El pasado 20 de Junio, Día Mundial del Refugiado, era una buena ocasión para que las portadas de todos los medios de comunicación nos informaran de la iniciativa legislativa que puso en marcha, el pasado 3 de junio, el gobierno socialdemócrata de la Primera Ministra Mette Frederiksen de Dinamarca. Un proyecto de ley que prevé la devolución de los solicitantes de asilo a un tercer país. Digámoslo más claro, una Ley cuyo objetivo es no aceptar ni un refugiado más y transferirlos, a cambio de subvenciones, a otros países pobres y no democráticos. Eso sí, lejos de Europa.
Y lo han explicado con claridad y con todo el cinismo con esta pregunta: ¿qué extranjero va solicitar asilo a Dinamarca sabiendo que será devuelto a Ruanda? Porque éste es el primer país con el que Copenhague ha firmado un “memorando de entendimiento” cuando este país encarcela o elimina a sus propios opositores. O a Túnez, Egipto, Eritrea, con los que el gobierno danés ha iniciado conversaciones para cerrar el acuerdo de “venderles el derecho de asilo”, como lo ha definido un duro editorial de “Le Monde”.
Esta ley, que se ha aprobado con el voto de la extrema derecha, marca un giro completo en la socialdemocracia danesa que representa asumir un discurso y propuestas que antes estaban en el polo opuesto de la izquierda y el centro izquierda La peor noticia, por lo que pudiera representar también de referencia para otras partidos de izquierdas y progresistas, es la evidencia de que esta dureza con la emigración y el asilo a los refugiado le ha permitido al Partido Socialdemócrata recuperar votantes y ganar el gobierno. Eso sí, al precio de iniciar una peligrosa carrera hacia el fondo de las propuestas que hasta ahora estaban reservadas al populismo de la extrema derecha. Precisamente en un país que en 2020 sólo recibió 1.515 solicitudes de asilo, la cifra más baja en veinte años y diez veces menos que sus vecinos suecos o alemanes en proporción a su población.
ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, ha expresado su frontal crítica calificando esta Ley de “incompatible con los principios de la cooperación internacional para refugiados “ . Henrik Nordentoft, representante de ACNUR en los países nórdicos y bálticos, ha advertido del riesgo de provocar un “efecto dominó” y que la iniciativa sea imitada por otros países, pues no faltarán candidatos para imitar a Dinamarca en su objetivo “cero refugiados”. Ahí están Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia. Aunque el portavoz de la Comisión de la UE, Adalbert Jahnz, haya advertido que en la legislación europea no cabe, no es posible, la subcontratación de los procedimientos de asilo a terceros países.
Es desolador y muy preocupante que un gobierno socialdemócrata, precisamente de un país, Dinamarca, que ha sido modelo de desarrollo y progreso, se le conozca hoy por su eslogan de “refugiados cero”, rompiendo de forma radical con su política abierta. Un país que, desde la segunda mitad del siglo XX, se convirtió en un abanderado en la defensa de los derechos humanos cuando en 1951, con una Europa completamente destruida después de la II Guerra Mundial, fue el primero en firmar la Convención de Ginebra, la que sentó los fundamentos legales para la protección de los refugiados en el mundo.
Dicen los expertos, como el investigador danés sobre migración Martin Lemberg-Pedersen, que esta Ley es el resultado de la victoria del pensamiento de la extrema derecha, que, desde un lenguaje de palabras servidas en pequeñas dosis, como una lluvia fina, ha conseguido calar en el corazón de la sociedad una actitud de miedo y hostilidad hacia los refugiados y los inmigrantes. Una campaña que empezó hace veinte años cuando los populistas, poco a poco, a través de las redes sociales, mensajes xenófobos y racistas fueran poco a poco normalizados, como pretende hacer Vox en España.
La pregunta es si se impondrá en la socialdemocracia europea la idea de que para frenar a la extrema derecha es preciso abandonar sus principios y valores éticos y compartir con ésta que la defensa del Estado de Bienestar se debe centrar exclusivamente en los ciudadanos nativos.
Los partidos socialdemócratas europeos nos deben responder si, tras esta nueva ley danesa, sigue vigente su rechazo a la “Europa fortaleza” y su defensa de un continente abierto y solidario. Seguro que si, porque de lo contrario seguir los pasos de Dinamarca sería una catástrofe para una Europa de libertad, igualda y fraternidad.
Aunque a la socialdemocracia danesa le sigamos preguntando indignados, ¿a donde vas?.
