Por primera vez, el Ministerio de Igualdad dispone de más de 525 millones de euros para las políticas de Igualdad y diversidad. De esta partida total, más de la mitad (el 54 por ciento) estará destinada a la lucha contra la violencia machista (284 millones), lo que supone un incremento superior al 19 por ciento con respecto a los presupuestos del año pasado. Para hablar de estos presupuestos han comparecido en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados la secretaria de Estado para la Igualdad y la violencia de género, Ángela Rodríguez; el subsecretario de Igualdad, Ignacio Sola Barleycom; y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.
La intervención de Ángela Rodríguez se ha centrado en informar acerca de la distribución de las partidas destinadas al Ministerio de Igualdad, esto es, de la sección 30 de los PGE. Unas partidas que se han visto incrementadas en un 14,4 por ciento respecto al año anterior, lo cual es, según la secretaria, un motivo de “satisfacción” porque a veces, las políticas de igualdad se interpretan como algo no necesario a la hora de planificar la economía de los Estados, a pesar de que existen datos demoledores que indican lo contrario. En ese sentido, ha mencionado el Informe del Instituto Europeo para la Igualdad de Género, que señala que España gasta 30.000 millones de euros en proteger a las víctimas de violencia machista. Solo esto justifica la inversión en prevención y el incremento fundamental del presupuesto destinado a la prevención y lucha contra las violencias machistas.
El Plan Corresponsables se lleva 190 millones de euros, a lo que se suman otros 10 millones destinados a medidas que fomentan la corresponsabilidad y la conciliación. "Las mujeres concentran el 76% del empleo parcial" ha denunciado Rodríguez, quien ha apuntado que, cuanto mayor es la carga de hijos, hijas o personas mayores de una mujer, más aumenta la parcialidad. Según ha señalado, esta situación aparta a muchas mujeres del mercado laboral e, incluso, algunas "no llega nunca a formar parte" del mismo.
La lucha contra la violencia de género será el destino de más de la mitad del presupuesto de Igualdad, como ha explicado en el Congreso Victoria Rosell, la tercera en intervenir. El presupuesto de esta delegación para los ejercicios 2021 y 2022 aumentará un 15% con respecto al ejercicio inmediatamente anterior, 67 millones de euros.
Ampliar el servicio del 016, construir Centros de Crisis en todas las provincias, incentivar la formación especializada a profesionales, realizar estudios sobre violencias machistas, promover campañas de sensibilización o aumentar los recursos para las Unidades de Coordinación y de Violencia contra la Violencia sobre la Mujer, Comunidades Autónomas y entidades locales, son algunas de las cuestiones que concentrarán la inversión, con el objeto de cumplir el compromiso con lo establecido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el Convenio de Estambul y el Convenio de Varsovia de lucha contra la trata.
Recordemos que Igualdad está llevando a cabo acciones para blindar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para lo que prevé modificar la ley contra la violencia de género de 2004 y garantizar la permanencia del compromiso, tanto a nivel de medidas, como de continuidad de los fondos.
Co-gobernanza y proximidad
En las partidas anuales, se ha previsto un incremento del presupuesto que recibirán las Comunidades Autónomas y los entes locales, principales ejecutores del pacto de Estado contra la Violencia de Género. Se transfieren 117 millones a las autonomías para desarrollar "nuevas y ampliadas competencias" de dicho pacto y duplica la dotación a ayuntamientos y entes locales que percibirán 40 millones de euros por este concepto, en lugar de los 20 millones que se presupuestaron el año pasado.
“La mayor parte de los presupuestos de Igualdad (un 74%) son transferencias, es decir, se destinarán a las CCAA y entidades locales”, explicó Rodríguez en su intervención. “Es en esta co-gobernanza donde reside la posibilidad de que estas políticas lleguen a las mujeres del modo adecuado”, de manera especial en el mundo rural.
La secretaria de Estado de Igualdad también se ha referido al aumento del 1% a las políticas de Igualdad de Trato y no discriminación, que contarán en 2022 con 4 millones de euros; o la subida de la partida del Instituto de las Mujeres que pasa de unos 20 millones a más de 23.
El Ministerio de Igualdad gestionará parte de los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia provenientes de la Unión Europea. En total dispondrá de 76 millones de esta partida para 2022, que estarán destinados principalmente a mejora, digitalización y ampliación del servicio integral de atención telefónica y telemática a víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres; modernizar y ampliar los dispositivos de atención y protección; creación de Centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual en todas las provincias y las Comunidades Autónomas, que provean atención presencial, telefónica y telemática y a desarrollo de una plataforma online que centralice la información en materia de Cuidados disponible en la Administración General del Estado (AGE), y en las Comunidades Autónomas.
Los diferentes grupos parlamentarios han preguntado o expuesto sus opiniones acerca de las medidas políticas que se estaba informando: cómo se va a llevar a cabo la implementación de los centros de crisis, de qué manera el 016 va a responder a las distintas formas de violencias machistas, en qué momento verá la luz la ley integral contra la trata o en qué consisten las medidas que apuntan a fomentar la corresponsabilidad.
La representante de Vox, Rocío de Meer, sin embargo, ha basado sus intervenciones en negar la violencia contra las mujeres, en cuestionar la necesidad de contar con un Ministerio de Igualdad y por tanto, con el conjunto de presupuestos que hoy se discutían, en vincular el machismo con ciertas culturas y en introducir cuestiones ajenas al objeto de la comparecencia. Un estilo que ha sido seguido en varias ocasiones por las representantes del Partido Popular, María Auxiliadora Pérez y Edurne Uriarte, quien ha dicho que a la secretaria de Estado se la conoce más por declaraciones "estrepitosas" que por su "valía" y que tras estas cuentas "no hay ministra ni equipo competente" para gestionarlas. La diputada los ha definido como "calamidad ".
Fuente e imágenes AmecoPress
