquier momento. Probablemente, ninguno tan afrentoso como el de imponerle un sistema de gobierno llamado monarquía parlamentaria.

Si la decisión de los ciudadanos es la fuente de donde dimana el poder secular, está claro que haberle impuesto la monarquía como sistema de gobierno, es, a todas luces, una decisión antidemocrática

Si la decisión de los ciudadanos es la fuente de donde dimana el poder secular, está claro que haberle impuesto la monarquía como sistema de gobierno, es, a todas luces, una decisión antidemocrática. Y que, para colmo, los lazos de esta supuesta democracia con la religión nunca se han roto en España, menos con los Borbones, cuya cabeza visible asiste a misas y a celebraciones religiosas como jefe de Estado o “consagra a su heredera a la Virgen de Covadonga, pues en este emblemático lugar nació lo que hoy llamamos el reino de España”. Una democracia jamás puede llamarse democracia si se impone a la sociedad un sistema de gobierno sin que la voluntad de la soberanía popular se haya manifestado específicamente sobre dicha forma de gobierno.

El llamado poder religioso -la sociedad civil jamás lo consideró un poder, pues nunca tuvo un origen democrático-, no solo desprecia la ciudadanía como instancia legitimadora del poder civil, sino que, para colmo, siempre ha presentado la monarquía como una destilación teocrática.

Apunte final

Quienes fueron asesinados en 1936, tuvieron siempre muy claro cuáles eran los valores primordiales de la II República. Lucharon por su defensa contra los rebeldes golpistas, por lo que muchos fueron asesinados en la retaguardia.

Defendieron lo público en todas sus manifestaciones que daban al ciudadano el acceso a una vida digna: educación, salud, vivienda, trabajo, cultura, laicismo, solidaridad, derechos fundamentales…

Felizmente, muchos de esos valores pertenecen al acervo común de la sociedad actual, aunque, como queda dicho, algunos de ellos dejan muchísimo que desear en la práctica, pues, cada época exige una plasmación diferente en función de las nuevas necesidades y exigencias creadas por la convivencia.

Encontrar cuáles sean hoy día los valores netamente republicanos no es tarea fácil, menos aún hacerlos específicos de una manera de ser, ética y política, que los diferencie de quienes dicen que ni son republicanos ni, menos aún, democráticos.

Si, como dice la Constitución la soberanía nacional reside en el pueblo, no se entiende bien que a continuación se sostenga que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria

Además, ¿cómo se es republicano en términos axiológicos? ¿Hay una manera específica de actuar como tal? A nadie se le llama hoy día republicano por estar a favor del divorcio, del aborto, de la eutanasia, de la libertad religiosa, del laicismo… Ni, incluso, oponerse a la monarquía implica ser republicano. Conozco a personas a quienes la monarquía les repugna en grado sumo, pero que, tampoco, dan un euro por un sistema de gobierno republicano. En realidad, dicen, no debería existir ninguna terminología política al respecto. Pero como la hay, en esas estamos. Así que para terminar, digamos que, si, como dice la Constitución de 1978, “la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”, no se entiende bien que, a continuación, se sostenga que “la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria”, cuando ese pueblo español jamás decidió que estuviera a favor o en contra de esa monarquía parlamentaria. Así que si, desde un principio, se hizo trampa, es lógico que una y otra y vez esta “monarquía parlamentaria” -que pretende ser compatible con una democracia-, nos la dé con queso.

República