El Área Federal de Educación de IU, ya en octubre de 2015, acordó apoyar decididamente el ‘Acuerdo Social y Político para una nueva Ley de Educación’ en el que IU participa e impulsa desde su comienzo y que comparte nuestras líneas educativas fundamentales. Hemos trabajado durante dos años con la comunidad educativa, los sindicatos, las plataformas en defensa de la escuela pública, las mareas verdes, los colectivos de estudiantes, los movimientos de renovación pedagógica, los expertos y expertas en educación y otros partidos políticos en el proyecto común de una Ley Educativa de tod@s y para tod@s. Un acuerdo desde la base y con el protagonismo real durante todo el proceso de la comunidad educativa.
Entendemos que este documento consensuado con la comunidad educativa (CC.OO., STES, IU, PSOE, Podemos Madrid, MRPs, FAMPA, Mareas por la Educación Pública, Sindicato de Estudiantes, La Educación que queremos, etc.) recoge las líneas esenciales que compartimos y que deben ser los pilares fundamentales de la nueva Ley Educativa que de estabilidad y perdurabilidad al sistema educativo en el Estado:
- La universalidad del derecho a la educación mediante una oferta suficiente de escolarización pública y gratuita de 0 a 18 años que garantice el éxito escolar de todo el alumnado. Con una apuesta firme por la etapa 0-6 y la Formación Profesional.
- La reafirmación de los principios orientadores del sistema educativo: igualdad, diversidad, inclusión, participación, laicidad, coeducación, sostenibilidad, autonomía, cooperación y otros valores democráticos.
- La defensa de un sistema regido por el principio de inclusión en la organización del centro educativo y en el currículo, donde cada alumno y alumna tenga el apoyo necesario y en el momento en que lo necesite.
- La Laicidad del sistema educativo, lo que significa sacar la religión en sus formas confesionales, del currículo y del ámbito escolar.
- La creación de una red única de centros de titularidad y gestión pública que progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre a los centros privados-concertados.
- Un currículo inclusivo que reconozca la diversidad individual, cultural y sexual, la igualdad entre los sexos y la crisis ecológica.
- Disponer de un profesorado comprometido y reconocido que actúen como verdaderos educadores/as y no sólo como enseñantes, formados en contenidos que sobrepasan los conocimientos específicos de las asignaturas y potenciando la cultura de la investigación e innovación educativa.
- La formación permanente como derecho y obligación del profesorado en constante actualización.
- Garantizar la estabilidad de las plantillas docentes, su autonomía y la igualdad de condiciones.
- Una dirección representativa, colegiada, voluntaria y renovable, con una limitación en el tiempo en el desempeño del cargo.
- Aprobar una nueva ley de participación educativa que garantice la implicación real de la comunidad, abierta a las organizaciones sociales de los barrios, a colectivos educativos y sociales y asociaciones de padres y madres y estudiantes, así como a la colaboración entre políticas sociales y educativas que favorezcan la equidad y la cohesión social.
- Reclamar una política presupuestaria para educación que nos devuelva de inmediato, al menos, a la situación previa a la crisis y que se haga explícito el compromiso para estabilizar un aumento progresivo del gasto en educación hasta el 7% del PIB. Crear un fondo de compensación educativa para paliar desigualdades entre territorios.
- Utilizar la evaluación como instrumento necesario para mejorar los procesos educativos. No realizar pruebas externas que produzcan la homogeneización del aprendizaje y su utilización en la confección de ránquines, que jerarquicen los centros y den pie a la segregación del alumnado.
El encuentro que se realizó el jueves 28 de abril entre la comunidad educativa participante en la elaboración de este “Documento de Bases para una nueva Ley de Educación” con los partidos políticos en el Congreso de los Diputados finalizó con el firme compromiso manifestado por los grupos políticos de “incorporar en los respectivos programas las referidas bases, así como, considerarlas un acuerdo inicial que se situaría fuera de la disputa partidaria de la próxima campaña electoral, adoptando las bases establecidas en este documento como marco básico para la elaboración de la nueva ley de Educación en la próxima legislatura.”
