Por Diego Cruz | Concejal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid | La sentencia del Tribunal Supremo ha confirmado lo que otros tribunales ya habían apuntado y que los socialistas llevamos mucho tiempo señalando: que el Ayuntamiento de Madrid carecía de la necesaria cobertura legal para desarrollar como lo hizo algunos aspectos de la Ordenanza de Licencias Urbanísticas porque contravenía preceptos constitucionales y generaba indefensión al usuario.
A raíz del caso Guateque, el entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, tuvo la ocurrencia de crear una ordenanza para dar marco jurídico a su decisión de externalizar el servicio de concesión de licencias.
Esta decisión favoreció que la justicia le sacara los colores a la administración municipal, aunque lo más sonrojante de este proceso, en mi opinión, fue la desconfianza de los dirigentes del Partido Popular hacia los medios humanos y materiales del Ayuntamiento de Madrid. Servidores de lo público que no creen en lo público. Así entiende el PP la gestión del Ayuntamiento de la capital.
La sentencia del Supremo deriva en otra cuestión primordial: ¿quién va a responsabilizarse del desatino político-jurídico cometido en 2009? Los socialistas y los actores sociales y económicos de la ciudad advertimos sin éxito al gobierno popular del error que suponía seguir adelante con la externalización de un servicio que la administración municipal tiene el deber de ofrecer a la ciudadanía.
Ahora, que la Junta de Gobierno ha aprobado inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas, sería conveniente que el Gobierno municipal demostrara a la ciudadanía que ha aprendido la lección. ¿Cómo? Aplicando las medidas adecuadas para corregir el sistema cuestionado por el Supremo, a la vez que unifica los principios de eficacia, eficiencia y seguridad jurídica en un aspecto tan determinante de la vida de la ciudad como es la actividad económica y el ejercicio de los derechos y deberes establecidos en la normativa vigente en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma.
La esperanza es lo último que debería perderse aunque los movimientos realizados por los populares desde que se conoció la sentencia hacen que se tambalee nuestra confianza. En el pleno de diciembre, los socialistas preguntamos al PP por la nueva ordenanza de apertura de actividades y una vez más la respuesta fue la evasiva.
No quisieron decirnos por qué “casualmente” suele ser en vacaciones o festivos cuando el texto se somete a información pública. Tampoco el PP quiso explicar la falta de interlocución previa con la oposición y con los propios actores sociales y económicos destinatarios de la Ordenanza. No podemos tener esperanza en una rectificación porque ni siquiera tenemos respuestas. Y no tenemos respuestas porque no hay intención de rectificar.
Así la situación, los socialistas en el Ayuntamiento de Madrid ya hemos anunciado que llevaremos a los tribunales la nueva ordenanza si el Partido Popular no es capaz de garantizar que lo público prima sobre lo privado. La agilidad de los trámites es importante pero junto a ella, inexorablemente, ha de ir la seguridad jurídica para que el trámite de licencias funcione bien.
En el rugby, donde la técnica de la patada a seguir es un recurso de amplio espectro, se requiere de una delantera compacta, ágil y eficaz que permita obtener ventaja de su uso, pero cuando miro al Gobierno municipal que rige en la actualidad los destinos de nuestra ciudad, aunque me esfuerzo en ello, no logro imaginar bajo ningún concepto que nos encontremos frente a los All Blacks.
