sábado 24/7/21
MAR MENOR

¿Por qué lo llaman simplificación cuando quieren decir desprotección?

 

El 4 de agosto de 2016, la entonces Consejera Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá,  dio a conocer  a los medios de comunicación el Servicio de Vigilancia Marítima Integral (Se pone en marcha el servicio de Vigilancia Marítima Integral para hacer seguimiento del Mar Menor) destinado a realizar el  seguimiento del Mar Menor, con un servicio de monitorización que tomará muestras para conocer diariamente la evolución de parámetros como la temperatura, salinidad, turbidez y oxígeno disuelto de la mayor laguna salada permanente de Europa. Asimismo, la Consejera informó que el Servicio “vigilará y controlará la pesca recreativa, la pesca profesional, la extracción de especies no permitidas como los moluscos o gusanos, la pesca furtiva, la presencia de embarcaciones fondeadas en zonas no autorizadas, la presencia de barcos hundidos y abandonados o sin matrícula, así como la presencia de vertidos procedentes de playas o embarcaciones. Las incidencias detectadas serán puestas en conocimiento de las administraciones públicas competentes, como Capitanía Marítima y Demarcación de Costas del Estado cuando no se trate de competencias autonómicas”.

El Servicio de Vigilancia Marítima Integral del Mar Menor fue asignado a las direcciones generales competentes en materia de pesca y medio natural, y desde la fecha de su presentación hasta la actualidad el trabajo encomendado se ha realizado sin interrupción, tal como se puede atestiguar en el Canal Mar Menor.

Este servicio se ha venido desempeñando de forma continua en la más absoluta precariedad, tanto en lo referente a los medios materiales como a personales, empleando embarcaciones con más de 15 años de antigüedad, sin adaptaciones que aliviaran el trabajo, y desempeñado con personal funcionario interino, algunos de ellos con contrato que no se ha renovado, sustentado en el espíritu de servicio y sentido de responsabilidad de estos equipos de trabajo.

De otra parte y desde ese año 2016 los investigadores Ángel Pérez Rufaza y Francisco Javier Gilabert Cervera han recibido una ingente ayuda a sus equipos científicos, de prácticamente dos millones de euros, en ocho decretos subvencionales (1), que les permite eludir los  farragosos procesos de concurrencia competitiva que son de obligado cumplimiento para el resto de investigadores de la Región de Murcia. Resulta extraño y muy alejado del principio de transparencia que se le exige a la Administración Regional, y a la preocupación de la sociedad murciana con el Mar Menor, que después de invertir tal cantidad de dinero público, solo alguno de estos estudios esté accesible a los investigadores y a la sociedad en general, y el resto esté guardado no se sabe dónde. A mayor abundamiento, estos trabajos se han financiado con recursos propios, sin el apoyo de fondos europeos, probablemente porque no hubiera podido justificarse convenientemente, porque dado que la previsible excepcionalidad de un decreto de concesión directa, ha dado lugar a la prestación de unos servicios recurrentes.

Con estos datos parece que se evidencia el porqué de la presencia de estos  investigadores en las portadas de los diarios regionales tras el desastre de la DANA arropando al presidente. O no. Todo depende de lo que creemos, de lo que queremos creer y de lo nos hacen creer.

Y en este marco conceptual, en el que los datos disponibles para el seguimiento del Mar Menor son recogidos en realidad por servicios esenciales de la CARM, en el que se dilapidan 2 millones de fondos propios, pudiéndose obtener hasta 10 veces más con inversión europea, y lo que falta, porque es previsible que se esté ultimando la ayuda a la UMU de este año, el Gobierno Regional propone la creación de un Observatorio del Mar Menor, dependiente del IMIDA (Luz verde a la ley de simplificación administrativa del medio ambiente), cuyas labores se desarrollarían por las universidades y centros de investigación. Todo lo anterior, bajo la sombra de la creación del ARCA ya anunciada por los medios regionales, con más interinos cesados, con un presupuesto que no va estar operativo hasta finales de julio, y que no podrá gestionarse hasta después de la feria de septiembre, y con una dirección del IMIDA especializada en la empresa privada y con una experiencia profesional muy alejada de la investigación.

Por todo ello, el seguimiento ambiental del Mar Menor para este año corre serio peligro.

Visto lo visto y con estos mimbres, el juguete que se quiere crear mediante un nuevo decreto ley parece que va a salir muy caro y va a dar resultados inciertos. Sinceramente, deseamos equivocarnos.

(1)- Decretos regionales nº 121/2016, 122/2016, 253/2017, 274/2018, 14/2020, 78/2020, 112/2020 y 88/2021

¿Por qué lo llaman simplificación cuando quieren decir desprotección?