domingo 28/11/21
PGE

El día 30 de diciembre, mediante la ley 11/2020, en el BOE al día siguiente, se publicaba el texto económico más importante del año. Los medios de comunicación de derechas han estado más ocupados en otras tares, siendo la principal de ellas la de atacar al Gobierno de coalición y a sus miembros; han estado luchando por evitar las elecciones en Cataluña, en utilizar el covid para lo mismo, aunque con argumentos contradictorios y con dificultades porque, en su día, el PP apoyaron el no confinamiento y hasta hace muy poco les parecía poco la acción gubernamental porque se dejaba en gran medida en manos de las comunidades autónomas. Es curioso que estos medios –principalmente el ABC, El Mundo y la Razón, medios escritos de ámbito nacional–, que ahora hacen esa crítica, el año pasado, cuando se tomaron las primeras medidas, acusaban al Gobierno de querer arrogarse en solitario la lucha contra la pandemia y obviar a los gobiernos autonómicos.

Ocupados estos medios en menesteres meramente ideológicos en lugar de periodísticos –contar lo que pasa sin adjetivos, sin juicios de valor– han descuidado la crítica a los presupuestos.

Solo los medios económicos como Expansión o Cinco Días se han ocupado más, aunque siempre desde posiciones contradictorias: por un lado son neoliberales y deberían, por ello, defender la no intervención del Estado en la economía privada pero, por otro, lo que han hecho es criticar por insuficiente la intervención, es decir, las ayudas dadas a las empresas y a los autónomos por parte de la Administración General del Estado (poco se han dedicado a criticar a los gobiernos autónomos).

En fin, los ideólogos neoliberales están presos de una contradicción insalvable entre sus ideas y la necesidad de escribir lo contrario porque, en esta coyuntura, los medios que les pagan así se lo exigen. Y si le añadimos el brexit y sus posibles consecuencias, y la aprobación de las ayudas a fondo perdido desde la UE mediante el Next Generation UE (72.000 millones de euros para España), el tema de los Presupuestos ha pasado como esos microsueños que tan peligrosos son cuando vas al volante.

Pero estos presupuestos son muy importantes, y lo son, no porque por fin haya prepuestos no prolongados desde los últimos del anterior ministro de Hacienda, el Sr. Montoro, el de las amnistías fiscales disfrazadas mediante jergas inventadas para el disimulo. Lo son porque –lo diré directamente– hemos pasado de unos presupuestos 379.613 millones del 2020 a 456.073 millones de euros para este año, lo que supone un aumento de 76.460 millones.

Hasta hace muy poco y según datos de eurostat, España era un país presupuestariamente casi tercermundista con un 35,4% de participación de lo público en el conjunto de la economía, cuando en Italia y Alemania esa participación estaba entre el 41% y 42%, y Francia sobrepasa el 48%.

Ahora se juntan dos cosas para evaluar la nueva situación: este aumento señalado más la caída de nuestro PIB en unos 100.000 millones de euros desde el 2019, siendo nuestro PIB del 2020 de 1.120.000 millones de euros. Si hacemos una simple división entre los presupuestos aprobados y este nuevo PIB –aunque el efecto rebote de los dos próximos años lo elevaran de nuevo– España ha pasado de ese ridículo 35,4% de lo publico en la economía (medido por el PIB) a un notable 40,7%. Es una buenísima noticia porque, por fin, desde lo público se va a poder ayudar a la economía, a los ciudadanos y a las propias empresas –mediante el aumento de la demanda y algunas ayudas directas– a salir de las recesiones y a menguar la caída cuando se entren en ellas.

El sector público es el mejor estabilizador de la economía porque puede ir contra corriente, puede, mediante préstamos internacionales, ayudas esporádicas y, sobre todo, mediante la emisión de deuda pública, hacer política económica contracíclica. Y la razón de ello es que con participación exigua de lo público apenas hay gasto marginal para estas políticas dado que la mayor parte del presupuesto está siempre comprometido –en todo los países– y los gobiernos no pueden cambiarlo a corto plazo, incluso a medio.

Se puede analizar también partida por partida, pero quizá lo más significativo es el aumento del gasto social comprometido que es de unos 240.000 millones, aunque la parte negativa son las transferencias a la Comunidades autónomas, algunas de las cuales están en manos del PP y sus socios de derecha y de extrema derecha, que van a hacer lo posible por boicotear las aplicaciones presupuestarias con mayor destino social dedicándolo –como por ejemplo hace en Madrid la “independentista” Sra. Ayuso– a la sanidad privada o a la enseñanza concertada o, directamente, a la privada, frenando la ayuda a la dependencia. Y los empresarios no se pueden quejar porque desde los 13.101 millones en ayudas de diverso tipo en el 2020 se ha ido a 19.571 millones, aunque sea verdad que la mayor parte del incremento viene de la mano de esa Next Generation aludida.

Pero, por ahora, solo nos hemos situado a nivel de Italia y Alemania en el gasto pero no en el de los ingresos tributarios, porque el gap, la diferencia entre ambos es de 79.000 millones, y ello a pesar de las ayudas consignadas para el 2021 desde Bruselas antes señaladas. No queda más remedio que iniciar una reforma tributaria robusta que permitan a los ingresos del Estado ir, pari passu, con los gastos, porque no se puede vivir todos los años de los sucesivos incrementos de la deuda pública. Ya estamos en el 117% de deuda/PIB y no parece razonable aumentarlo.

Por otro lado tenemos un gran déficit en la Seguridad Social, agravado porque los anteriores gobiernos del PP acabaron con el fondo de reserva de la misma, la llamada vulgarmente hucha de las pensiones. Ahora las pagas extraordinarias de las pensiones se pagan incrementando la deuda pública, razón por la cual, más pronto que tarde, incluso parte de las pensiones contributivas se deberán pagar con impuestos. Es verdad que todo lo que suceda tanto desde el lado del gasto como de los ingresos en este año y lo sucedido en el 2020 no es significativo sobre el futuro devenir de nuestras cuentas públicas y, en general, de la economía, pero las cuestiones estratégicas no las tapa el chaparrón económico de la pandemia.

Tenemos un sistema tributario insuficiente en la recaudación, injusto en el reparto tanto en la renta individual como entre territorios. Básicamente tenemos tres problemas: el fuerte fraude fiscal que, aunque difícil de evaluar, puede sobrepasar el 20%, la tramoya de impuestos propios, compartidos y cedidos a las autonomías, que hacen muy desigual e injusta el reparto de la carga tributaria entre Comunidades y la panoplia de exenciones, bonificaciones y deducciones. El caso del reparto territorial, lo más sangrante para el resto de las comunidades es Madrid, con sus bonificaciones del 99% en el impuesto de Sucesiones y Donaciones y del 100% en el del Patrimonio. Pero también el desangre para las cuentas públicas del impuesto sobre los beneficios empresariales, sin un tope mínimo suficiente, que hacen que las grandes empresas multinacionales tributen ridículamente y que permite que las empresas manipulen su contabilidad para solo aflorar beneficios cuando más les interese tributariamente si es que lo afloran. Tampoco se puede olvidar las dificultades de evaluar los ingresos y gastos de los autónomos para que tributen con justicia, evitando los fraudes.

La introducción de los nuevos impuestos como las conocidas como “tasas Tobin” o “la tasa Google” son bienvenidas pero son, por sus menguados tipos y menguados sujetos pasivos, el chocolate del loro. Y la tercera bolsa de elusión fiscal aludida está en el propio sistema tributario con sus exenciones, deducciones y bonificaciones en el conjunto de los impuestos y que, en su mayoría, no cumplen ninguno de los fines atribuidos: ni aumentan las inversiones, ni aumentan o mejoran el empleo, no asignan los recursos eficientemente, no modernizan las empresas, y solo sirven para reducir los ingresos fiscales de las Administraciones. La propia Administración General reconoce que dejará de ingresar 39.000 millones este año por estos beneficios fiscales: deben eliminarse la mayoría de ellos.

Y no va a haber marcha atrás en el gasto en el futuro, incluso aunque gobernara la derecha, porque las necesidades son inmensas: la Seguridad Social está en quiebra técnica, la dependencia bajo mínimos, el IMV incipiente y mal ejecutado, estamos en el tope de la deuda pública razonable, la necesidad de incrementos en el seguro de desempleo aunque sea coyunturalmente, la cosificación de los ERTES –no queda otro remedio–, la sanidad y educación públicas deterioradas por falta de presupuestos y por políticas deliberadas allí donde gobierna el PP para potenciar lo privado, la cultura y la ciencia también bajo mínimos, etc.

En definitiva, el tirón de la modernidad lo hemos dado desde el lado del gasto: ahora falta que los españoles entiendan electoralmente que falta hacerlo desde el lado de los tributos: ¿serán capaces de entenderlo a pesar de la pulsión egoísta que late en cada ciudadano? En todo caso hay que hacerlo y la mentalización vendrá a posteriori si es que viene. Veremos, como diría el maestro de periodistas Miguel Ángel Aguilar.

Presupuestos 2021: El rubicón de la economía española