Procedente de la filosofía política y la sociología (desde Rousseau a Ralws, pasando por Hobbes y Locke), el concepto de “contrato social” se utiliza para referirse a la necesidad de establecer acuerdos, explícitos o implícitos, en el interior de cualquier grupo social –ya sea una asociación, una comunidad o el propio Estado- que regulen las relaciones entre todos los actores y establezcan los deberes y derechos de unos y otros, garantizando la cohesión y continuidad del grupo.
En términos socio-históricos, las grandes crisis económicas del último siglo han operado como factor de cambio en los objetivos estratégicos y del equilibrio entre los actores económicos, sociales e institucionales, con resultados dispares. Así, mientras que la Gran Depresión de los años treinta y la Segunda Guerra Mundial alumbraron un contrato social de carácter progresista que acabó configurando el modelo europeo de Estado de Bienestar, la crisis energética de los setenta provocó su ruptura tras un giro radical de corte neoliberal en la política económica, cuyas consecuencias desreguladoras se agravaron posteriormente con la gestión conservadora de la crisis financiera de 2008.
En el primer caso, los sucesos traumáticos acumulados entre 1929 y 1945 crearon una conciencia de vulnerabilidad individual y fragilidad colectiva de carácter económico, social y político que propició la gestación del pacto keynesiano implícito entre capital, trabajo y Estado que estableció un equilibrio en el reparto de poder entre las partes. Mientras unos aceptaban el papel del capitalismo en la asignación de recursos –economía de mercado y derechos de propiedad privada- otros reconocían la necesidad y legitimidad de la intervención del Estado –economía social- en la regulación de los mercados y las empresas, para garantizar los principios de igualdad y solidaridad. Paralelamente, se ampliaban los derechos de participación democrática al ámbito laboral y ciudadano mediante el reconocimiento de la intervención de las organizaciones sindicales y ciudadanas.
Como describiera brillantemente Tony Judt en “Postguerra”, durante las tres décadas siguientes (entre 1945 y 1975) se consolidó en la Europa democrática el contrato social de orientación socialdemócrata basado en el consenso entre representantes políticos, económicos y sociales, articulado a través de la concertación y participación institucional del sindicalismo de clase, el desarrollo de un sistema fiscal progresivo y una potente inversión de carácter redistributivo (educación, sanidad, jubilación, protección por desempleo, etc.) que permitía reducir las brechas de desigualdad al tiempo que se promovían mejoras en la competitividad de las empresas, la cualificación de los trabajadores y los derechos sociales.
Nuestro país permaneció al margen de dicho proceso durante la dictadura y sólo empezó a desarrollar un incipiente Estado de Bienestar a partir de la transición democrática y los pactos sociales de finales de setenta y primeros ochenta, justo cuando el modelo daba sus primeros síntomas de cambio derivado de la crisis económica y la hegemonía creciente de las estrategias neo-liberales (Reagan, Thatcher), que provocaron la ruptura de los equilibrios entre democracia política, crecimiento económico y cohesión social
Las políticas de austeridad, recortes sociales y desregulación laboral que siguieron a la Gran Recesión de 2008, cuyos costes recayeron casi exclusivamente en las clases populares (desempleo, precariedad, pobreza), generaron preocupantes dinámicas de deslegitimación política y exclusión social.
Y ahora, cuando apenas se había iniciado la recuperación de la actividad productiva y del empleo, la crisis derivada de la COVID, de origen sanitario y fuerte impacto socioeconómico, no ha hecho sino actualizar el problema distributivo al tiempo que puede operar como factor de oportunidad para la reconstrucción de un nuevo contrato social post-pandémico que restablezca el reparto equitativo de los costes entre Estado, empresas y trabajadores, en ajustada expresión del profesor Antón Costas, actual presidente del Consejo Económico y Social.
RECUPERACIÓN POST-COVID
Los últimos datos publicados sobre la evolución de los principales indicadores socioeconómicos confirman tanto el inicio de una fuerte recuperación post-COVID como la progresiva configuración de las bases del nuevo contrato social para la gestión de crisis y posterior reconstrucción.
En el primer caso destaca el espectacular crecimiento del PIB (+19,8% de variación interanual) que habría recuperado ya más de dos tercios de lo perdido desde el inicio de la pandemia y, según todas las previsiones, seguirá su expansión por encima de la media europea (6,8 y 4,5 por cien, respectivamente).
En cuanto al empleo, tanto las estimaciones de la EPA como los registros de afiliación a la Seguridad Social dan cuenta de un crecimiento sostenido de la población ocupada que se sitúa ya en 19.600.000, la cifra más alta de la historia, tras la recuperación en sólo un año de más del 90% de los puestos de trabajo destruidos, lo que en la crisis de 2008 requirió de más de una década.
Por su parte, la tasa de paro que durante la anterior recesión llegó a situarse por encima del 25%, permanece ahora en torno al 15% (prácticamente la misma que hace un año y apenas 1,3 puntos más que la registrada en el segundo trimestre de 2019).
Los datos avalan el efecto protector del escudo social desplegado por el gobierno, en el marco de la concertación con sindicatos y patronal
Así pues, los datos avalan el efecto protector del escudo social desplegado por el gobierno, en el marco de la concertación con sindicatos y patronal, mediante la adopción de medidas orientadas, por un lado, a mantener el empleo y la renta de los trabajadores más afectados por las restricciones de la pandemia así como ayudar a los colectivos más vulnerables y, por otro, a garantizar la liquidez de las empresas para preservar su capacidad productiva y facilitar su reactivación.
Los ERTE han operado durante todo el período como el principal mecanismo de protección del empleo al que, en el momento álgido de la crisis, se acogieron 3,6 millones de trabajadores (actualmente se han reincorporado a su actividad el 92%) que desde abril de 2020 han percibido más de 36.000 millones de euros en prestaciones sociales, lo que habría permitido salvar de la pobreza a 710.000 personas y reducir la desigualdad salarial en un 23%, según el último estudio de OXFAM-Intermón.
Se trata, pues, de una medida necesaria pero no suficiente por cuanto su cobertura no alcanza a los colectivos más vulnerables (trabajadores informales y de la economía sumergida, empleadas de hogar sin contrato, parados de larga duración…) que representan el núcleo duro de la desigualdad y requieren de más y mejores medidas de protección e inclusión social para reducir la actual tasa de población en riesgo de pobreza (26,4%), muy superior a la media europea (21,9%)
Durante el mismo período, un millón y medio de autónomos tuvo acceso por primera vez a ayudas por cese o afectación parcial de su actividad, por un monto total de 7.160 millones de euros, lo que en conjunto eleva la tasa de cobertura de las prestaciones a una cuarta parte de la población ocupada. Por su parte, 1.100.000 empresas han recibido los avales del ICO (cien mil millones de euros hasta finales de junio) que les han permitido mantener o recuperar su actividad pese a las restricciones.
Así pues, a diferencia de crisis anteriores, en esta ocasión se ha optado por un modelo concertado y un reparto equilibrado de los costes entre Estado, empresas y trabajadores así como por una estrategia expansiva (fondos Next Generation EU y Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) que configuran las bases desde las que avanzar hacia un nuevo contrato social que, frente a las fracturas generadas por la gestión neoliberal, demuestre en la práctica que la compatibilidad entre crecimiento económico y equidad social vuelve a ser no sólo necesaria sino posible.
