La Policía realiza las identificaciones de ciudadanos en la calle teniendo muy en cuenta la raza o la etnia de la persona a la que pide la documentación. Así lo ha denunciado Izquierda Unida tras analizar los datos facilitados ahora por el Gobierno a su diputado y portavoz en la Comisión de Interior, Ricardo Sixto, que se interesó por esta cuestión en una pregunta registrada en enero. Según la formación, "esta práctica vigente en estos momentos echa por tierra las recomendaciones para erradicarla que hace más de un año hizo la Defensora del Pueblo y demuestra el poco caso que merecen las órdenes dadas en igual sentido por el mismísimo director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en una circular interna fechada en mayo pasado".
Según las conclusiones a las que llega IU, desde el 20 de mayo de 2012 -fecha en la que Cosidó emitió su circular interna en la que prohibía expresamente a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía las “actuaciones masivas o indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos”- hasta enero de 2013 han sido identificadas 27.107 personas en España. De ellas, un 53,5% era de origen extranjero, mientras que la población inmigrante en nuestro país se sitúa alrededor del 11,5%.
Las cifras totales facilitadas por el Gobierno a IU abarcan el periodo que va desde el mes de diciembre de 2011 al de enero de 2013. En este tiempo los agentes de la Policía identificaron en las calles de nuestro país a cerca de 50.000 personas, en concreto 49.295. Sixto pidió en su pregunta que se utilizara precisamente para separar las cifras la fecha en que Cosidó firmó su circular, de ahí el número de 22.188 identificados con anterioridad y los mencionados 27.107 tras el escrito del máximo jefe policial.
La circular interna prohibía expresamente el “establecimiento de cupos de identificación o detención de extranjeros a cualquier unidad del Cuerpo Nacional de Policía, evitándose igualmente actuaciones masivas o indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos” y establecía que cualquier control e identificación de personas en la vía pública o establecimientos públicos “deberán ser de carácter selectivo”. Además, el director general de la Policía señala expresamente que se hicieran “de forma proporcionada (…), de tal manera que se evitarán aquellas que se consideren innecesarias, arbitrarias, abusivas y que supongan una extralimitación de las facultades que otorga al efecto el ordenamiento jurídico a las fuerzas y cuerpos de seguridad”.
Pese a que las órdenes de Ignacio Cosidó eran taxativas, el resultado en la práctica es decepcionante: la media de extranjeros identificados apenas descendió tres puntos, al pasar del 56,2% anterior a la circular al ya mencionado 53,5% tras ella.
Se da el caso, además, de que según los datos facilitados a IU por el Gobierno una parte muy importante de estas identificaciones públicas van dirigidas a inmigrantes que poseen rasgos raciales muy característicos o definidos. Así, un tercio de los cerca de 14.500 extranjeros a los que se pidió la documentación tras la circular eran africanos, concretamente 4.509, les siguen los americanos (2.719) y los asiáticos (2.290).
Para IU, "resulta muy llamativo lo que pasa con los europeos contabilizados para comprobar la importancia de la etnia en las identificaciones policiales". Descontados los 12.680 españoles incluidos lógicamente en este grupo, resulta que la Policía pidió públicamente sus datos a 4.819 europeos de distintas nacionalidades, de los cuales 2.824 eran exclusivamente rumanos. Es decir, pese a la importante colonia de ciudadanos rumanos existente en España resulta que por cada 4 españoles al que se le pide la documentación ocurre lo mismo con 1 rumano. Sin embargo, esto no pasa con otros grupos de extranjeros con presencia también notable en nuestro país como ingleses (90 identificados), italianos (93) o franceses (116).
La polémica sobre esta supuesta existencia de redadas ‘racistas’ surgió ya durante el anterior gobierno socialista, cuando incluso desde algún sindicato policial como el SUP se denunció la existencia de cupos de arresto de extranjeros para inflar las estadísticas de eficacia los propios sindica.
La propia Defensora del Pueblo entonces, María Luisa Cava de Llano, recibió numerosas quejas y tras las elecciones generales –en enero de 2012- reclamó directamente a la Dirección General de Policía (DGP) que adoptara medidas y dieran las “instrucciones oportunas” para “erradicar la práctica policial detectada consistente en controles de identificación, basados en perfiles étnicos y raciales”. Recomendó también que se arbitren “mecanismos de control a posteriori, que permitan verificar el número y la motivación de las identificaciones realizadas en la vía pública por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía”.
Todos estos antecedentes han llevado a Izquierda Unida a ocuparse de este asunto desde hace meses. Así, además de las preguntas formuladas por Ricardo Sixto a las que ahora ha respondido el Gobierno, está pendiente de debatirse en el Congreso una proposición no de ley registrada hace un año donde se insta al Gobierno del PP a la “inmediata erradicación de las redadas racistas” y se reclama una condena expresa del Parlamento a “los controles de identidad basados en rasgos étnicos y raciales que provocan la discriminación y criminalización de personas por sus rasgos físicos y suponen una flagrante vulneración de los derechos humanos”.
Pese al tiempo transcurrido desde que se registró la iniciativa “los datos facilitados ahora por el Gobierno demuestran que las sospechas que mantenía Izquierda Unida y las denuncias que se sucedían estaban en lo cierto sobre el mantenimiento de estas prácticas”, señala el diputado Sixto.
