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viernes. 03.02.2023
poder_judicial

Resulta bien paradójico que en estos momentos, en los que la ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual está volviendo catatónica perdida a la clase política y, ya no digamos, a la sociedad, se pida con urgencia la intervención de este poder judicial para poner orden en este caos mediático y todo vuelva a la senda de la cordura.

La prisa con que se ha urgido al poder judicial para que saque al país del marasmo sumido tras la aprobación y aplicación de esta ley contrasta con la nula intervención e indiferencia que ese mismo poder judicial ha mostrado con respecto a la Ley de Memoria Democrática.

Nos preguntamos por qué el Ministerio Fiscal, tras la aprobación de la citada ley, no se ha querellado contra el alcalde de Madrid por su implícita apología de un impresentable franquista como Millán Astray. Sería bueno saber por qué el Gobierno ni siquiera ha presentado una denuncia personándose en el caso como acusador.

Y produce estupor que, ante las manifestaciones a favor del franquismo protagonizadas por los secuaces del mismo en Madrid el 20, el gobierno no haya movido siquiera un pelotón antidisturbios para disolver unos gritos que, no solo reivindicaban el regreso de la momia, sino que, mucho peor, constituían un insulto a las víctimas del franquismo.

Claro que Almeida habrá pensado que si el alcalde socialista de Elx se niega a quitar 123 nombres de calles de “caídos” franquistas porque “no son una exaltación de la dictadura”, ¿por qué él no puede hacer lo mismo con Millán Astray? Según el alcalde, ello “supondría un gravísimo problema social, económico y postal, con un impacto inasumible, al tratarse de un área que concentra casi 80.000 habitantes, 26.000 viviendas y 8.000 locales comerciales”.

¿Y qué decir del Tribunal Superior de Justicia valenciano al autorizar una marcha falangista en homenaje a Primo de Rivera? Dicho tribunal considera que la prohibición de la Subdelegación del Gobierno “no está suficientemente motivada y que debe prevalecer el derecho fundamental a la reunión y la manifestación”. Increíble resolución, pues bien sabe dicho juez que llueve sobre mojado. Hace un año, exactamente el 20 N de 2021, tras una manifestación falangista, la placa de homenajes a las víctimas franquistas fue destrozada en el cementerio de Alicante. Ni siquiera merece la pena hacer conjeturas acerca de su autoría.

Ante esta situación, ¿qué podemos esperar del poder ejecutivo y legislativo que de forma tan escandalosa se inhibe en la defensa de unas víctimas que, al menos por parte del Gobierno, ha hecho suyas? Leímos con satisfacción cómo en el preámbulo de la ley de Memoria Democrática y a lo largo de su articulado se hablaba con respeto de las víctimas -eso sí, jamás se citaba a los verdugos-, entendiendo que ese era el camino: primero las víctima, segundo las víctimas y tercero las víctimas. Pero a los pocos días de aprobarse la ley, el mismo gobierno que la ha aupado permite que se realicen actos públicos que humillan la memoria de esas víctimas que dice defender con argumentos deleznables.

Bien sabemos que la Ley de Memoria Democrática llega con casi cincuenta años de retraso, pero suponemos que esta demora no será motivo recurrente para cruzarse de brazos antes las continuas agresiones de las derechas contra el contenido que dicha ley defiende.

Todavía estamos esperando la intervención de la justicia para aplicar esa misma ley al Monumento a los Caídos, donde se siguen celebrando misas exaltando las figuras del golpismo franquista. ¿No ha llegado el momento de cortar de cuajo estas misas?

Se quiera o no se quiera reconocer, más bien no, el Ministerio Fiscal y todo lo que nominalmente abarque esta denominación, incluido el poder judicial, en ningún momento ha intervenido para poner en jaque a estas derechas empoderadas que no han renunciado en ningún momento a honrar y exaltar el franquismo.

En cuanto a las resoluciones de los jueces en materia sexual tampoco nos podemos engañar. En modo alguno pensamos que, después de la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía Sexual, los jueces modificarán un ápice el fondo de su pensamiento, sea el que sea. Seguirán teniendo el mismo que mantenían antes de la aprobación de la ley. Y seguro que dicho pensamiento seguirá moldeando de una manera u otra sus resoluciones. Pero no solo de los jueces. La Administración Pública de Galicia, es decir, la Xunta, regida por el acólito de Feijóo, en una campaña institucional “culpa a las víctimas de sufrir la violencia sexual por su forma de vestir”.

No le demos más vuelta. Seguiremos igual. ¿Cómo? Pues viendo hechos en los que un juez de la Audiencia Provincial de Valencia considere como atenuante en la violación de una mujer “el hecho de que la víctima hubiera ido cuando niña a clases de teatro en la escuela”. O al juez de Granada que “absolvió de insultar y agredir a su esposa por la excesiva parquedad, escasa pasión y grado de convicción”, que había hecho patente a la hora de denunciar su caso. El juez lo absolvió. A los días, la mujer fue asesinada a golpes de azada.

¿Quién cree que estos casos no volverán a repetirse con la Ley Orgánica de Garantía Sexual aprobada por el Parlamento? Lo harán. Esa es la realidad a la que la historia tanto del pasado como la más reciente nos ha acostumbrado. La ley de la pena de muerte en EEUU y en otros países, no ha impedido que cada año se cometan cientos de homicidios.

En cuanto al hecho en sí de las agresiones sexuales, ¿de quién será su responsabilidad? Ni de la ley, ni del juez. Este será responsable de sus resoluciones, pero no de que los violadores lo sean. Desgraciadamente, para evitar que estos sigan cometiendo sus delitos no parece que se haya descubierto una solución. Desde luego, la Ley Orgánica de Garantía Sexual no lo es. Y con o sin ella, modificada o no, seguirá habiendo violencia sexual como hasta hoy. Si se piensa que la solución está en el aumento de las penas o en que los jueces que son machistas dejen de serlo, vamos de cráneo. Solo una política de prevención integral e interdisciplinar puede aminorar esta penosa situación para las víctimas.

ATENEO Basilio Lacort, Jesús Arbizu, José Ignacio Lacasta-Zabalza, Carolina Martínez, Víctor Moreno, José Ramón Urtasun, Clemente Bernad, Orreaga Oskotz, Carlos Martínez, Txema Aranaz,

¿Qué harán ahora los jueces?