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lunes. 08.08.2022

Madrid vive y sufre desde principios del curso escolar un duro conflicto que enfrenta al profesorado de los institutos de enseñanza secundaria y a la dirección ultraliberal del PP madrileño. Las asambleas de profesores junto a las organizaciones sindicales resisten la ofensiva de la derecha más doctrinaria y reaccionaria.  Frente a una Consejería de Educación que dirige con mano de hierro la campaña de cerco, empequeñecimiento y deterioro de la escuela pública, el profesorado se ha empeñado en defender la escuela pública y los derechos y los valores de cohesión social, igualdad de oportunidades para todos los niños y jóvenes y democracia real basada en una ciudadanía formada, informada, crítica y consciente de sus derechos y obligaciones.

Profesores y profesoras muestran su voluntad de defender la escuela pública, participan de forma mayoritaria en las asambleas de sus centros, distritos y pueblos, acuden a las manifestaciones centrales, desarrollan una imaginativa actividad que aglutina y concita el apoyo de sus comunidades educativas, ofrecen los datos reales del recorte y la desorganización organizada por las autoridades de la Consejería de Educación en sus centros, intentan sumar a compañeros de infantil y primaria para que con sus propios ritmos y reivindicaciones aporten nuevas energías al movimiento de resistencia y tratan de convencer al conjunto de la ciudadanía de la justeza y el carácter social y educativo que no gremial de sus reivindicaciones.

Las autoridades educativas, los dirigentes de la Comunidad de Madrid (CAM) y del PP y los tertulianos y turiferarios que ríen sus gracietas y jalean los recortes de recursos educativos no han ahorrado infamias en su esfuerzo por confundir, mentir y ocultar las razones y los objetivos de la lucha del profesorado. Presentan a los profesores como vagos que trabajan 18 horas a la semana y no quieren trabajar 2 horas más. Otras veces, como liberados sindicales, perroflautas del 15-M que se cuelan en las asambleas donde se vota la huelga, agentes políticos de Rubalcaba, etcétera. Uno a uno, los insultos, la confusión y las difamaciones han sido desmontados. Finalmente, la CAM se ha atrincherado en el intento de reducir y confundir el conflicto educativo con la pelea electoral partidista, sabedores de que en ese terreno tienen mucho que ganar: cohesionan a su electorado y meten cuñas en el movimiento unitario del profesorado y las comunidades educativas de los centros.

Los dos recientes días de huelga, 4 y 5 de octubre, han vuelto a demostrar que la defensa de la escuela pública sigue contando con el apoyo de la mayoría de los claustros de profesores de los institutos. En torno a dos tercios del profesorado de secundaria ha secundado la huelga. La nueva y masiva manifestación ciudadana del 4 de octubre contó con más de 70.000 personas, evidenció las simpatías y el respaldo social que despierta la lucha de los profesores y supuso un contundente toque de atención a las autoridades educativas para que revoquen las instrucciones y los recortes que han impuesto y no toquen ni sigan deteriorando la escuela pública.

Las líneas que siguen pretenden aportar algunos datos sobre el deterioro que sufre en Madrid la escuela pública y una reflexión sobre los factores que pueden obstaculizar la continuidad del movimiento ciudadano que pretende preservar, frente a las autoridades educativas de la CAM, una escuela pública de calidad.

1. Los recortes han sido drásticos y evidentes

Por muchos esfuerzos que hagan para denominarlos ajustes o reorientación del gasto son recortes de recursos educativos que traban aún más las escasas posibilidades de frenar el deterioro de la escuela pública y sus secuelas más escandalosas: las altas tasas de fracaso escolar en los barrios en los que se ceba el paro, el empleo precario, los bajos salarios y la falta de oportunidades que ofrece el sistema educativo a los hijos de las familias trabajadoras de menor renta. Las comunidades educativas de cada centro conocen y sufren las consecuencias de esos recortes. Saben la disminución exacta en el número de profesores que se ha producido en cada instituto y la reducción de actividades de apoyo, refuerzo, desdobles, laboratorios, talleres, extraescolares, atención a alumnos con necesidades especiales y a las familias, etcétera… que se realizaban el curso anterior y que dejarán de realizarse este año. Conocen también parte de los retrasos, la desorganización, los cambios de criterios y la inseguridad jurídica que han sufrido y siguen sufriendo los profesores y los equipos directivos de los centros en estas primeras semanas del curso.

A estas alturas, un mes después de haber comenzado el curso y el conflicto, la Consejería de Educación aún no ha proporcionado el número exacto de profesores interinos que se han quedado sin trabajo y de profesores en expectativa (funcionarios de carrera sin destino definitivo) que siguen en su casa cobrando parte de sus sueldo y que no saben aún en qué centro, con qué horario y qué asignaturas van a impartir este curso. Los sindicatos hablan de 3.000 empleos suprimidos; la Consejería de Educación reduce significativamente esa cantidad, pero no proporciona ninguna cifra exacta.

Las cifras cantan: si a cada uno de los cerca de 20.000 profesores de enseñanza secundaria y profesores técnicos de FP en la enseñanza pública que según datos oficiales de la Consejería trabajaban en los institutos madrileños en el curso 2009-2010 se les aumenta de media 2 periodos de docencia directa a la semana, tenemos un total de 40.000 horas semanales que no podrán dedicarse a las tareas que se realizaban antes. Si esas 40.000 horas las dividimos por las 20 horas que debe impartir semanalmente cada profesor resulta que sobran 2.000 profesores que se han encontrado de pronto sin trabajo. ¡Menuda solución para la crisis: 2.000 parados más y 2.000 profesores menos!

El resultado final de ese recorte no puede ser otro que un deterioro de las clases que se imparten (por saturación de horas lectivas e incremento del número de alumnos por aula) y de las actividades no directamente lectivas (porque dejan de realizarse o se van a hacer deprisa y corriendo) que son imprescindibles para el buen funcionamiento de los centros y la buena marcha del proceso de aprendizaje. Deterioro que, en contra de lo que se cree, no supone una disminución significativa del gasto público, porque lo que es un ahorro para la CAM va a suponer un fuerte desembolso en las prestaciones por desempleo de la Seguridad Social, dado que la mayoría de los profesores interinos llevan años desarrollando su labor y tienen derecho a percibirlas durante los próximos dos años.

2. Hay un trasvase de recursos públicos hacia el negocio privado

Junto a la eliminación de recursos educativos en la escuela pública se da un hecho de parecida gravedad: se intensifica el desvío de recursos financieros a favor de intereses privados (escuelas totalmente privadas y escuelas privadas financiadas con dinero público a las que se ha convenido en denominar centros concertados)

El ahorro en costes laborales (salario bruto más costes de la seguridad social a cargo de la CAM) asociados a la supresión de 2.000 empleos de profesores de secundaria supone un gasto medio aproximado de 40.000 euros anuales por cada profesor. Por tanto, un recorte de 80 millones de euros anuales. ¡Atención!, ese coste laboral de 40.000 euros anuales por profesor supone un salario neto mensual medio de alrededor de 1.800 euros.

Al tiempo que la Consejería de Educación perfilaba la cuantía y la forma de implementar ese recorte, el BOE núm. 118 (de fecha 18 de mayo de 2011) publicaba la Ley 9/2010 de 23 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Racionalización del Sector Público de la Comunidad de Madrid mediante la que se elevaba de 10.000 a 30.000 euros por miembro de la unidad familiar el límite de ingresos para poder deducir en la declaración de la renta (IRPF) los gastos derivados de la enseñanza obligatoria. Así, en tiempos de austeridad y recortes extremos en las prestaciones públicas que recibían desempleados, familias sin ningún otro tipo de ingresos y personas en grave riesgo de exclusión social, otras familias, con ingresos de hasta 60.000 euros anuales, podrán desgravarse 900 euros por hijo en su declaración de la renta. De esta forma, 64,7 millones de euros (según estimaciones de la patronal ACADE, que agrupa a la mayoría de los Centros de Enseñanza Privados de España) del dinero de todos se destina a financiar los gastos educativos en centros privados de familias con posibles. Una ayudita propagandística de 900 euros por cada hijo que curse sus estudios en escuelas privadas que sustenta una hueca libertad de elección y que permitirá deducir el 15% de los gastos de escolarización, el 10% de los gastos de enseñanza de idiomas (extraescolares)  y el 5% de los gastos de adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar, tanto en centros totalmente privados como concertados. 

No pareció suficiente a la Consejería de Educación. El 29 de agosto de 2011, el Director General de Becas y Ayudas a la Educación firmaba nuevas Instrucciones con más ayudas para financiar las actividades extraescolares de los centros privados concertados y contribuir a “la integración de los alumnos en el centro”. Para actividades de apoyo, refuerzo y estudio asistido, la dotación máxima por curso escolar será de hasta 350 euros por grupo y hora semanal. Para actividades de carácter cultural, científico, artístico y deportivo, otros 260 euros con las mismas condiciones. No se establece ningún tope ni cifra aproximada de los fondos públicos destinados a subvencionar esas actividades extraescolares en centros concertados; pero el cálculo no es difícil: cada hora de actividad que sobrepase el horario lectivo, suponiendo que implique a la mitad de los alumnos de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria que cursan sus estudios en colegios privados y concertados, supondrá en torno a 3,9 millones de euros. Multiplíquense esos 3,9 millones de euros por dos o tres horas diarias y por cinco días a la semana y tendremos una cifra aproximada del monto total de la ayuda que se concede a los centros totalmente privados y a los privados concertados.

Las ayudas a la escuela concertada no acabaron ahí. El mismo Director General de Becas y Ayudas a la Educación firmaba hace apenas una semana, el 28 de septiembre de 2011, unas nuevas Instrucciones relativas a la autorización de incrementos de precios de hasta un 3% respecto a los del curso 2010-2011 de las actividades escolares complementarias, extraescolares y servicios escolares que serán subvencionadas en la cuantía mencionada antes. De esta forma, las subvenciones de la Consejería de Educación a la escuela privada no se destinan preferentemente a aliviar los costes que pagan las familias, también permitirán sufragar en mayor medida que hasta ahora los costes de las empresas privadas que hacen de la educación su negocio.

Doble vara de medir los recursos públicos que se destinan a escuelas públicas y privadas y doble política educativa encaminada a aumentar la rentabilidad del negocio educativo, abrir espacios para las empresas privadas dentro y fuera de las escuelas públicas y reforzar los negocios mercantiles, religiosos y electorales conexos.  

3. La tendencia al desgaste de la movilización del profesorado

Las recientes jornadas de huelga del 4 y 5 de octubre demuestran que la mayoría del profesorado tiene la firme voluntad de mantener el pulso a las autoridades educativas. Los datos indican, no obstante, que el seguimiento ha sido ligeramente inferior al de la anterior tanda de huelgas del 20, 21 y 22 de septiembre. Conviene no menospreciar la tendencia al desgaste, pero tampoco magnificarla.

También se han podido percibir indicios y evidencias que señalan en dirección contraria: la extensión del debate y la movilización hacia otros niveles educativos (infantil, primaria, régimen especial, etcétera), la mayor participación del alumnado y de las asociaciones de madres y padres de alumnos y el avance en la comprensión y receptividad de la mayoría social –incluyendo, por tanto, sectores sociales que no simpatizan con los sindicatos o la izquierda política- con la defensa de la escuela pública que realizan conjuntamente las comunidades educativas.

Algunas de las causas que explican el seguimiento algo menor de las dos últimas jornadas de huelga son difícilmente evitables, vienen determinadas por el peso de los descuentos en los salarios netos que perciben los profesores (pérdida de un 5% del salario mensual por cada día de huelga) y por el desánimo que provoca en un sector del profesorado la falta de perspectivas de negociación derivadas del encastillamiento de la CAM en su política de deterioro y desorganización consciente de la enseñanza pública y en el infame y grosero tratamiento que reservan al profesorado.

Otros factores que potencian la tendencia al desgaste pueden ser contrarrestados con una gestión más inteligente de la movilización, buscando limitar su impacto sobre los procesos de aprendizaje del alumnado y sobre la organización de sus familias y haciendo más visible la preocupación del profesorado por estos asuntos. De igual forma, sería muy importante no facilitar la intentona de los dirigentes de la CAM de reducir el conflicto educativo a un componente más de la pelea electoral y, complementariamente, a una defensa gremial de privilegios. Para ello, sería conveniente que se dedicaran mayores y más continuados esfuerzos a tareas explicativas directas con los entornos sociales de los centros y una mejor modulación de los mensajes que se emiten; especialmente los que se hacen a través de unos medios de comunicación que, en general y con las sabidas excepciones, muestran permeabilidad a las iniciativas, razones y argumentos del profesorado.

Hay un factor de enorme complejidad que requiere del espíritu unitario y la inteligencia colectiva del profesorado para solventar su impacto negativo sobre la continuidad del movimiento. Existen dos dinámicas organizativas contradictorias que hasta ahora no han obstaculizado demasiado el desarrollo de la movilización en defensa de la escuela pública, pero que de no tratarse abierta y claramente pueden en cualquier momento dar la puntilla al movimiento: por una parte, las asambleas de profesores de la mayoría de los centros que conforman las aspiraciones comunes del conjunto del profesorado y definen las iniciativas y propuestas movilizadoras que consiguen un mayor respaldo; por otra, cinco sindicatos con muy desigual grado de representatividad entre los trabajadores de la enseñanza que deciden conjuntamente sus propias iniciativas, contando más o menos con las asambleas, y tienen muy desigual predisposición a aceptar la autonomía y las decisiones de las asambleas.

Algunos sindicatos y algunos profesores entienden, en mi opinión de forma equivocada, esa doble dinámica organizativa como una expresión de la pugna que enfrenta a los defensores del papel central de los sindicatos en la orientación y solución de este conflicto y a los que cuestionan ese liderazgo sindical y muchas de las actuaciones concretas de los sindicatos. En una versión más moderada, tratan de explicar los roces entre asambleas y sindicatos como el resultado de una rivalidad entre dos legitimidades que pretenden definir independientemente los contenidos y el calendario de las movilizaciones y las formas que éstas adoptan.

A mi entender, las contradicciones existentes entre ambas dinámicas y estructuras organizativas no son en modo alguno intratables y han podido ser superadas hasta ahora de manera razonable, aunque no por ello se han ahorrado algunos agrios debates que muestran cierta incomprensión de la energía y la fuerza que aportan sindicatos y asambleas al movimiento y la falta de finura en el tratamiento de las diferencias y los distintos puntos de vista y percepciones existentes. A la postre, las fricciones que se producen entre asambleas y sindicatos no son muy distintas que las que se dan entre los sindicatos y en el propio seno de las asambleas.

El problema fundamental que puede presentarse a partir de ahora es que la intensidad de las contradicciones aumente y dificulte la unidad en la movilización. Impedir esa escalada exige un mayor esfuerzo para tratar de forma constructiva y democrática las diferencias y una mayor masa crítica del profesorado dispuesto a aportar cordura y flexibilidad al movimiento para que la defensa de la escuela pública no pierda en las próximas semanas presencia, representatividad e iniciativa.       

No es tarea fácil enfrentarse a las instancias de poder de la CAM, pero hasta ahora se ha podido mantener, reforzar y extender el conflicto en defensa de una escuela pública de calidad y por la dignidad del profesorado que trabaja en la escuela pública. Juntos se ha resistido. Juntos se puede ganar. 

Recortes e infamias contra la escuela pública
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